La reforma a la salud de Santos y Gaviria es la peor desde 1993. Porque retrocede hasta esa fecha lo conquistado hasta hoy en salud, conspira contra la tutela con la que se defiende la gente, vulnera la autonomía médica y mantiene unas relaciones laborales inicuas,
sigue el negocio financiero del aseguramiento, convierte los recursos públicos en privados y libera de la Justicia a los encartados por asaltar la plata de la salud, todo lo cual aumentará la enfermedad y la muerte por males que la medicina sabe curar. Que el proceso empezara con el Presidente diciendo que las EPS “se van a acabar”, cuando solo les cambiarán el nombre –a gestoras de salud–, muestra que el engaño será parte medular del debate.
En los prolegómenos del proyecto de ley, el ministro Alejandro Gaviria fue capaz de decir que “en Colombia no hay una crisis de salud pública (…) Tampoco hay una crisis de prestación de servicios (…) Existe, sí, una crisis financiera” (bit.ly/Z0dc72), comentario insólito con el que justifica que la reforma tenga como norte reducir los derechos de salud de las personas y mantenerles el negocio a las EPS. Gaviria dice que el plan de beneficios –el POS o en adelante Mi plan– no puede cubrir todas las necesidades ciudadanas porque no alcanzan los recursos –lo que no es cierto–, pero curiosamente mantiene un régimen que le quita a la salud sumas enormes con las ganancias de las EPS y las aseguradoras, porque estas cobran por la administración de los recursos y, además, hacen grandes utilidades echándose al bolsillo los recursos públicos que deberían gastarse en la salud de la gente. Este horror a pesar de que el sistema puede operar sin intermediarios financieros –EPS y demás–, como ocurre en Colombia con el magisterio o las fuerzas armadas o en Canadá y en otros países (bit.ly/YD0WKz).
La “solución” santista a la “crisis financiera” consiste en regresar al POS insuficiente de los orígenes de la Ley 100 –sin el No POS creado a punta de tutelas– y hacer muy difícil o inane acceder a la tutela. Son conocidos los ataques solapados de Gaviria a la tutela, incluido decir que les sirve principalmente a “los ricos”. Pero el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se le destapó: “El propósito (de la reforma) también es acabar con la tutela como una fórmula para acceder a la salud en Colombia” (bit.ly./V9wRCb). Claro que el proyecto de Ley 210 no dice “elimínese la tutela en salud”. No son bobos. Van tras un fallo de la Corte Constitucional que la acabe o la restrinja en este sector, tras presionar a los médicos tratantes para que no se salgan del POS y tras hacerles muy difícil a los jueces decidir a favor de los pacientes, como aparece en la reforma Ballesteros-Roy Barreras y en la ley estatutaria santista en trámite (db.tt/7SdkhguW).
La reforma mantiene el régimen contributivo y el subsidiado (!) y las barreras de acceso a los pacientes y, aunque parezca mentira, determina que los recursos públicos se vuelvan privados cuando lleguen a manos de las gestoras y las aseguradoras, despropósito que ya rechazó la contralora. Porque es con esa figura que las EPS se han robado billones y porque se caerían los procesos penales contra esas defraudaciones (bit.ly/14lEZ6C).
La propuesta, como es obvio, se inspira en la del Banco Mundial que también indica cómo mejorarles el negocio a las compañías de seguros (bit.ly/11z2GEi) –ahí caben las EPS o gestoras–, a través de planes complementarios de salud que se pagan por aparte –como los de las prepagadas–, los cuales surgen de que el derecho básico –el POS o Mi Plan– sea insuficiente, de forma que empuje a tomarlos a quienes tengan con qué pagarlos. Enfermedad y muerte según la capacidad de pago. Y también es del Banco Mundial que sean menos y más grandes las empresas que se queden con el negocio. Como con el perro de Pavlov, deben estar salivando las trasnacionales de la medicina, la banca y los seguros.
Alejandro Gaviria debe declararse legalmente impedido para tramitar esta ley. Porque cuando Santos lo escogió como ministro pertenecía a la junta directiva del Bancolombia, que hace parte del sindicato antioqueño, poderoso grupo con negocios de seguros. Y porque su esposa era nada menos que vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, la organización de las compañías de seguros, la misma que cuando se creó la Ley 100 confesó que aspiraba a que el aseguramiento a la salud saltara del 2.5 al 39 por ciento en el total de su negocio. Juan Carlos Echeverri se declaró impedido por las relaciones de él y de su cónyuge con unas empresas, y el consejo de ministros, con el Presidente a la cabeza, le aceptó los impedimentos (db.tt/uTGvgmgb). ¿Y en este caso?
Bogotá, abril 1 de 2013.
