NO MAS IMPUESTOS CAFETEROS
Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 22 de octubre de 1998.
Según cifras de Roberto Junguito y Diego Pizano, entre 1990 y 1996, los gastos de Federación de Cafeteros, incluidos los de los comités departamentales, sumaron, en pesos de septiembre de 1998, más de 1.56 millones de millones de pesos, con un promedio anual de casi 223 mil millones. De ese monto, en el mismo lapso, las inversiones en obras públicas en zonas cafeteras ascendieron a más de 633 mil millones de pesos, lo que da un promedio de 90.450 millones de pesos anuales. El resto se gastó en asuntos que pueden considerarse de interés estrictamente gremial de los caficultores, tales como el funcionamiento de la oficina central de Bogotá, asistencia técnica, comercialización, diversificación, investigación, etc. También ilustra el descomunal aporte del sector a la infraestructura del país el que, hasta 1994, sus tributos contribuyeran en la construcción de 5.288 acueductos, 16.923 aulas escolares, 5.387 viviendas para maestros, 12.719 baterías sanitarias, 1.423 puentes vehiculares, 1.139 puentes peatonales, 12.882 kilómetros de carreteras. Así mismo, ayudaron a electrificar 204.739 viviendas y a mejorar 50.672 kilómetros de vías. El origen legal de casi todos estos recursos es hoy la Ley 9 de 1991, la cual ordena que para obras públicas vaya el 4.7 por ciento y para gastos gremiales el 2.7 por ciento del valor de los reintegros anuales por exportaciones de café.
Los gastos en obras públicas tienen origen en impuestos discriminatorios -porque solo gravan a los caficultores entre todos los colombianos- y regresivos -porque son gravámenes indirectos que golpean especialmente a los más débiles. Además, es bien notorio que esas exacciones sustituyen las que debieran ser inversiones oficiales de los diferentes niveles del gobierno.
Es obvio que si las sumas gastadas desde 1990 se hubieran aplicado, y en el futuro se aplicaran, a alivios de las deudas, créditos y rebajas de sus intereses, renovación de cafetales o lucha contra la broca, por ejemplo, la situación de muchos productores sería menos mala y se le daría un valioso respaldo tantos productores que sufren los mordiscos del hambre y que tienden hacia su ruina. Para hacerse a una idea de lo que le significarían a los cafeteros cerca de cien mil millones de pesos de más cada año y del calibre de su crisis, basta una comparación: según el ministro de hacienda, al 31 de julio pasado, el saldo de la totalidad de la deuda cafetera ascendía a apenas 212 mil millones de pesos, incluidos los 106 mil millones que están enredados desde antes de 1995.
Entonces, la propuesta es obvia: que se elimine el impuesto a los cafeteros destinado a obras públicas, de forma que esas enormes sumas se apliquen efectivamente a los cafetales. Y que ese cambio legal se complemente en dos direcciones. Que en la misma norma se establezca que el gobierno nacional reemplazará los dineros que hoy aportan los caficultores y que esas inversiones se seguirán haciendo a través de los comités departamentales de cafeteros, porque la idea no es que se debilite la inversión en infraestructura en las zonas cafeteras ni lanzar al desempleo a parte del aparato de la Federación. Y que también quede claro que no se propone eliminar las contribuciones parafiscales que respaldan de manera estricta las labores del gremio.
Esta reforma debe tramitarse por iniciativa de la presidencia de la república y en la actual legislatura del congreso para que sus beneficios lleguen a partir de 1999, un año que podría marcar el inicio de la fase más aguda de la crisis del café si se configura -y es muy probable que se configure- un profundo desbarajuste de la economía mundial, el cual podría tener efectos para los cafeteros iguales o peores que los que sufrieron como consecuencia del desastre que se inició en 1929, cuando los precios externos del café llegaron a niveles ínfimos, a pesar de que el Brasil quemó y botó al mar ochenta millones de sacos del grano en esa década.
Si antes era injustificable -y seguramente hasta inconstitucional- que los recursos de los empobrecidos cafeteros se gastaran en lo que no se debía, seguirlo haciendo podría ser un auténtico suicidio. Ojalá los diversos analistas, el gobierno nacional y la dirigencia de la Federación respalden una propuesta que tiene, a no dudarlo, toda la sensatez.
