Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 30 de julio de 2009.
Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.
Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.
Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”
A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.
Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.
El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.
La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.
De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.
La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.
