Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 15 de enero de 2003.
Se oye decir que el Plan de Desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez dejó debidamente protegido al agro colombiano frente al Alca o a un tratado de “libre comercio” con Estados Unidos. Y para el efecto citan un artículo que a la letra dice: “Todos los productos agrícolas procedentes del exterior, que hayan sido objeto de ayudas internas a la producción o subsidios a la exportación o políticas monetarias o económicas con impacto de distorsión en los precios, generan competencia desleal a la producción nacional al ingresar al país. Por estas razones –agrega el texto– Colombia establecerá un tratamiento especial según el caso, incluyendo políticas arancelarias para aquellos productos en los cuales las distorsiones externas perjudiquen a los productores nacionales en detrimento de su ingreso y del empleo nacional”.
Es posible, amigo lector, que a estas alturas Usted piense que, en efecto, dicho artículo ordena establecer barreras arancelarias que impidan que las importaciones arruinen a una porción considerable del agro nacional. Pero si lo vuelve a leer caerá en cuenta que esos aranceles se establecerán “según el caso”, lo que significa que podrían no fijarse para la casi totalidad de los productos afectados. Y como la última palabra al respecto la dará un gobierno que no obstante algunas frases demagógicas considera que Colombia debe importar cualquier producto que consiga más barato en el exterior que en el país, según lo han expresado de manera abierta el asesor presidencial Rudolph Hommes y de forma velada el ministro de Comercio Jorge Humberto Botero, no caben ilusiones acerca de lo que ocurrirá.
Que este esclarecimiento no constituye un exceso de celo queda en evidencia cuando se sabe que la inclusión o no de la frase “según el caso” se controvirtió en el Congreso con el Ministro de Hacienda, Roberto Junguito, en por lo menos tres ocasiones, y que ella se eliminó por votación en la plenaria del Senado el día en que se aprobó la ley, lo que al final no impidió que, al conciliarse el texto con el aprobado en la Cámara, el gobierno impusiera su punto de vista.
También hay que leer con cuidado las explicaciones del Ministro de Agricultura de Colombia según las cuales aspiran a negociar con Estados Unidos sus “subsidios a las exportaciones”, porque en ellas también ha dejado sentado que ni siquiera se mencionarán las “ayudas internas” a los productores estadounidenses, lo que significa que sus precios de exportación, aun si se redujeran los subsidios abiertos, seguirán siendo lo suficientemente bajos para eliminar o reducir al mínimo la producción nacional de arroz y los demás cereales, papa, cerdo, pollo, huevo, leche, palma africana, azúcar, etc.
De ahí que la “gran” estrategia de negociación de Colombia consista en acordar con Estados Unidos el número de años que pasarán antes de que los aranceles a los productos agropecuarios importados lleguen al cero por ciento, desgravación suicida que los tres últimos gobiernos colombianos aceptaron incluso antes de empezar las negociaciones del Alca. Y no hay que tener esperanzas con respecto al tiempo máximo que buscan acordar de diez, doce o quince años –plazo que, como han dicho los mexicanos, que ya lo padecieron, pasa volando–, porque, además, seguramente lo que suscribirán será un proceso de reducción arancelaria año por año, de diez en diez por ciento, por ejemplo, lo que implica que el sector rudamente golpeado, y algunos productos aniquilados, antes de finalizar el lapso que acuerden.
De otro lado, como el debate sobre el Alca o sobre un acuerdo de “libre comercio” con Estados Unidos se ha centrado en su impacto en el agro, hay muchos que piensan que el problema se limita a ese sector. Nada más equivocado. Porque las pérdidas para la industria serán iguales o mayores que las agrarias y porque dichos convenios sustituirán la propia Constitución Política de Colombia, afectando el sistema de contratación pública, las normas para resolver las controversias con el capital extranjero, la política de propiedad intelectual, las posibilidades de inversión de las transnacionales y de los especuladores financieros, los mecanismos de protección del interés nacional, el área de los servicios, en fin, todo, incluidas las relaciones laborales, el régimen tributario, el papel del sector financiero, la educación y la salud. Y esas modificaciones se harán con el peor objetivo: desconocer las diferencias de intereses entre lo nacional y lo foráneo, a partir de suponer, no obstante las enseñanzas de la historia, que las naciones débiles encontrarán su prosperidad si convierten a los magnates de otras latitudes en los diseñadores de su destino.
