Jorge Enrique Robledo Castillo. (Publicado en La Patria, La Tarde y El Nuevo Día, noviembre 20 de 2003)
Decidido a no acatar la derrota que sufrió en el referendo, el gobierno de Uribe Vélez insiste en imponer la política de empobrecimiento acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esta vez, con el Plan B, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria, con la que suman once las presentadas desde 1990, seguramente una marca mundial. Esta, como las anteriores, busca castigar principalmente al pueblo y a las capas medias, mediante impuestos a las pensiones, mayores cargas a los asalariados y, sobre todo, más IVA. También, y como siempre, propone otra exención que beneficia en especial a los 4.484 llamados Grandes Contribuyentes, que representan el 1.41 por ciento de los que declaran renta pero que se apropian la mayor parte de las exenciones tributarias que por 16 billones de pesos existen en Colombia, rebajas que suelen no convertir en inversiones sino en especulaciones financieras en el país o en el exterior.
El momento es propicio para explicar lo inequitativo del sistema de impuestos del país, que no cumple con el primero de los criterios de la democracia tributaria: la progresividad, la cual significa que deben pagar más los que más tienen, menos lo que menos y nada quienes carecen de casi todo. De ahí que los impuestos indirectos, empezando por el IVA, sean los más regresivos, pues gravan igual el artículo que adquiere un pobre o un indigente que el que compra un potentado. Y lo progresivo también significa que las tasas deben ser mayores en la medida en que aumenta la riqueza, pues no debe gravarse con porcentajes iguales al que posee un capital pequeño o mediano que a quien tiene uno descomunal.
En Colombia se usan tasas diferentes para gravar las rentas de las Personas Naturales, tasas que empiezan muy altas y que van del 20 al 35 por ciento. Pero, no por casualidad, desde 1990 se eliminó la progresividad en los impuestos de las Personas Jurídicas, con lo que, al igualar las tasas de los monopolistas con las de los pequeños y medianos capitales, se hizo imposible aplicarle al capital tasas progresivas, truco que viola el Artículo 363 de la Constitución, que ordena impuestos progresivos. Esta argucia también favorece a los grandes capitales de otra manera: así se consiguieron como sus defensores en cualquier reforma tributaria a las 145 mil Personas Jurídicas que declaran renta y que pagan impuestos con tasas que para ellas son muy altas.
También debe calificarse como otra astucia de la tributación colombiana calificar como “rentas” tanto las utilidades del capital como los sueldos de las personas, porque no significa el mismo esfuerzo consumir menos para poder pagar el impuesto, lo que le ocurre a casi todos los que viven de un sueldo, que acumular riqueza en una proporción menor pero sin golpear la capacidad de consumo de los gravados, lo que les sucede a los más adinerados. Y una diferencia similar debe establecerse con la propuesta de gravar a los pensionados, asemejándolos a los asalariados, porque la pensión es inferior en por lo menos el 25 por ciento que el sueldo que ganaba quien la recibe y porque son evidentes las limitaciones que afectan a las personas mayores y a los ancianos.
Y constituye otra astucia en beneficio de los Grandes Contribuyentes presentarlos como quienes más le aportan al fisco nacional, ocultando que 13 billones de pesos de lo que transfieren no son impuestos propios sino traslados de retenciones por sueldos, honorarios e IVA que les hacen a otros, sumas que, además, les generan grandes utilidades financieras durante los cuarenta días en que las tienen en su poder.
Lo inequitativo del sistema tributario colombiano lo revelan los aportes de cada sector en los que la DIAN ha dividido a los contribuyentes. En 2001, los Grandes Contribuyentes, que concentran el 80 por ciento del capital empresarial del país, apenas aportaron el 10.96 por ciento del total de los impuestos; mientras los trabajadores entregaron el 30.15 por ciento por retención en la fuente; el 38.14 por ciento por IVA; y el 18.16 por ciento por otros impuestos, principalmente los indirectos por aranceles, y el tres por mil.
También debe mencionarse que la carga tributaria a los colombianos ha aumentado de manera notable, del 7.85 al 13.36 por ciento del PIB entre 1990 y 2002, en el mismo lapso del peor empobrecimiento nacional, lo que les quita el pan de la boca a muchos y afecta negativamente al aparato productivo del país, que padece como uno de sus principales problemas la baja capacidad de compra de las gentes.
