Muy buenas noches. Un saludo al concejal Manuel Sarmiento, muy buenas noches a todos a quienes nos están acompañando en esta presentación. Mil gracias por estar aquí con nosotros. #EnCasa es parte del trabajo que decidimos hacer en mi oficina desde que empezó la pandemia, porque somos servidores públicos y debemos seguir trabajando en cualquier circunstancia.
¿Por qué voy a opinar en extenso sobre el San Juan de Dios, de Bogotá? Antes no era tanto el debate, pero de marzo hacia acá el tema se ha movido bastante duro en las redes. Son dos las razones que esgrimo para haber tomado esta decisión, que llevo estudiando desde hace semanas. Primera, porque se han montado de manera muy injusta una serie de acusaciones contra Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, porque la responsabilidad es en lo fundamental del alcalde Enrique Peñalosa, y la participación de Claudia López en la decisión tiene que ver con unas pocas semanas al final del proceso. Pero además, el reclamo se le ha hecho con una dosis de agresividad que no se justifica, ni en este caso ni de ninguna manera, agresividad también contra quienes la respaldamos y la ayudamos a elegir, la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo.
El senador Petro se ha ensañado en las acusaciones y una parte importante de sus dirigentes también lo han hecho, con dos argumentos. Primero, que no se debe tumbar la Torre Central del San Juan de Dios, añadiendo que hacerlo acarrearía una serie de consecuencias, un cargo que a mí juicio no corresponde con la realidad. Y segundo, porque también señalan que la torre que se tumba era decisiva en la lucha contra el coronavirus y, como vamos a verlo, tampoco corresponde con la realidad. Entonces digamos que se trata de un debate político, unos con un pensamiento y otros con otro y es lícito y positivo que se controvierta.
Además, porque aquí hay implícito un debate sobre la democracia. ¿Qué quiere decir democracia para estos efectos? Voy a hacer un recorderis. La democracia es por sobre todo, y se lo insisto en especial a los jóvenes, un problema de la forma de decidir. Por ejemplo, si un presidente de la República atropella al poder legislativo, al Congreso, es un debate sobre la forma, porque está establecido que el país es una democracia con separación de poderes. Pero el debate versa también sobre la forma como se plantean los propios argumentos y como se hacen los debates. No comparto la idea de que en la controversia política todo vale. Quiero insistir, no voy a citar textualmente muchas de las afirmaciones que se han dicho, pero hay un tono de barra brava en esta agresividad contra Claudia y creo que es equivocada, porque no le sirve de ninguna manera al país. Los asuntos más complejos han de ventilarse con ciertos criterios, sin exageraciones, sin desproporciones, y, por supuesto, obvio, sin lanzar afirmaciones que no sean ciertas, porque así el debate se degrada por completo.
El otro aspecto es de tipo personal. Yo soy arquitecto y fui profesor durante 26 años en la Universidad Nacional, sede de Manizales, como uno de los logros que me enorgullecen, y, como tal, me interesé bastante en los asuntos patrimoniales, con varios libros al respecto, uno de ellos, Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Sé entonces de qué estoy hablando. He estudiado además el caso y me he asesorado muy bien por colegas arquitectos que saben de estas cosas, lo que me ha llevado a reconfirmar que está mal planteado el debate en contra de Claudia López, y ni se diga la agresividad en contra de ella.
El lío es que un debate no puede ir a fondo con trinos de 140 caracteres. Voy a empezar entonces por contarles un poco de qué se trata la discusión. Entonces, Camilo, le pido el favor de poner unas fotos, que voy explicando para que entendamos de qué se trata el debate y para ir despejando afirmaciones que no son ciertas.
La foto que vemos (enlace a la foto) es el plano de 1910, aproximadamente, seguramente de Pablo de la Cruz, un arquitecto importante de esos días, quien hizo el diseño original del San Juan de Dios. Lo que uno ve linealmente, en la parte de abajo de la fotografía, es la Calle Primera de Bogotá, y lo que se ve al lado izquierdo de la foto es una vía que después sería la Avenida Décima. Los edificios se van a hacer poco después. Al otro extremo, contrario de la Décima, va a estar la Caracas, que no aparece exactamente en este plano. En la parte central del plano aparece lo que era el acceso principal, en esos días por la Calle Primera. Después, cuando aparece la Décima, el acceso principal terminó volviéndose en muy buena medida por la Carrera Décima. Es un plano muy típico de la arquitectura de esos días, reflejo de la que venía haciéndose desde el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, un tipo de arquitectura de edificios bajos, de unos tres pisos y de pabellones.
La siguiente foto (enlace a la foto) muestra el tipo de edificios de aquellos días, aquí llamados republicanos y que revelan la influencia europea que viene desde los siglos XVIII y XIX. Allí vemos uno de los edificios principales, la capilla, muy importante en su diseño. Fíjense que son edificios graciosos que ha valido la pena proteger, y ese fue un acierto de toda esta lucha. A la derecha vemos cómo estos edificios se encuentran en un estado grave de abandono y en muy buena medida sin uso, miren ustedes el pasto metido por entre los edificios, pero bueno, ahí están en pie, son recuperables. Es una arquitectura graciosa que vale sin duda la pena defender.
Otras fotos (Enlace a la foto). Es un detalle importante. A la izquierda, arriba, tenemos lo que se llama el Núcleo Fundacional. Son varios edificios, Capilla, San Roque, Instituto Inmunológico, San Jorge, tenían distintos nombres, pero todos dentro de un conjunto. En el dibujo se ve que todos son de baja altura y pertenecen a lo que podemos llamar arquitectura republicana. El Núcleo Fundacional, ojo con la fecha, se construye entre 1911 y 1913, a partir de un diseño de 1910.
A la derecha vemos otro aspecto del edificio como viéndolo desde la Décima. Tenemos a la derecha de la foto los llamados pabellones, construidos entre 1919 y 1922. La parte más oscura es lo que después se llamó la Torre Central. No estaba en el primer plano, el de 1910, ni aparecía en los diseños originales. Es una torre de nueve pisos que solo va aparecer en 1950, de una arquitectura bien distinta, del movimiento moderno. Y a la izquierda de la Torre Central hay un sector que se llama la Zona Sur, edificios levantados entre 1922 y 1933 y 1948 y algunos hasta de 1964 y de 1970. Advirtamos desde ya: aquí no hay edificios coloniales ni nada que se le parezca. Son todas obras del siglo XX. Es el tipo de arquitectura que estamos viendo en la foto.
El Hospital San Juan de Dios fue un conjunto de una importancia arquitectónica que a mi juicio vale la pena preservar. Pero además fue muy relevante, porque allí se hizo buena parte de la historia de la medicina en Colombia. Todos esos pabellones tenían que ver con asuntos de salud de uno u otro tipo y el San Juan de Dios fue por mucho tiempo el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se formó un núcleo importantísimo de la medicina de alto nivel de este país. En tal sentido, el Hospital San Juan de Dios se gana un espacio tanto por su arquitectura como por la calidad de la medicina y por todo lo que significa históricamente.
Sin embargo, en 1992, hace 28 años, con la avalancha neoliberal, los gobiernos deciden cerrarlo y desde el 2001 está prácticamente sin uso hospitalario, al final lo explico con más detalle. Desde que los grandes poderes nacionales tomaron la decisión de acabarlo, los trabajadores y los profesores de la universidad y los estudiantes, particularmente, se opusieron. Estoy seguro de que detrás de la decisión de acabarlo estaba el deseo de cogerse un lote de 13 hectáreas. Se le hacía la boca agua a cualquier especulador inmobiliario. Estuvieron de malas, porque se les atravesó la lucha.
Esta es una lucha bien bonita y sobre ella amerita detenerse, porque es un esfuerzo de muchos colombianos. Les voy a dar algunas fechas para que se entienda mejor cuál es el proceso. En el 2002 y hasta el 2008, un profesor de la Universidad Nacional, Jorge Arango, médico, los trabajadores y los ex alumnos de la Facultad de Medicina crearon un comité por la defensa del San Juan de Dios. En el 2002, como producto de la lucha, se aprueba la Ley 735, que decreta el área del San Juan de Dios como monumento nacional y como Hospital Universitario, una manera de protegerla contra la decisión que había de acabarla.
Y en el 2009 se interpone una acción popular, también promovida por los mismos que venían luchando, coadyuvada por los abogados de la Universidad del Rosario, producto de la cual surge otra decisión jurídica en favor de mantener vivo el San Juan de Dios. En el 2009, el Juzgado Administrativo 12 de Bogotá le ordena al Distrito de Bogotá, al departamento de Cundinamarca y al Ministerio de Cultura que se pongan en el plan de “la salvaguarda, la conservación y el cuidado” del edificio. Una decisión bien importante.
En el 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo que les acabo de mencionar. También en el 2012 interviene la Procuraduría con un hecho de gran importancia, pues el Ministerio Público plantea la necesidad de tramitarle al conjunto de edificios lo que se llama el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, diseñado para proteger los que en esos días se llamaba Monumentos Nacionales, hoy Patrimonio Cultural. El plan se le aplicó no solo al conjunto del Hospital San Juan de Dios, sino también al Hospital Materno-Infantil.
En el 2013, en otra importante decisión, el Ministerio de Cultura le da concepto favorable al trámite del PEMP, porque el Plan no opera si no es un instrumento legal. No es simplemente hacer un buen estudio de tipo académico, sino que hay que darle dientes legales. Es entonces cuando el Ministerio de Cultura le da concepto jurídico favorable y se toma más en serio la decisión de construir. La Universidad Nacional de Colombia, en asocio con la Alcaldía de Bogotá, en ese momento en cabeza de Gustavo Petro, decide hacer un estudio grandísimo, cantidad de libros, de investigaciones, y resuelve que el Plan ha de ser promovido y pagado entre el Gobierno nacional y el Distrito Capital.
La Universidad Nacional termina su estudio en 2015 y en diciembre le entrega el PEMP, un documento técnico y jurídico, al Ministerio de Cultura para que haga el trámite de legalización respectivo. Porque sin el trámite, el PEMP no tiene dientes.
Y en abril de 2016, siendo ya alcalde Enrique Peñalosa a partir de enero de ese año, el Ministerio de Cultura emite la Resolución 995, que aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del conjunto del Hospital San Juan de Dios. Ese es, en resumen, el proceso legal
Fíjense ustedes, aquí está actuando mucha gente, se trata de una lucha social importante y en ella participamos todos. Cuando recién llegué al Senado, estuve allá en el San Juan de Dios. Lo habían ocupado muchos trabajadores, defendiéndolo. El papel de los trabajadores fue importantísimo, pero participó en la lucha toda la gente de la Universidad Nacional, incluidos sus profesores. Juan Carlos del Castillo, subdirector del diseño del PEMP, es la persona de mayor nivel que puede hoy hablar del tema, porque la directora del PEMP ya falleció. Juan Carlos del Castillo escribe algo muy bonito. Afirma que la protección jurídica como bien de interés patrimonial “fue en realidad una reivindicación exigida, luchada y alcanzada por los trabajadores del complejo hospitalario del San Juan de Dios y el cuerpo médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional”. Ellos son los héroes principales, así muchos hayamos colaborado, unos más y otros menos, pero sin ellos no se había podido impedir, dice Juan Carlos del Castillo, la liquidación definitiva que se había aprobado en 1992. Uno tiene que otorgarles el mérito a quienes lo merecen.
¿Qué es lo que protege PEMP? Unos valores arquitectónicos que son evidentes, como ustedes lo han visto con algunos ejemplos. Y también unos valores históricos, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la historia la medicina y nada menos que de la Universidad Nacional de Colombia, fundamental en la construcción del conocimiento médico del país. Y mencioné también la cronología, cómo es el trámite. Resumiendo, la Universidad Nacional entrega el estudio en el 2015, pero el PEMP no se vuelve norma legal sino en abril del 2016, siendo ya alcalde Enrique Peñalosa.
Aquí hay un detalle muy importante sobre el cual debemos detenernos. Se dice que Peñalosa se puso en la tarea de hacerle una modificación al PEMP desde que se inicia en la Alcaldía. Pero el hecho sobre el cual no hay la menor duda es que el PEMP que termina convirtiéndose en norma legal, mediante la Resolución 0995 del 29 de abril del 2016, expedida por el Ministerio de Cultura, tiene una diferencia sustancial con lo propuesto por la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuál es? El primer cambio que se hace está muy localizado en los planos.
El conjunto abarca 25 edificios, pero en tres categorías, fundamentalmente. Un nivel uno, de valor patrimonial, que está aquí resaltado y que señala con toda claridad como los edificios que más se deben proteger. Hay un segundo nivel, de menor nivel, pero el Plan deja claro que no se pueden tumbar. Ahí no cabe la obra permitida de demolición ni de obra nueva. Y hay un tercer nivel, también dentro del conjunto, que como intervención, dice el PEMP, para “obras permitidas”, pero la Resolución del Ministerio dice para “demolición-obra nueva”.
En el proyecto original del PEMP de la Universidad Nacional, el edificio central del proyecto pertenecía al nivel 2 (Enlace a la fotografía). Voy a detenerme en esta fotografía. Si ustedes se fijan en ella, los edificios de techo rojo son los originales, construidos entre 1911 y 1923, unos a la derecha, en primer plano, unos más al fondo y unos a la izquierda. Y en la mitad de esos dos techos de color ladrillo se levanta un edificio grande, de una tipología completamente distinta, el conocido con el nombre del Pabellón Central, de 1950 y de arquitectura moderna, un edificio de nueve pisos erigido donde inicialmente había una zona verde.
Lo que determinaba el plan original de la Universidad Nacional es que ese edificio es de nivel 2 y no se puede tumbar. Pero el plan que aprueba el Ministerio lo pasa a la categoría 3, de contextual, que acepta “demolición, obra nueva”. Ese es el hecho. Fue a mi juicio un error grande del Ministerio de Cultura, porque el Gobierno nacional ha debido mantenerse dentro del criterio de que ese edificio tenía que ser remodelado, sí, pero mantenido. Fue una decisión de abril de 2016, siendo ministra de Cultura Mariana Garcés y Presidente de la República Juan Manuel Santos. Dejo constancia de que no he votado por Santos ni en primera ni en segunda vuelta ni nunca. Es una decisión cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Juan Manuel Santos y en el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa. Esas son las responsabilidades políticas en la modificación.
Me detengo en otro asunto no menos importante. Que el PEMP permita tumbarlo no quiere decir que se tenga que tumbar. Que el PEMP permita demolerlo no quiere decir que se tenga que demoler. Es una decisión que le corresponde tomar a la Alcaldía que tiene el control sobre el edificio, porque ya el conjunto había pasado, en la Alcaldía de Gustavo Petro, a hacer parte del patrimonio del Distrito. O sea que en últimas quien está tomando la determinación de tumbarlo es el alcalde Enrique Peñalosa. Eso está clarísimo.
Hay un detalle sobre el cual vale la pena detenerse, porque aun cuando no sea fundamental, hay que precisarlo. El edificio carga a cuestas un problema complicado. Como es un edificio de los años 50, no pasa las actuales normas de sismorresistencia, de modo que si le pega un sismo duro se puede caer. Y hoy las normas de sismorresistencia son especialmente exigentes. Hay edificios, como los de un hospital, o los bomberos, o la policía, que no se pueden caer y por ello han de ser súper reforzados. Si después de un terremoto se cae un hospital, apague y vámonos.
Para poder mantener el edificio de nueve pisos, en la idea de la de remodelarlo y no de tumbarlo, se requería una gran inversión y una gran reforma en modificación sismorresistente. La Alcaldía de Peñalosa le pide entonces a la Facultad de Ingeniería de la Universidad los Andes emitir un concepto sobre qué se puede hacer. La Facultad de Ingeniería anota que existen dos posibilidades, una reforzarlo y otra tumbarlo y hacer una obra nueva. Y lo que decide Peñalosa, no la Universidad de los Andes, es tumbarlo. La decisión la toma la Alcaldía de Enrique Peñalosa.
Lamentablemente, lo que sucedió venía ya sucediendo desde el 2016. El estudio de la Universidad de los Andes es posterior. Lamentablemente, ni cuando el Ministerio de Cultura cambia la decisión que permitía tumbar la Torre Central, ni cuando aparece este último concepto que también abre la misma posibilidad, aun cuando con la opción alternativa de mantenerlo en pie con normas de sismorresistencia, se causó una conmoción grande en el campo de la arquitectura, exceptuando ciertos reclamos de algunos académicos. Y se sabía ya que Peñalosa estaba desde el comienzo por cambiar de edificio.
En el Concejo de Bogotá se trató el tema y hubo varios votos en contra del proyecto. Los cuatro concejales del Polo votaron en contra, Celio Nieves, Álvaro Argote, Manuel Sarmiento y Xinia Navarro, fundamentalmente porque era por APP, Alianza Público-Privada, o sea, un proyecto de privatización. El debate se centró ahí. También votó en contra Juan Carlos Flores y votó en contra Hollman Morris. Pero, repito, no se inició un proceso de resistencia por parte de nadie, esto hay que decirlo con toda claridad, en contra de la decisión de Peñalosa de tumbar el edificio.
El año pasado, en octubre 11 de 2019, la Alcaldía de Enrique Peñalosa saca a licitación el proyecto para demoler la Torre Central y para construir ahí un edificio nuevo con un volumen parecido al que se iba a tumbar, con una inversión cercana a los 460 mil millones de pesos. El 17 de diciembre, ya Peñalosa terminando su periodo, dos oferentes, una firma de origen chino y una firma de origen español, dos trasnacionales, hicieron propuesta. La licitación señalaba un plazo dentro del cual había que adjudicarle al uno o al otro para hacer el proyecto en la medida en que cumplieran con los requisitos. Y la decisión de adjudicar el proyecto la toma la Alcaldía de Claudia López el 6 de febrero del 2020. Esta es la cronología de esta historia.
Es una historia que se mueve desde el 2016, cuatro años enteros prácticamente en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, y es Enrique Peñalosa el que organiza todo este proceso. La única decisión que toma en este asunto Claudia López es la de adjudicarlo a quien había ganado el proyecto, la firma de origen español.
Y a partir de ese momento desata Gustavo Petro una especie de vendaval extremadamente agresivo contra Claudia López, con el respaldo de algunos de sus amigos, responsabilizándola de todo. Muy poco se va a mencionar a Enrique Peñalosa, sino que todo es contra Claudia López, contra Claudia López, contra Claudia López, crucificándola porque adjudicó y en el fondo exigiéndole que no ha debido adjudicar, porque la avalancha se desata es después de la adjudicaciones. Pero desde 2016 el gobierno de Santos y el de Peñalosa ya habían tomado la decisión de tumbar el edificio sin que hubiera ningún vendaval en contra en toda Bogotá y en toda Colombia. Solo reventó cuando lo adjudica Claudia López.
Por qué actúa Claudia López cómo actúa. Es bien importante dejarlo en claro. Hay muchas personas que piensan que un alcalde o un presidente o incluso un senador pueden hacer lo que les dé la gana. No. En especial se lo digo a los jóvenes. Los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos esté expresamente autorizado por las normas. Si hacemos cualquier cosa que no esté expresamente autorizada por las normas, somos disciplinables, podemos ser sancionados, destituidos o encarcelados. Sin importar la buena voluntad que se tenga ni la justicia en lo que se está planteando, tenemos que cumplir con las normas.
Cuál es entonces el análisis legal en este caso. ¿Podía Claudia López alegremente aducir que, como a ella no le gustaba el proyecto y como eran cosas de Peñalosa, listo, declarar nula la licitación y todos contentos? ¿Podía hacerlo? Poderlo sí lo podía hacer, pero la pregunta es ¿lo debía hacer, era responsable hacerlo?
Cuáles eran los riesgos. El Consejo de Estado ha proferido varias sentencias, pero hay una del 2014 especialmente clara en esto de las licitaciones. Qué establece al respecto el Consejo de Estado: “El acto administrativo de apertura del proceso puede ser revocado directamente por la administración hasta antes de que agote sus efectos jurídicos”, y agrega: “Lo puede hacer discrecionalmente hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección”. Y resulta que los dos oferentes lo habían hecho en diciembre, al final de la Alcaldía de Peñalosa.
Entonces si Claudia López no hace la adjudicación sin tener razones legales de fondo, y nadie había esgrimido hasta ese momento argumentos de fondo, ni lo ha hecho todavía, corría el riesgo de meter primero a la Alcaldía en un enredo mayúsculo y terminar mal. Una decisión como esta puede dar cárcel; puede ser un prevaricato por acción que da entre 3 y 8 años de cárcel; puede ser una inhabilidad para ocupar cargos públicos de 5 a 8 años; le puede costar la destitución de la Alcaldía y una inhabilidad general para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años. Además de que si condenan al Distrito a pagar las costas de una alcaldada de ese calibre, la entidad puede repetir contra ella y quitarle hasta el último peso de su patrimonio.
Ella actúa de acuerdo con sus análisis, que yo comparto, que comparten también los abogados con quienes he estudiado el asunto, según los cuales habría sido un error garrafal desde el punto de vista jurídico tomar la decisión de hundir la licitación. Hay quienes insisten en que no, que lo ha debido hacer. Recuerdo una anécdota que se comenta mucho en el Senado. Algún presidente del Senado no sabía qué decisión tomar en relación con algún hecho y entonces los consejeros le decían hágala, que eso no hay problema. Hasta que alguien le dijo al presidente la Corporación, tenga en cuenta que quienes terminan en la cárcel por una decisión ilegal no son los consejeros, no son los que opinan. El que termina en la cárcel por una decisión ilegal es el funcionario que toma la decisión ilegal, así la tome de buena fe. Exigirle entonces a alguien en estas circunstancias que asuma lo que quieren sus contradictores políticos es una notoria desproporción.
Algunos replican, ¿y por qué sí pudo ella echar hacia atrás el Transmilenio por la Séptima, cosa que me alegra, porque nosotros luchamos contra ese Transmilenio? No cabe la comparación y quien la haga es porque carece de información completa, porque entre los dos casos media una diferencia inmensa. Es que contra el Transmilenio por la Séptima había una decisión de la Procuraduría y una decisión de un juez de la República suspendiendo el proceso. Y ambas cambian todo el proceso. Lo que terminó habiendo fue un acuerdo con ellos (con quienes hicieron ofertas) para que definitivamente se olvidaran del tema, porque ya las circunstancias eran completamente distintas. Fue lo que hizo Claudia López, otro acierto de su Administración.
En este debate ha habido muchas injusticias. Hasta el momento, hasta donde va toda esta historia y hasta el momento de la adjudicación, no habido una declaratoria de guerra ni de Gustavo Petro ni de Hollman Morris ni nadie de Colombia Humana contra Peñalosa por el proceso que venía trayendo desde el 2016. No la hay. Hay algunas opiniones, que nadie puede considerar semejantes en su saña a lo que ellos han planteado contra Claudia López.
En su programa como candidato a la Alcaldía, del año pasado, Hollman Morris lo único que dice sobre el hospital San Juan de Dios, cuando ya estaba caminando el proceso de tumbar la Torre Central, es: “Reapertura plena del hospital San Juan de Dios como lo indica la ley, como centro educativo, investigativo, de prestación de servicios de alta complejidad en red con los centros de excelencia públicos y privados de la Ciudad”. Pero no dice nada contra la tumbada de la torre, ni cruza lanzas como ahora en la defensa del patrimonio nacional, del patrimonio arquitectónico y cultural del país. No. Tampoco hay trinos. Miramos todos los trinos de Hollman Morris, y no aparece ninguno desde el 2016 para acá sobre el tema de la Torre Central. Ni siquiera lo planteó como candidato al Concejo. Sólo en marzo 13, o sea, un mes después de Claudia López haber adjudicado, se declara en guerra abierta contra la alcaldesa mayor. Y parecido hay que decir del senador Gustavo Petro. No hay nada fuerte de Gustavo Petro entre el 2016 y febrero y marzo del 2020 en contra de tumbar la torre. No lo encontramos. Si hay alguno o algún documento en ese periodo, que lo muestren. Y buscamos cuidadosamente.
Sí encontramos un trino del 22 de noviembre del 2018, después de abierta la licitación, cuando ya Peñalosa había decretado la muerte la Torre Central. Dice Gustavo Petro, en tono de pregunta: “¿No sería mejor para Bogotá y el país que los recursos para un gran contrato de construcción nueva no se invirtieran más bien en restaurar el Patrimonio Nacional de las instalaciones públicas en San Juan de Dios como iniciamos?” Hace un reclamo muy tranquilo diciendo que si no sería mejor hacer otra cosa. Pero no hay nada realmente duro en contra de lo que venía haciendo Peñalosa. Antes de eso, el 26 de julio, había dicho: “El San Juan de Dios no se recupera destruyendo el patrimonio arquitectónico como se pretende, se recupera volviendo un centro de alto nivel tecnológico para la salud pública”. Pero tampoco es llamando a la movilización y a la lucha como ahora en contra de que se tumbe la torre.
Solo se les volvió un problema y les surgió a ambos su inmensa preocupación patrimonial cuando Claudia López gana la Alcaldía de Bogotá y en las circunstancias que ya he mencionado.
Y agrego otro hecho irrefutable, que menciona el concejal Manuel Sarmiento: el PEMP que diseña la Universidad Nacional, tal y como quedó aprobado, se tramita en la Alcaldía de Gustavo Petro. La Universidad Nacional se lo entrega a la Alcaldía de Gustavo Petro, y la Resolución de aprobación que tendía a proteger el conjunto contenía las APP, las Alianzas Público-privadas como una posibilidad, con lo que yo estoy en desacuerdo y los concejales del Polo estuvieron en desacuerdo. En dos palabras, lo que hace ahí Peñalosa, ratificando las APP, está contenido en el PEMP y fue validado en distintos momentos en la Alcaldía del hoy senador Gustavo Petro.
Terminemos con un comentario breve sobre el otro tema que está por plantearse. Ya lo mencioné, pero lo enfatizo. La decisión tomada por Claudia López (el 6 de febrero de 2020) es anterior a la pandemia. Cuando el debate estalla, básicamente en marzo, ya lo del coronavirus está volviéndose un problema. Surge entonces un nuevo enfoque del ataque, también muy duro también contra Claudia López y su Administración. Se le achaca a la alcaldesa la responsabilidad por la decisión de tumbar la Torre Central, que, como ya lo expliqué, fue tramitada todo el tiempo por el alcalde Peñalosa, pero ahora con un nuevo cargo, casi de lesa humanidad: ya no se va a poder utilizar el San Juan de Dios en la lucha contra el coronavirus. Y eso se lo han martillado durísimo contra la Alcaldía de Claudia López.
Menciono antes un dato que se me ha olvidado. No se puede decir que se acaba el San Juan de Dios. Si ustedes miran con cuidado todas las fotografías, ahí no se va a tumbar sino un solo edificio. De los 25 edificios del San Juan de Dios, 24 por lo menos van a quedar en pie. Ahora, qué proyectos de medicina y de salud se irán a hacer, no sé cómo vayan a ser los desarrollos, pero ahí están los edificios y ahí sigue el San Juan de Dios existiendo y hacia el futuro espero que todas las Alcaldías sigan desarrollándolo como fue inicialmente, como un gran conjunto médico hospitalario y clínico y de todos los tipos.
Antes de salir de la Alcaldía, Petro promovió que a los dos o tres pisos bajos de la Torre Central se les hiciera algún grado de adecuación. La torre estaba muy caída y se les hizo alguna adecuación para que se pudieran utilizar. Y efectivamente se han venido utilizando, como lo hizo el alcalde Peñalosa a lo largo de sus cuatro años. Lo que ha operado ahí son manejos que se conocen con el nombre de consulta externa. No fue el hospital lo que se puso a funcionar, ni una clínica, sino un área en consulta externa. Y está bien que se haya aprovechado ese espacio.
Cuando estalla la pandemia, el senador Petro ve su oportunidad servida y junta la crisis del Covid-19 con el tema del patrimonio, tal como lo hemos visto, sin tener la razón, aduciendo que tumbar la torre era mortal para la lucha contra el coronavirus. Como él había dejado remodelado ese espacio de consulta externa, ahí lo que había que poner, según él, eran Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, tan escasas en marzo y abril como ahora. Y lo convierte en otro ataque violento contra Claudia López.
Me tomé el trabajo de hablar con médicos y con gente de la medicina. Tengo una cierta experiencia en el mundo de la salud porque mi hermano es médico, y llevo toda la vida oyendo hablar de estos temas. Y la afirmación perentoria, demostrable, que me hacen ellos es que no resulta muy fácil convertir los servicios de consulta externa en una UCI. No es factible. Dan una explicación muy sencilla. Hay hospitales y clínicas de nivel 1, 2, 3 y 4. Y me dicen: usted sólo puede poner UCI en centros clínicos hospitalarios de niveles por lo menos 3 ó 4, no en el nivel uno ni en dos y mucho menos en unas oficinas de consulta externa.
¿Por qué? Porque es que a una UCI lo que llega es gente que está al borde de la muerte, cuya atención demanda un esfuerzo inmenso, no reducido simplemente a conectarle a alguien un respirador. Un médico me decía por chat hace un momento: si usted está en su consultorio y le conecta a un paciente grave un respirador, se muere ahí mismo, porque el procedimiento necesita todo un acervo científico y tecnológico. Una UCI requiere al lado sala de cirugía, laboratorios de alto nivel para estar haciendo exámenes, un equipo de imágenes diagnósticas, radiografías, una farmacia de alto nivel, porque a ese paciente que está en una UCI hay que atenderlo con muchísimo cuidado. No se puede hacer en un área de medicina ambulatoria. Empezando porque el paciente debe estar recluido, en una situación médica y hospitalaria.
Si Peñalosa hubiera decidido remodelar la Torre, seguramente eso había sido mejor que tumbarla. Pero ojo, para poderla volver un hospital que sea útil –ya no se va a llamar el San Juan de Dios, sino el Santa Clara, y no he podido entender bien por qué Peñalosa le cambió el nombre, pero ahí va aparecer, tumbada la Torre Central–, un hospital de alto nivel, también de nueve pisos. Ahora, si Peñalosa no hubiera tumbado la Torre Central, tampoco se habría podido hacer nada en esos primeros pisos, porque el reforzamiento estructural habría exigido que los consultorios dejaran de operar. Uno no puede tener consultorios en operación cuando la estructura encima y los propios consultorios están siendo cambiados, juegos de vigas y de columnas, todo. Es realmente una desproporción plantear que ahí se habrían podido poner UCI. Ojalá uno pudiera hacer que las cosas funcionaran al pelo con el solo pensamiento.
Termino con mis conclusiones. Quienes han atacado a Claudia López por estas decisiones no tienen razón, como lo he explicado con todo detalle. Cabe criticar a Peñalosa por haber tomado una decisión equivocada. Cabe criticar al Ministerio de Cultura y al gobierno de Santos. Pero achacarle esa responsabilidad a Claudia López es una desproporción.
En lo de la UCI en el San Juan de Dios de hoy, tampoco tienen razón Petro y Hollman Morris, porque no corresponde con la realidad pretender que ahí se establezca ese tipo de medicina, no hay forma. Ahora, y si no tienen razón ambos en los dos temas en el fondo, por definición tampoco la tienen en la forma. Porque uno ni con una buena forma puede defender un mal fondo. Una idea incorrecta no se puede defender ni con lenguaje almibarado. Pero eso si a la idea incorrecta le suman ellos el lenguaje de barra brava para agredir a Claudia López, el error es doble. Es lamentable que así se esté haciendo el debate político en Colombia.
He hecho esfuerzos por mantener con altura lo que estoy diciendo dentro de lo que considero deben ser los debates. Afirmando las ideas con franqueza, pero dentro de unos límites que permitan además el debate civilizado. Les llamo la atención en especial a los jóvenes. Lo menos que uno debe esperar de un debate, gánelo o piérdalo, tenga la razón o no, es que en él aprenda la gente, aprendan quienes lo oyen, eleven su nivel, comprendan mejor los problemas, y que cada uno después tome el punto de vista que quiera tomar. Quienes tenemos responsabilidades con el país debemos hacer esfuerzos por enviar ese ejemplo para civilizar la vida política.
Muchas gracias.
Me pregunta alguien por las redes, cuáles son los criterios para decidir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. La respuesta da para un curso entero en una universidad. Se supone que se definen como bienes patrimoniales, sean arquitectónicos o culturales, porque no es solo la arquitectura, bienes que son excepcionales por sus calidades, por tener que ver con hechos históricos, por ejemplo, en el caso del Hospital San Juan de Dios, cuya historia merece preservarse. ¿Ustedes no creen que sería una tragedia que hoy no tuviéramos nada del Partenón? Miles de años ahí, una obra maestra de la arquitectura, un patrimonio de la Humanidad. O el Capitolio Nacional, u otros edificios incluso más modernos que también merecen esta categoría.
Entonces es importantísimo defenderlo. Lo segundo, cuando llega la hora de decidir qué es patrimonio, yo diría que los arquitectos, me refiero a lo arquitectónico específicamente, analizamos dos situaciones. Una, donde es muy fácil lograr el consenso. Usted dice, catedral gótica, es bien raro encontrar a alguien que esté por tumbarla. Pero hay otra serie de edificios donde surge el debate y la controversia. Miren ustedes el San Juan de Dios, con tres o cuatro niveles. Pero el primer nivel no permite tumbar nada, el segundo tampoco y el tercer lo permite, pero aconseja que ojalá no. Qué se pone como patrimonio y que no es un debate que exige conocimientos, compresiones de cosas diferentes y complejas.
La arquitectura es una especialidad bellísima. Si ustedes asisten a la Universidad Nacional o a cualquier facultad de arquitectura de Colombia y ponen ese edificio en debate, es posible que mucha gente opine que han debido respetarlo en el PEMP, pero es probable que salga gente con otra opinión. El propio Consejo de Patrimonio, un organismo técnico, avaló el cambio de uso. Por eso insisto mucho en que el debate en el tema de lo patrimonial, y lo sabemos los que estamos en la Academia, debe ser respetuoso y civilizado. Uno no puede crucificar y fusilar al otro por abrigar concepciones distintas. No. Si en algo la forma es importantísima es en temas como estos, por definición complejos y con valoraciones polémicas.
En ese sentido hago un llamado a que la academia se tome el caso del San Juan de Dios como un ejemplo de debate. Porque sobre el edificio de la Torre Central, yo sé que la gente de Arquitectura de la Nacional, unos súper duros, han expresado conceptos y puntos de vista y valoraciones que generan debates. Uno lo sabe por lo que ocurrió en este proceso.
