Mi más cordial saludo a las colombianas y los colombianos:
Me dirijo a ustedes en representación de las bancadas del Congreso declaradas en oposición al gobierno del Presidente Iván Duque, en razón de que el Consejo Nacional Electoral sancionó la llamada “jugadita” con la que Ernesto Macías, presidente del Senado por el Centro Democrático, el 20 de julio de 2019 y violando la ley del Estatuto de la oposición, saboteó mis palabras de réplica a las dichas antes por el jefe del Estado, a quien sacaron del recinto por una puerta de servicio para que no cumpliera con su deber de escuchar la refutación a sus afirmaciones.
Dicha sanción del Consejo Electoral, que estoy ejecutando, no repara por completo el atropello cometido contra nosotros. Pero tiene valor político y legal su expreso rechazo a una conducta además autoritaria, de irrespeto al Congreso, a la separación de los poderes y a los derechos de la oposición, es decir, contraria a las bases de las concepciones democráticas, conducta atrabiliaria que estoy convencido de que contó con el respaldo de la Casa de Nariño. Y nótese que desde esos días a hoy, el autoritarismo es una práctica cada vez más frecuente en el gobierno de Iván Duque
Ahora como hace un año, los hechos, la tozuda realidad, confirmaron que tuvimos la razón cuando decidimos no votar por Iván Duque para Presidente de la República ni hacer parte de las fuerzas que respaldan a su administración. Habríamos traicionado a nuestros electores, a los colombianos y a nosotros mismos si hubiéramos actuado de otra manera. Y un año después tenemos más argumentos para no doblegarnos ante la mermelada de la Casa de Nariño.
Porque ahora, en la mitad del período presidencial, ratificamos que nada de lo decidido por el gobierno de Iván Duque cambiará las lamentables condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías nacionales, el fin primerísimo de toda administración que se diga democrática, incluso si no se hubiera dado la pandemia del Covid-19. Duque ha reconfirmado que es otro presidente más del continuismo de los mismos con las mismas.
Como lo señalé en ese momento, eran malas las cifras del desempleo y la pobreza, y con tendencia a deteriorarse, como consecuencia del mal estado de la economía. Incluso analistas tan neoliberales como Duque y Carrasquilla reconocían que así se explicaba el alza del dólar y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo.
Y el llamado Plan de Desarrollo –en realidad de subdesarro– reforzaba las causas de la crisis nacional. Constituye entonces un falso relato el que intenta montar el duquismo al decir que el país avanzaba en la dirección correcta cuando, “tan de malas Duque”, nos cayó encima el Covid-19.
Porque seguían, y siguen, las políticas que nos obligan a importar 14 millones de toneladas de productos del agro y grandes volúmenes de bienes industriales que podemos producir en Colombia. Y el presidente Duque ya había destapado que incumpliría su promesa de candidato de no facilitar más la importación de confecciones asiáticas, tan destructoras del empleo de las mujeres. Y también, como ahora, insistió que serían el petróleo y la minería los que sacarían el país adelante, error garrafal que además conduce a aprobar hasta los proyectos más dañinos para el ambiente.
Señalé también el enorme error del duquismo en el Congreso al aprobar una reforma tributaria a favor de los súper superricos y contra los sectores populares y la clase media, reforma que además les negó un trato ajustado a la Constitución a las pequeñas y medianas empresas. Para adecuar el país al hueco que la reforma les hizo a las finanzas públicas, Duque y Carrasquilla fueron capaces de recortar los subsidios en salud a los más pobres de Colombia. Y aprobaron la ley de las TIC, contra la cultura nacional y los colombianos que trabajan en ella.
No hagan más demagogia –les dijimos– con que crearán más y mejores empleos y buenas condiciones para pensionarse, porque, aunque lo negaban, se sabía que proyectaban una reforma pensional y otra laboral regresivas, ideas en las que insistirán con el pretexto del Coronavirus. Y nada se proponía ni se propone hacer Duque para reducir la desigualdad social en Colombia, entre las cinco más extremas del mundo.
También denunciamos hace un año, y lo ha confirmado la pandemia, que no planteaba “este gobierno cambios de fondo a las pésimas políticas de salud y educación que vienen de atrás. Seguirán los colombianos –recalqué– enfermándose y muriéndose de males que la medicina sabe curar, al igual que continuarán las crisis de los hospitales públicos y las clínicas privadas y las malas condiciones laborales de los médicos y demás trabajadores de la salud”.
Y se mantendrá –agregamos– la política educativa que excluye a los hijos de los más pobres y condena a la clase media a reventarse para pagar una educación privada que suele ser cara y mala y no conduce a empleos de calidad. Se les niega así a millones de jóvenes el principal mecanismo de ascenso social en una sociedad como esta, educación que además deben pagar endeudándose con el Icetex.
Tampoco había nada en el gobierno de Iván Duque que enfrentara en serio la corrupción que se enseñoreaba y enseñorea en el país. Es más: él personalmente le facilitó a su partido oponerse a la consulta anticorrupción y, una vez casi doce millones de colombianos la respaldamos en las urnas, hizo el gesto demagógico de respaldarla, pero no puso el peso de su poder para hacer que las fuerzas políticas que lo eligieron la aprobaran en el Congreso.
Muy mal cayeron dos posiciones del presidente Duque, inspiradas en la perniciosa idea de que todo vale. Haber atornillado en el Ministerio de Hacienda a Alberto Carrasquilla, luego de que en el Congreso demostramos que no era digno de ese cargo. Y haber sostenido –en contubernio con los mismos con las mismas– a Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación, a pesar de que lo descalificara su propia conducta en el caso Odebrecht, como a la postre probó el pulso por sacarlo que ganamos los colombianos. “Su actitud hacia Martínez –agregué–, nos impide ser optimistas sobre la persona que el presidente Duque escogerá para reemplazarlo”.
Y otra vez los hechos nos dieron la razón. Porque el Fiscal Francisco Barbosa, quien se ganó ese cargo por ser amigo y subalterno de Duque, se esfuerza por actuar como su antecesor. Así se deduce de su tratamiento a las denuncias de Aída Merlano contra encopetados dirigentes políticos y económicos y de las grabaciones en las que el Ñeñe Hernández, reconocido narcotraficante, aparece cuadrando cómo financiar la compra de elecciones regionales en beneficio de la candidatura presidencial de Iván Duque. Y también ha pelado el cobre con sus decisiones contra dirigentes de fuerzas políticas declaradas en oposición al gobierno nacional.
A propósito, ¿el presidente Iván Duque, Germán Vargas Lleras y el resto del duquismo se empecinarán en imponer, contra toda razón y respeto a los colombianos, como presidente del Senado a quien fuera el principal socio de Aida Merlano en las elecciones de 2018 en Barranquilla, fraude electoral que favoreció a Cambio Radical y la posterior elección del alcalde de esa ciudad y la gobernadora del Atlántico? ¿Pretenden que les aceptemos que puede ser presidente del Senado alguien con dos procesos penales en la Corte Suprema de Justicia por sus andanzas con Aída Merlano? ¿Intentan demostrar que pueden hacer lo que les dé la gana en la Costa y en Colombia, como manera de preparar las elecciones presidenciales de 2022? Un mínimo de sensatez los llevaría a poner a otro de ellos en ese cargo.
Rechazamos también hace un año, y lo reiteramos ahora, la incapacidad del gobierno para impedir que entre 2018 y 2020 hayan asesinado 632 líderes sociales. Y repudiamos otra cifra que nos avergüenza ante el mundo civilizado: desde que se firmó el acuerdo de paz, van asesinados 198 exguerrilleros de las Farc que se reintegraron a la vida civil en cumplimiento del pacto que suscribieron con el Estado colombiano. Y advertimos sobre abusos y corruptelas en el Ejército, actuaciones, como es obvio, en extremo nefastas para la democracia y confirmadas por los nuevos hallazgos sobre agresiones a dirigentes políticos y periodistas nacionales y extranjeros.
Se equivocaba y equivoca el presidente Duque –en acuerdo con el senador Álvaro Uribe y su partido– al empecinarse en no cumplir, o hacerlo a medias y a regañadientes, las normas constitucionales y legales del proceso de paz. Y también cuando lo atacan manipulando los actos de la minoría que no ha cumplido los acuerdos, en vez de juzgarlo a partir de las conductas de los muchos que sí lo han hecho y por el resultado demostrado de que sí se redujo la violencia en grandes proporciones. Y siguen haciéndole daño a Colombia al usar el poder del Estado para atacar con argucias a la Justicia Especial de Paz y a las altas cortes.
Hace un año también rechazamos la actitud del gobierno de Iván Duque de guardar silencio cuando un alto dirigente del gobierno de Donald Trump se pavoneó ante la prensa internacional mostrando que cinco mil soldados norteamericanos podían terminar atacando a Venezuela desde Colombia. Y como era de esperarse además con el talante duquista, facilitaron que ese error grave se volviera gravísimo. La embajada de Estados Unidos en Bogotá acaba de notificarnos que vendrán a operar en el país tropas de su Comando Sur, decisión inaceptable por tres poderosas razones. Por su flagrante ilegalidad, al no existir artículo de la Constitución ni tratado internacional que autorice tamaña violación de la soberanía nacional. Porque país que pierde su soberanía pierde también su derecho a autodeterminarse en sus asuntos económicos, sociales y políticos, condenándose al subdesarrollo, el desempleo y la pobreza. Y porque una acción militar norteamericana contra los venezolanos, además de pisotearles su soberanía, puede desatar una guerra en ese país y terminar incendiando a Colombia.
También explicamos hace un año, y cabe reiterarlo, que la fumigación con glifosato, cuyos efectos dañinos son conocidos, no busca acabar con el narcotráfico en Colombia ni en ninguna parte, como tampoco se proponen hacerlo los soldados norteamericanos en el país. Porque los acuerdos de Estados Unidos con Santos y Duque para estos efectos, que son los mismos, establecen como objetivo reducir ese negocio apenas al 50 por ciento, solo a la mitad, de forma que, con absoluta certeza, se mantendrán abastecidos, aquí y allá, las víctimas del consumo y los narcotraficantes que se enriquecen con la producción y distribución de la cocaína.
La prueba reina de lo mal que venía gobernando Duque desde antes de la pandemia la aportó el Paro Nacional del 21 de noviembre pasado, enorme movilización provocada por el gran descontento ciudadano, en especial entre los jóvenes, dadas las pésimas condiciones económicas y sociales de tantos. Y rotundo rechazo causó el fraude de Duque de faltar a la verdad para impedir el derecho a la protesta democrática y su actitud autoritaria de no tramitar las exigencias del paro.
Iván Duque, por otra parte, además se demoró en aceptar que la cuarentena era una medida complicada pero necesaria para enfrentar el Coronavirus, y sus vacilaciones dificultaron su manejo. Su incapacidad para atender bien la crisis la ilustra el sistema de salud, a cuyos trabajadores y a las clínicas y hospitales no les han resuelto sus necesidades más básicas ni la atención a los pacientes, porque el sector sigue siendo el reino de las EPS. Casi no acepta además que había que transferirle recursos del Estado a las legiones de desempleados y pobres que venían desde antes y a los nuevos que se empobrecieron porque perdieron sus empleos o sus trabajos por cuenta propia, formales e informales, al igual que ayudarles a las pequeñas y medianas empresas a sostenerse y a mantenerles los puestos a sus trabajadores.
Y cuando Duque aceptó que el gobierno debía actuar, era tarde y decidió mal porque lo orienta la cicatería propia del neoliberalismo en casos como este, con lo que en vez de remedios eficaces aplican paños de agua tibia. ¿Puede vivir una familia con las pequeñas sumas que les trasladan a los pobres a a los que algo les da el gobierno? Ahí está como prueba de la escasez de los recursos de aquí que 76 gobiernos de otros países están gastando más que el de Colombia en la atención de la crisis, que gasta menos del tres por ciento del PIB, cifra que en el Senado me aceptó como cierta Carrasquilla y que no cambia porque Duque ande con la falsedad de decir que están aportando el 11 por ciento. Y los análisis de las cifras ofrecidas por el gobierno en sus sainetes diarios en la televisión demuestran que esos escasos recursos no le han llegado a la gente.
Notorio rechazo ha causado el empecinamiento oficial en pretender que sea el crédito bancario, y con las mismas prácticas anteriores a la crisis, el que les dé salida a tantas afugias, prácticas que podrán mejorarles las rentabilidades a los prestamistas pero que no son las que necesitan las gentes y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. Y es también mucho el descontento de las autoridades locales con el gobierno de Duque porque no las respalda como debe y puede, en tanto no pierde oportunidad para aumentarles sus responsabilidades.
También muestra los errores de Duque y Carrasquilla su rechazo a crear la renta básica de emergencia para xxx millones de familias muy empobrecidas, propuesta de 53 senadores de distintas vertientes, política que además estimularía a todas las actividades económicas.
Poca y tardía entonces se confirma la actuación del presidente Duque, lo que cuenta en la muy alta tasa de desempleo de abril, que llegó a casi el 20 por ciento y sin contar a otro tanto que registran como inactivos porque ya ni buscan empleo, al estar hasta la coronilla de no encontrarlo. Y para que no engañen, reitero, insistimos en que el desempleo se agravó por el virus pero el problema venía desde antes, pues en diciembre ya había pasado del diez por ciento, en marzo iba en casi el 13 por ciento y la tasa venía en aumento desde hace cinco años.
Por último, insistir en nuestro llamado a hacer de este un país que produzca más y cree más y mejores empleos en todos los sectores, distribuya mejor la riqueza, responda a los reclamos democráticos de empleo, ingreso, salud, educación y ambiente, trate con toda consideración y respeto a las mujeres, los negros, los indígenas, los LGBTI y demás sectores discriminados y maltratados en esta sociedad enferma, y enfrente a los corruptos sin vacilaciones ni acomodamientos.
Y en la inmensa importancia que tiene para todos los colombianos que cesen los asesinatos de los líderes sociales, los reinsertados y todos los ciudadanos de cualquier condición, porque nadie debe arrogarse el derecho a asesinar, condición básica para construir la sociedad civilizada y democrática que debe ser Colombia.
Colombianas y colombianos: cuenten con que los sectores en oposición a este mal gobierno no renunciaremos a nuestras convicciones ni a luchar democráticamente por hacerlas realidad, con nuestro trabajo en el Congreso y nuestro franco respaldo a los reclamos democráticos de los colombianos.
Porque así seguiremos contribuyendo a que nuestra querida Colombia sea la patria amable de todos quienes vivimos en este país dotado con excelencia por la naturaleza y por sus gentes, en el que también encontraremos la manera de superar los grandes daños que nos está provocando esta pandemia.
Muchas gracias.
