Doctor
NICOLÁS RESTREPO ESCOBAR
Director La Patria
Manizales
Cordial saludo:
Luego de leer los comentarios de Mario Calderón Rivera a mi artículo sobre Aeropalestina, así como otros puntos de vista publicados en La Patria en estos días, insisto:
No aumentarán los pasajeros en relación con La Nubia. Es más, podrían disminuir. Porque las distancias a las poblaciones que lo usarán así lo indican y porque Aeropalestina les significará a los viajeros un incremento considerable en la sobretasa, de 35 mil pesos en viaje redondo, a lo que los manizaleños, sus principales usuarios, tendrán que sumarle el mayor costo de llegar hasta allí.
Tampoco se exportará por Aeropalestina, por las mismas razones que no se exporta por La Nubia: con aviones tan pequeños como los que salen y saldrán, los fletes son impagables. Y absolutamente nada permite sustentar que el “gran aeropuerto regional” será en Palestina.
Construir en Palestina una pista 400 metros más larga que la que usarán los aviones que aterrizarán allí, que solo requieren de 1.400 metros, no resiste análisis, sobre todo porque la diferencia en los costos es enorme, del orden de nueve millones de dólares, casi el 40 por ciento del costo total del proyecto.
El argumento de Jorge Eduardo Mejía Prieto de que la pista de 1.800 metros se requiere por necesidades del “cono de aproximación” no funciona. Porque si bien ese “cono” debe estar libre de obstáculos, eso puede lograrse sin alargar la pista en ese sentido o, en últimas, debiera llevar a recortarla en 400 metros en el otro extremo.
De otra parte, ¿cómo así que los españoles, en sus nuevos condicionamientos al crédito, ya pusieron en duda si los equipos de La Nubia servirán en Palestina, “porque España está interesada en participar con tecnología para el proyecto”?
Y reitero algo que nadie comentó: ¿por qué el gobierno nacional no respalda con su plata, pero en serio, este proyecto, cuyos altos costos golpean a los usuarios y amenazan las finanzas de Manizales y Caldas?
Atentamente,
Jorge Enrique Robledo Castillo
Senador de la República
Bogotá, 19 de abril de 2007.
