Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 9 de enero de 2002.
Presionado por sus afanes electorales, en carta publicada en La Patria el pasado 6 de enero, al senador Víctor Renán Barco le tocó salir a exculparse y a exculpar al gobernador de Caldas por su decisión de no pagar los 21 mil millones de pesos que el departamento les debe a los educadores por trabajo ya realizado. Según él, la culpa la tienen el ministro de Educación, quien se “negó de manera enfática” a ordenar el pago de los salarios, y una sentencia de la Corte Constitucional que Barco interpreta como opuesta a la cancelación de la deuda y que le dice a su gobernador debe acatar con toda mansedumbre.
Poco le luce a Barco responsabilizar a la administración Pastrana de este golpe a los maestros, porque en su carta, y en los hechos, está claro que se coludió con ella para utilizar la retención de los salarios como un instrumento en contra de la lucha del magisterio; porque, y él tiene que saberlo, el ministro de Educación no puede ordenar ese pago, dado que el único ordenador del gasto en Caldas es su gobernador; y porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que no puede pagarse el tiempo no laborado, y aquí sí se trabajó. Por lo demás, hay un hecho que los condena sin atenuantes: 27 gobernadores de Colombia ya les pagaron a los maestros. Lo positivo de su alegato es que no insiste en el cuento de sus pupilos de que no pagaban por causa de las “palabras disonantes” de un directivo del sindicato de educadores. Y a propósito, ¿qué hicieron con la plata que deben en este pleito?
Con su conocido estilo, Barco también me echó su puya para que el debate lo demos en “campos más propicios” –para sus contradictores, habrá que suponer. Pues bien, peor que no pagarles a los maestros lo que sin duda con responsabilidad ganaron, es que, con el respaldo de La Coalición que mangonea a Caldas desde hace 30 años, el gobierno arremetió contra la educación pública mediante el Acto Legislativo 012. Está comprobado hasta la saciedad que esa reforma constitucional sí era un proyecto privatizador, el cual, además, recortó el presupuesto de educación y salud en más de nueve billones de pesos. Y con la reforma de la Ley 60, también aprobada por ellos, se pavimentó el camino para aumentarles los pagos en las escuelas y colegios a los padres de familia, deteriorar aún más la calidad de la enseñanza y golpear de manera sistemática los derechos laborales de los docentes. A lo anterior se le suma que su gobernador en Caldas aplicó el “convenio de desempeño” que le suscribió al gobierno nacional, pacto que desarrolla la idea neoliberal de que a los pobres se les debe asegurar una educación “apropiada” para ellos, es decir, bien pobre.
Y estas posiciones no deben sorprender a nadie que esté al tanto de cómo se ha votado en el Congreso, porque con los votos de los senadores y representantes de La Coalición se aprobaron todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional de la última década. Por ejemplo, respaldaron la Ley 50 contra los derechos laborales, la Ley 100 que golpeó la salud y las pensiones al convertirlas en un vulgar negocio del capital financiero, la Ley 142 que impuso la privatización a menosprecio de las empresas de servicios públicos y disparó sus tarifas, la Ley 99 que les clavó el llamado impuesto por contaminación a los cafeteros y la Ley 617 que definió la masacre laboral en las alcaldías y gobernaciones. Además, Barco terminó convertido en el “senador estrella” porque casi todos los años ayuda a estrellar a los colombianos contra una nueva reforma tributaria.
El secreto de los clientelistas de Caldas reside en que, mediante sus procedimientos, se consiguen los votos necesarios para llegar al Congreso y, una vez allí, se someten a cualquier política que el Fondo Monetario Internacional le fije al poder Ejecutivo, venias que les pagan con los puestos, auxilios y contratos que requieren para aceitar su maquinaria. Y las gentes ignoran cómo y quiénes deciden en Bogotá en su contra, con lo que sus desgracias no tienen responsable conocido en las regiones, en tanto sí conocen el nombre, la foto y el número del tarjetón de quienes en cada elección les hacen demagogia y les tiran un tamal y un carnet del Sisben.
