Doctor
NICOLAS RESTREPO ESCOBAR
Director La Patria
Manizales
Señor Director:
En carta publicada en su columna de La Patria el 11 de abril de 2003, Jorge Enrique Pava Quiceno me sindica de oponerme al neoliberalismo y a las imposiciones norteamericanas, lo que me lleva también a oponerme a las privatizaciones de las empresas estatales, cuando, según él, la cosa es tan simple como entender que esas empresas son manejadas por “ladrones sin escrúpulos” que deben ser “salvadas por el sector privado”.
En respuesta a los conocidos perjuicios con que el Doctor Pava Quiceno suele despachar sus artículos, le solicito, Señor Director, publicar los siguientes párrafos del conocido analista Javier Fernández Riva, publicados en Dinero del 21 de marzo pasado, a propósito de la exigencia del Fondo Monetario Internacional –dice él– de vender a menosprecio la banca estatal, que hoy da excelentes utilidades, porque creo que así contribuimos a ampliar la capacidad de análisis de los lectores, y para llamarle la atención al quejoso de que el asunto de las privatizaciones es bastante más complejo que lo que él supone.
Dice Fernández Riva: “Una de las cosas más intrigantes que se observan cuando se estudia con ojos desprevenidos el desarrollo colombiano es la cantidad de riqueza que, durante décadas, lograron acumular muchas empresas públicas, en sectores como la minería, el petróleo, la energía eléctrica y las comunicaciones. La riqueza que esas empresas acumularon, y que luego se ferió para financiar gastos de funcionamiento del gobierno, no se financió con impuestos, puesto que en la época en que las empresas públicas estaban en auge la tasa de tributación era mucho menor que la actual. Tampoco se financió con deuda, y mucho menos con deuda externa, que fue una moda de los 90, precisamente cuando ya estábamos de salida de casi todas las empresas públicas. Ni siquiera se recurrió a la explotación monopolística del mercado local, pues las tarifas de esas empresas estuvieron casi todo el tiempo controladas. Y, desde luego, todo ese proceso de creación de riqueza pública no tuvo como contrapartida el marchitamiento de la inversión privada y el sacrifico del crecimiento. Por el contrario, el auge de las empresas públicas coincidió con tasas de crecimiento económico y de acumulación privada que ya quisiéramos para unas fiestas”.
Y agrega el analista: “Hace años decidí examinar la economía local de las telecomunicaciones, porque percibía que muchas de las afirmaciones de la sabiduría convencional eran ligeras y sospechaba que el supuesto “valor casi nulo” y la falta de futuro que se la atribuía a empresas como la telefónica de Bogotá, ETB, reflejaban un montaje para desvalorizarlas y poder comprarlas baratas. Lo que encontré fue intrigante y me volvió muy desconfiado de las ventas de empresas públicas bajo presión. La mayoría de las telefónicas y, ciertamente, la ETB hacían bonitas utilidades antes y después de depreciación. Además, tenían una amplísima cobertura de servicios en niveles de ingreso medio y bajo, de manera que sus utilidades no se explicaban por un apolítica de descreme de un mercado de alto ingreso: en las mayores ciudades colombianas hasta el gato tenia acceso al servicio telefónico. Pero lo más intrigante es que esas empresas cobraban tarifas que eran un escándalo internacional por lo bajas. Nada de eso era obstáculo para que cada cierto tiempo saliera algún “experto” a decir, me imagino que algunas veces en forma desinteresada, que las empresas colombianas de telefonía fija no tenían futuro y que debían venderse por lo que fuera”.
Atentamente,
Jorge Enrique Robledo Castillo
Senador de la República
Manizales, 23 de abril de 2003.
