Jorge Enrique Robledo Castillo*
Bogotá, 27 de octubre de 2002
Durante más de seis meses, antes y después de su nombramiento como ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano Sanz insistió en todas partes en unas ideas que nadie, que se preocupe por el interés nacional, puede discutir: que los subsidios de los países desarrollados a su agro son descomunales, del orden de 370 mil millones de dólares al año, lo que hace que los productores de Colombia no puedan competir en la guerra de precios en el mercado mundial; que como no puede respondérseles con subsidios de los mismos calibres, la única alternativa es la “protección en frontera”, lo que equivale a elevar los aranceles a los bienes importados hasta el nivel que sea necesario; y que el ALCA representa una amenaza de inmensas proporciones en razón de que ese es un acuerdo que apunta a abrir todavía más –aquí decimos que absolutamente– los mercados internos de centro y sur América principalmente a los productos de Estados Unidos, potencia que exporta más de 70 mil millones de dólares de productos del agro anuales y que tiene capacidad para aumentar esa cifra varias veces.
En consecuencia con lo anterior, Cano Sanz propuso que los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) iniciaran las negociaciones del ALCA unidos y, además, registrando los aranceles más altos que les permitieran las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así aspiraba a ganarse un tiempo más de protección al agro, lapso en el cual, parecía ser su esperanza –equivocada a nuestro juicio–, Estados Unidos reduciría o eliminaría sus subsidios. Y en la reunión de ministros de agricultura, hacienda, relaciones exteriores y comercio de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, realizada en Lima el pasado 15 de octubre, la CAN asumió como oficial dicha posición.
Pero antes de la reunión de Lima ya habían empezado las presiones en contra de llegar a las negociaciones del ALCA con los mejores registros arancelarios. Rudolf Hommes, el principal asesor económico del presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, escribió un artículo que ya hace parte de la antología neoliberal en el que señaló que Colombia debe importar toda la comida que sea más barata en el exterior, porque, dijo, así nos ganábamos los subsidios gringos. Por su parte, Luis Carlos Villegas, vocero de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), le envió una carta a Uribe Vélez en la que le señaló que subir los aranceles molestaría a los gringos, lo que “podría poner en serio peligro el roll over para el crédito externo de nuestro país”, porque “no podría interpretarse como un gesto de amistosa reciprocidad hacia los Estados Unidos que el país responda a la reciente aprobación del ATPA con un incremento en los aranceles para las materias primas exportadas en su inmensa mayoría por este país”. Y que detrás de todo estaban los gringos se dijo en varios comentarios en la prensa de Colombia y quedó comprobado cuando en La República del 23 de octubre pasado se publicó una entrevista con J.B Penn, Vicesecretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en la que éste “advirtió que el gobierno de su país no está dispuesto a aceptar que los países notifiquen aranceles mayores a los que están vigentes”.
Como era de esperarse, ese mismo día, en reunión a la que ni siquiera fue invitada la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) pero sí la Andi, el presidente Uribe Vélez decidió modificar la posición que Colombia había auspiciado en la reunión de Lima, a lo que le sumó que el gobierno pasará por la vergüenza de ponerse a convencer a los demás países de la CAN de que eran equivocadas las tesis con que los había convencido apenas ocho días atrás.
Y en su entrevista mister Penn también dejó claro qué es lo que los gringos van a imponer en el ALCA sobre el agro. Según éste, después de aprobado el acuerdo en el 2005, entre ese año y el 2011 los aranceles bajarán al 15 por ciento “y luego se negocia ir a cero arancel, lo cual puede tomar, uno, dos o tres años”. Confirmó así, entonces, que están condenados a desaparecer de Colombia entre otros, los siguientes productos cuyos niveles arancelarios aparecen entre paréntesis: carne de cerdo (38%), pollo (121%), leche (61%), maíz (37%), arroz blanco (39%), aceite de palma (44%) y azúcar (51%).
Ya no hay duda de que el Atpa terminó convertido en un instrumento mediante el cual los gringos otorgan tres años de rebajas arancelarias que podrían –es apenas una posibilidad– mejorar las exportaciones de Colombia, a cambio de que el país ceda en asuntos que con certeza lo golpean, y para siempre. Además del caso del ALCA, ahí está a la vista el sacrificio de la producción de drogas genéricas.
