Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 5 de noviembre de 2005.
Uno de los mayores aportes del capitalismo al progreso de la humanidad fue pasar la responsabilidad de educar del dominio de lo privado al de lo público, transfiriéndole al Estado el deber de garantizar la parte principal de la creación y transmisión del conocimiento. En parte por ello puede ocurrir que los hijos de los pobres no terminen siendo tan pobres como sus padres, razón suficiente para defender por democrático este cambio. Pero esta revolución tuvo otras razones, que son las que explican por qué fue definida por los dueños del poder, quienes entendieron que la misma educación que impulsaría la construcción económica general los enriquecería como nunca.
La educación pública y gratuita también es pilar del progreso, porque ella apunta a que sea universal, lo que facilita que todas las mejores inteligencias, incluidas las de los pobres y paupérrimos, le aporten al progreso de la sociedad. E imponerle al Estado su financiación también resuelve problema de la alta calidad que esta debe tener para cumplir en verdad con su fin, pues educar bien y en grande implica costos tan altos que es imposible costearlos de otra manera. La gran limitación de la educación privada, además de que impide la libertad de cátedra, es que deja en la ignorancia a quienes no pueden pagarla, que son legiones, y condena a casi todos los que la toman a una formación tan mediocre como relativamente bajas son las matrículas que pueden pagar. Si formar un estudiante en la universidad más reputada del mundo cuesta 319 millones de pesos al año, ¿qué decir de lo que ocurre en las universidades privadas colombianas, cuyas pensiones anuales van entre dos y 16 millones de pesos?
De ahí que sea tan reaccionaria la concepción de los neoliberales de debilitar la educación pública y retornar la responsabilidad de educar a lo que pueda la capacidad de pago privada. Claro que en favor de su política, que se sustenta en el desdén por el progreso de la nación, podrán alegar que si el desarrollo económico y social colombiano será de pacotilla, ¿para qué ha de ser de buena calidad la educación que se imparta?
Varias son las medidas tomadas en los últimos años en contra de la financiación de las universidades públicas. Hace unos años se intentó reducir en grande su presupuesto. Si la intentona fracasó fue porque los jueces determinaron que la Ley 30 de 1992 ordena mantener las transferencias en términos reales, cosa que de todas maneras no ha sucedido entre 2003 y 2006, cuando se acumuló un faltante de 170.246 millones de pesos. En el fallido referendo se le hizo un ataque mortal. Luego, este gobierno creó un mecanismo perverso para poner a disputarse entre sí las universidades –empobreciendo a unas– 168.576 millones de pesos, norma que acaba de caerse por ilegal. Y el uribismo también determinó que, con la misma plata, se aumenten en 400 mil los cupos, exigencia que solo puede cumplirse, como en efecto sucede, con el sacrificio de la calidad.
El último ataque lo hizo el minhacienda Carrasquilla, quien conminó a las universidades de Caldas, Chocó, Cauca, Córdoba y Nacional de Colombia a reducir los pagos a los pensionados y a quienes están por pensionarse, advirtiéndoles además que el gobierno solo girará lo que considere ajustado a sus cálculos. De cumplirse esta amenaza, que viola la Ley 100/93 y procede de hecho contra la autonomía universitaria y la presunción de legalidad de las resoluciones de los consejos superiores de las universidades, estos tendrán que escoger entre pagarles a los profesores o a los pensionados, lo que generará una crisis gravísima antes de terminar el 2005.
“La Nación-Ministerio de Hacienda” fue capaz de alegar ante el Tribunal Administrativo del Chocó que “no tiene la obligación legal de pagar las pensiones de las universidades del orden nacional” y que “en todo caso no es cierto que la nación sea responsable de la emisión de los bonos pensionales”, por lo que estos tendrían que pagarlos las universidades de los mismos recursos de la Ley 30 con los que cancelan sus gastos corrientes (ver www.aspuco.org). Que la aplicación de estos criterios las arruinaría se demuestra con un ejemplo: en la Universidad Nacional el litigio cuesta, según su cálculo actuarial y en pesos de 2005, tres y medio billones de pesos, suma que no podrá pagar de sus recursos de funcionamiento pero que sí puede quebrarla, parecido a como viene sucediendo con la Universidad del Atlántico, a la que ya la tienen en la ley de quiebras.
