Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 20 de noviembre de 2015.
La comprensión de lo que ocurre en la Colombia del azúcar y la panela exige separar en el análisis, aunque estén relacionados, dos hechos: la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las causas de las protestas del sector, que empezaron antes de la decisión de la SIC. Es obvio que la Súper tiene el deber y el derecho de actuar, al igual que los ingenios de apelar hasta que lleguen las decisiones finales. Pero hay un debate de interés nacional sobre el monto de la multa –324 mil millones de pesos–, dado que amenaza la estabilidad y el empleo del sector. Mauricio Cabrera arguye que aun si fuera cierto que se impidieron o se intentaron impedir unas importaciones, al monto de la multa le falla su sustento jurídico (https://t.co/DIgqPCn1Pa). Es muy preocupante, además, la orden de la SIC al gobierno de revisar el FEPA, el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar nacional, pieza clave en la defensa de este producto, que, como se sabe, sufre por la peores distorsiones –subsidios, aranceles, cuotas, etc.– del mercado agrícola mundial.
A las movilizaciones en Santander de Quilichao y Cali, reitero, anteriores al fallo de la SIC, se le agregó otra posterior, esta vez en Palmira, por parte de los corteros de caña afiliados a la CUT, la CGT y la CTC. Y se vienen más protestas porque los hechos les indican a los trabajadores del azúcar, a los propietarios de los ingenios, a los cañeros independientes y a los paneleros –sí a los paneleros, porque son los que más sufren en las crisis del azúcar–, que el gobierno de Santos va por ellos.
La campaña de descrédito contra los instrumentos de protección del azúcar – incluso desde antes del fallo de la SIC, que tanto han aprovechado los neoliberales–, se propone eliminarlos o desnaturalizarlos. Veamos. Santos tiene para su firma un decreto –¡que ya suscribió el llamado ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri!– para reducir en grandes proporciones los aranceles que defienden al país de las importaciones de azúcar. Y Washington le está exigiendo al presidente que cumpla el TLC para que el alcohol carburante gringo inunde el mercado nacional. Pésimas decisiones van a salir de la revisión del FEPA. Como remate, Doña Cecilia Álvarez por fin hizo confesión plena de las intenciones del gobierno de someter el país al TPP (http://bit.ly/1NiUqDD), que exige, como ha explicado Rudolf Hommes, hacerles daño al azúcar, la palma y los biocombustibles, entre otros (http://bit.ly/1MljFDd).
Tenemos al frente el riesgo de una crisis nacional. Porque si bien son trece los ingenios, como diría Perogrullo, ellos no juegan solos, dado que generan, entre directos e indirectos, 188 mil empleos, y el 75 por ciento de la caña se cultiva en tierras de 2.750 pequeños y medianos productores independientes. Gran parte de toda la actividad de 38 municipios depende del gasto y el ingreso azucarero, que aporta el 10 por ciento del producto agrario nacional. Y en la panela se ocupan, directa o indirectamente, otras 846 mil personas, regadas por toda Colombia. Más de dos millones de colombianos, dice el Dane, dependen de este negocio. Al gobierno podría saltarle una liebre de proporciones mayúsculas.
Así muchos no lo noten, hay una batalla entre el azúcar extranjero, con sus poderosos amigos criollos, y el azúcar nacional. Y los neoliberales disparan sus misiles: que las trasnacionales que demandaron a los ingenios –Coca-Cola, SabMiller, Nestlé…– actuaron motivadas por su amor por las amas de casa, dicen, y no por el aumento de sus ganancias. Nos tratan como a idiotas. También han propalado la idea venenosa de que un desastre azucarero solo afectará a un puñado de poderosos empresarios y a nadie más, empresarios que además se merecen hasta la ruina, agregan. Y sí que insisten en su maniobra de ocultamiento de solo poner sus ojos críticos sobre la producción nacional, a la que sindican de lo peor, en tanto tapan toda maniobra ventajista de los competidores extranjeros, a los que presentan casi que como miembros de la congregación de la madre de Calcuta.
No hay que equivocarse. Quienes defendemos a los trabajadores debemos defender la producción en Colombia, incluida la empresarial. Porque es obvio que quienes más sufren cuando se cierra una empresa son quienes laboran en ella, que pasan de asalariados a desempleados, la peor de las condiciones, o a vendedores de mamoncillos en alguna esquina de Colombia. Y esforcémonos porque el empresariado entienda que sin el progreso de las gentes sencillas y un proyecto nacional tampoco puede construirse un país respetable en el concierto universal.
