Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 3 de abril de 2009.
Cualquier Estado tiene el deber y el derecho de enfrentar militarmente a quienes lo desafían por fuera de la ley y con las armas en la mano. Es cierto que el aumento del gasto en armamentos y en tropas suele mejorar la capacidad de combate y ello puede comprobarse con lo ocurrido en Colombia en los últimos años. Pero, al mismo tiempo, no puede aceptarse que el fin justifica los medios, verdad que más obliga a los gobiernos, los cuales, por ejemplo, no deben violar la ley bajo ninguna consideración. Y es inaceptable sacrificar la soberanía nacional para mejorar el desempeño militar, porque país que pierde la autodeterminación no podrá resolver sus problemas.
Andrés Pastrana acaba de afirmar que “el Tratado de Libre Comercio era parte fundamental del Plan Colombia” (Caracol Radio, Mar.17.08). El Plan Colombia también define la política de todos los aspectos claves de la economía nacional, tales como los fiscales, financieros, tributarios, industriales, salariales, ambientales, agrarios, de salud, educación e inversión extranjera, que exige manejar según las conveniencias norteamericanas. Como si fuera poca la coyunda, en 2001 el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, suscribió una carta de intención titulada “FMI acoge Plan Colombia”. Eso solo, en un país menos confundido, lo descalificaría como candidato presidencial.
Contando apenas la pérdida nacional por importar las ocho millones de toneladas de bienes del agro que podemos producir, importación que impone el Plan Colombia, se entiende lo relativamente poco que son los 7.814 millones de dólares de la llamada “ayuda” militar norteamericana entre 1999 y 2008. Y mientras la “ayuda” de Washington es poca y temporal, el “libre comercio” esquilma en grande y lo pretenden para siempre. Que quien pierde la soberanía pierde también la economía es una verdad que tiene siglos de sabida.
El sistemático embellecimiento del Plan Colombia convirtió en “cierta” la idea falsa de que la parte fundamental del gasto militar se paga con esos recursos. Porque la plata que gira Washington representa el 13.7% del total del gasto de las fuerzas armadas y la policía, mientras que los colombianos pagamos el 86.3%. Y también es demagogia rotular como del Plan Colombia mucho del “gasto social” en el que no hay un centavo estadounidense.
El tercer objetivo del Plan Colombia reza: “Una estrategia de paz que apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla”. Semana (Dic.06.07), citando a Caracol Radio y al Canal RCN, informó que en la Comisión de Relaciones Exteriores Andrés Pastrana dijo que el despeje de El Caguán, que Uribe le criticaba con acritud ese día, “fue una exigencia del gobierno estadounidense”, a través de Bill Clinton, quien le advirtió que el Plan no sería aprobado si no buscaba una salida negociada al conflicto armado. La revista también cuenta que Uribe solo atinó a decirle a Pastrana que “por qué no lo había dicho antes”. Y ni estos ni César Gaviria ni Ernesto Samper, que también estuvieron en la reunión, desautorizaron a la revista. ¡Hasta el despeje de El Caguán lo definió Washington!
¿No es imperialista una estrategia antinarcóticos que, por un lado, obliga a importar la comida que pueden producir nuestros campesinos e indígenas y, por el otro, ordena fumigarlos como cucarachas, cuando esos compatriotas, desesperados por la pobreza, siembran coca? Y es obvio que el Plan Colombia no se mantiene porque se estén logrando los objetivos que dicen que tiene, pues el propio Departamento de Estado norteamericano reconoce que, luego de fumigar más de un millón de hectáreas, la coca sembrada pasó de 122.000 a 160.000 hectáreas y la producción de cocaína de 530 a 535 toneladas.
De otra manera, el Plan Colombia también evidencia que los intereses de Colombia y Estados Unidos pueden ser, y en este caso son, distintos. El Plan no busca acabar con el narcotráfico sino reducirlo al 50%, afirma su texto. ¿El propósito? Según sus autores, que al bajar la oferta suba el precio de la cocaína en las calles norteamericanas y a los jóvenes les toque ‘meterse’ menos ‘rayas’. Una solución de mercado, diría un neoliberal. Pero lo que se silencia es que si la cocaína sube de precio al consumidor, fue porque también les aumentó el precio de venta a los narcotraficantes, que así mantienen o acrecientan sus ganancias. Es innegable que eso no le sirve a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
