ENTREVISTA – Primera página – 26 de junio de 2013 | Alta funcionaria del ministerio de Hacienda explica las muy leoninas condiciones con las que con los Bonos Carrasquilla esquilmaron a 117 los municipios y se facilitó el despilfarro y la corrupción.
El jaque a los municipios: los bonos que se hicieron agua y el “matoneo judicial”
Primera Página – Agencia de Noticias – Por: David ‘Chato’ Romero
La directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, destapó el panorama de las entidades territoriales y habló de las demandas que propone para frenar los perjuicios por causa de los bonos agua. También habló de la red de matoneo judicial que acosa a los municipios. Villa señaló que “el problema no es de plata, no es fiscal. El país necesita -según la UAF- en todas sus entidades territoriales es mejorar su capacidad institucional”.
Bogotá.-Los “Bonos Agua” con los que 117 alcaldes de igual número de municipios del país dijeron financiar las obras de acueducto y alcantarillado de sus localidades son “una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo, y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento de Colombia, y es que no pueden ser reestructurables ni pueden ser prepagados”.
Ana Lucía Villa, la directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, una especie de Fondo Monetario a la colombiana, que monitorea las finanzas de los municipios y departamentos del país que afrontan problemas fiscales, se refirió sin aspavientos a esta carga de profundidad contra los “Bonos Agua”, así como a la red de matoneo judicial que acosa a los municipios, en sus declaraciones a Primera Página:
“El principal problema actual de las entidades territoriales es la judicialización de los recursos. Se organizaron de tal manera que los jueces fallan contra las entidades territoriales y les embargan los recursos” dijo Villa.
En un extenso reportaje con PP, Ana Lucía Villa no escatimó detalles para manifestar su férrea oposición frente al mecanismo de financiación que aprobaron 117 municipios. Frente a esta situación Villa también decidió poner al descubierto una situación propiciada por Alianza Fiduciaria y que pudo haber terminado en un incidente diplomático, nada menos que con los Estados Unidos.
Chato Romero: ¿por qué ha sido tan difícil para los municipios salir de esas obligaciones adquiridas mediante los llamados ‘bonos agua’?.
Ana Lucía Villa: Usted me pregunta sobre los bonos del agua, que le dicen también bonos Carrasquilla. Yo le voy a plantear lo siguiente, usted parte de un supuesto o de una premisa: la autonomía de los territorios, y tiene otra que es la obligación del alcalde de proveer agua potable a su comunidad, y es una obligación constitucional. Tiene en el mercado varias ofertas para financiar eso: el crédito de los bancos, el FIA (Fondo de Inversión del Agua) para los planes departamentales del agua, tiene también una oferta de recursos cuyo respaldo son unos bonos. La entidad territorial no recibe bonos, eso hizo carrera en la opinión pública ‘los bonos del agua’, pero eso no son bonos, lo que respalda el financiamiento de unos proyectos son unos bonos que una empresa privada estructuró con una empresa norteamericana.
Estructuraron los bonos, los pusieron en el mercado y dijeron que esa plata iba para hacer agua, ¿quién la quiere?, 117 municipios en Colombia la quisieron. La diferencia con los otros esquemas de financiamiento públicos, está en que si usted hacía el proyecto del agua a través del FIA, vigilaban el uso de los recursos, tenía quién le monitoreara el proyecto y si el proyecto no avanzaba no le giraban. La diferencia con los llamados ‘bonos agua’ es que el que colocó la plata dijo: tome la plata y déme una orden irrevocable de giro al Sistema General de Participaciones del Agua Potable; la tasa de esto (los bonos) está entre el 11% y el 17%, pero tiene un costo de oportunidad. Entonces, yo (mercado) le entrego la plata y usted (alcalde) hace con ella lo que quiera.
Un alcalde inescrupuloso dice: preste la plata y no hace la obra: explico esto porque se está atribuyendo el problema del agua a los bonos, y estamos buscando, pues, la calentura en las sábanas.
Chato Romero: Pero no está muy convencida de los bonos agua…
Ana Lucía Villa: Esa es una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento de Colombia, y es que no pueden ser reestructurables ni pueden ser prepagados. Pero así la firmó el alcalde. Cuando a mí me dicen ¿usted por qué dejó hacer eso?, respondo porque a mí no me preguntaron. Ninguno de los municipios que yo tengo monitoreados por ley 550 o ley 617 son sujeto de crédito de esos bonos.
Chato Romero: ¿Desde cuándo se empieza a detectar este problema con los bonos agua?
Ana Lucía Villa: Cuando llega el ministro Vargas Lleras, él empieza a ver que los 117 municipios que se financiaron con ese esquema no terminaron las obras o ni siquiera las iniciaron. Entonces el ministro me manda una carta y me dice: aquí hay eventos de riesgo, y el evento de riesgo que me manda son los contratos con Fiduciaria Alianza, que es la encargada de manejar esos recursos. Yo le respondo la carta y le digo que para mí un contrato de un alcalde con una fiduciaria no es un evento de riesgo.
Identifiqué qué tenía que hacer y era desligar el tema financiero del tema de la prestación del servicio; identificar de estos 117 municipios cuáles no están prestando el servicio de manera adecuada o cuáles dejaron obras inconclusas, y en eso estamos.
Chato Romero: Claro, y cuál ha sido la explicación que ha encontrado sobre los bonos agua. ¿Por qué sonaron como la salvación para los acueductos y se convirtieron en el infierno de muchos municipios?
Ana Lucía Villa: Yo he estado buscando un acercamiento con el Dr. Carrasquilla y con el Dr. Andrés Flores que fueron los estructuradores de los bonos para entender por qué no los puedo prepagar. Yo entiendo cuál es la dinámica de los bonos en el mercado.
Chato Romero: ¿por qué no se pueden prepagar?
Ana Lucía Villa: Porque tengo adicionalmente un problema enorme y es que por ejemplo, el municipio de Montelíbano, Córdoba, tenía una deuda de $2.500 millones en el tema de agua y plata suficiente de regalías retenidas para pagar los pasivos. Como la deuda sí tenía soportes, yo lo incluí en el inventario de acreencias para pagarlo rápido. Los abogados de la fiduciaria Alianza fueron e interpusieron lo que se llama una objeción ante el acuerdo de pasivos y la superintendencia (de Sociedades) lo falló en contra del municipio, y le ordenó excluir el pasivo del agua del inventario ya que no admite prepago.
Entonces yo voy a estar pagando $2.500 millones hasta el año 2.025 teniendo con qué pagarlo ya, y a una tasa del 17%, cuando la que tengo más alta hoy en día es DTF más 2.5%, es decir, que esta tasa actual no llega al 8%. Entonces, ¿qué si los bonos agua son inconvenientes desde el punto de vista financiero de una entidad territorial?, sí, ¿por qué? Porque tengo restricción de prepago o de modificar las condiciones.
Chato Romero: ¿En qué otros casos usted ha tenido que hacer seguimiento frente a los bonos agua?
Ana Lucía Villa: Casos como San Carlos en Córdoba, donde se llevaron todo el recurso y no quedó para los subsidios. Ese es un municipio que va a ser inviable, para el tema del agua potable a la vuelta de seis meses. Pero ese fue un estudio que tenía que haber hecho la entidad territorial, con el financiador o con la persona que les estaba poniendo los recursos.
¿Cuándo me entero yo de todo esto?, cuando vienen y se acogen a la ley 550, y me encuentro la deuda ahí, en esas condiciones. Otro ejemplo es el de Valledupar, el lunes posterior a terminarse el festival vallenato, recibimos en 550 (ley de quiebras) a ese municipio. Una de las principales deudas que tiene es esa, entonces yo le advierto el alcalde: yo no le puedo reestructurar esa deuda, aquí hay un fallo de la Superintendencia de Sociedades.
Chato Romero: ¿Pero cuál es la razón para que un municipio siga pagando precisamente esas tasas tan caras si las obras quedaron en el aire?
Ana Lucía Villa: Qué dicen los que defienden el tema: que los bonos son mercado público de valores y no se sabe en manos de quién esté el bono. Luego no puedo cambiar las condiciones a un inversionista, y mucho menos si el respaldo financiero lo tiene un inversionista extranjero.
Chato Romero: Y por eso se seguirá pagando como si nada…
Ana Lucía Villa: Hay un fallo de la SuperSociedades, que es el juez natural de los acuerdos de pasivos, y me toca acatarlo así yo no esté de acuerdo, y segundo, la abogada de Fiduciaria Alianza fue a reunirse con los inversionistas norteamericanos y el embajador de Colombia en Estados Unidos, el Dr. (Carlos) Urrutia. La abogada les dijo que yo estaba incitando a los municipios a no pagar los bonos del agua, cosa que me tocó aclarar en una misiva del Sr. Ministro al Embajador. ¿Qué alegaban ellos?: que estábamos poniendo en riesgo la inversión extranjera.
Chato Romero: Y en ese caso ¿cuál era el paso a seguir?
Ana Lucía Villa: Que las entidades territoriales adelanten acciones judiciales, ¿por qué? porque toda la actuación, tanto de Konfigura, como de Fiduciaria Alianza tiene un marco legal ligero, esta fue una decisión mala de los alcaldes. Qué me toca a mí, y ya me mandaron decir, si usted nos aplica medidas correctivas en agua, como suspensión del giro, por ejemplo, se los cobro por la vía judicial.
Chato Romero: ¿o sea que hay una persecución por ese lado?
Ana Lucía Villa: Es la captura de recursos públicos, como ya hay tantos mecanismos de control, están acudiendo a la vía judicial.
Chato Romero: Y ¿en dónde ha detectado esa judicialización?
Ana Lucía Villa: Tengo algunas entidades en una situación crítica y las tengo en esa situación porque las estamos peleando con otras instituciones. Usted tiene la región de Córdoba, por ejemplo, que es una región rica, desde el punto de vista agropecuario, minero y de fuentes hídricas. De los 30 municipios de Córdoba, tengo 15 en Ley 550, la Gobernación y la ciudad capital. Y tienen Cerromatoso y ganado, pero tienen bandas criminales que capturan los recursos de los territorios.
Usted me preguntaba cuál es el principal problema que ha encontrado a esta altura, si no es de plata sino de capacidad institucional, entre comillas lo resolvemos. Actualmente el principal problema de las entidades territoriales es la judicialización de los recursos: se organizaron de tal manera que los jueces fallan contra las entidades territoriales y les embargan los recursos.
Chato Romero: ¿Cómo se organizaron?
Ana Lucía Villa: Por ejemplo, en el caso Montelibano, Córdoba, cuando uno va a revisar encuentra acreencias inexistentes, pero que tienen el fallo de un juez. Usted llega a la Alcaldía y no encuentra los soportes que respaldan que a “don pepito Ordoñez” se le estén debiendo $2.000 millones; yo no sé por qué le debo a “don pepito Ordoñez” esos $2.000 millones. No hay trazabilidad de lo que generó ese pasivo, pero ¿qué tengo sobre la mesa? un fallo de un juez. Entonces, voy al juzgado y busco los antecedentes de este fallo. La respuesta que encuentro es: “No es que como este Juzgado se quemó pues no hay antecedentes”, lo único que no se quemó fue el fallo.
Chato Romero: ¿Y entonces?
Ana Lucía Villa: Donde usted ponga un mapa, donde usted tenga regalías, tiene estos negocios. Ponga un mapa, y usted se encuentra a Ciénaga, Tolú, Tolú Viejo, Coveñas, donde hay un transporte importante de hidrocarburos. Todo Córdoba, todo Sucre. Usted lo que se encuentra en esas regiones son las montañas de fallos judiciales. La rama judicial es una rama del poder público, autónoma y frente al fallo de un juez usted no puede hacer nada distinto a acatarlo.
Chato Romero: Caramba y ¿en dónde más ha detectado ese caso de matoneo o de persecución?
Ana Lucía Villa: Ese era el problema del Chocó. Yo no sé si hace poco usted vio en Revista Semana el abogado que vive en Medellín, en un Palacio de mafioso, que vive de embargarnos. El señor que fue representante a la Cámara, Odin Sánchez Montes de Oca. Ellos son varios hermanos y hoy en día ellos tienen una hermana en el Congreso (Astrid Sánchez Montes de Oca quien reemplazó al senador de los 50.000 votos, Eduardo Merlano). El señor tenía una firma de abogados que se llama Montes de Oca y Asociados. Entonces, pusieron el gobernador del departamento que era Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Dígame, cuándo iba a salir el Chocó de eso, donde el hermano es el que tiene la firma de abogados que embarga al departamento y yo soy el gobernador. Y además, mi hermana es la secretaria que maneja la salud y mi cuñada es la que maneja el sector de la educación.
Y salen injustamente, y de eso he protestado en todos los tonos pero nunca lo han sacado en los medios, a decir que el Chocó es una región olvidada del Gobierno. No hay departamento en Colombia al que el Gobierno le haya puesto más cuidado que al Chocó, pero es un hueco sin fondo, con una clase política corrupta, capturándose el departamento en la salud, en la educación y en la infraestructura.
Chato Romero: Lo que no me ha quedado claro es cómo funciona el matoneo judicial.
Ana Lucía Villa: Entonces, por ejemplo, en nombre de un pasivo laboral, de respetar los derechos de los trabajadores, usted se encuentra con que ese pasivo ya se pagó, pero los abogados le compran la acreencia laboral o al pensionado o al trabajador por el 30% y cobran hasta el 200% a la entidad territorial. Ese es el negocio.
Chato Romero: ¿Pero por qué los cobran de nuevo si se supone que ya pagó el pasivo?
Ana Lucía Villa: Porque crean el pasivo, fabrican el pasivo y lo dejan engordar. Que es lo que me está pasando con San Andrés y Providencia; oiga esto: la gobernadora terminó el acuerdo, prepagó la deuda que le faltaba por pagar y estamos listos. Prepagó el 22 de Febrero. Al 22 de Marzo, al 22 de Abril y ayer hizo 3 meses, y no me firmó el acta de terminación. Quiere seguir protegida por la ley 550. Y eso está bien, yo le digo, pero paciencia porque… hagan el comité, porque esto puede ser una irregularidad también, porque si ya pagó los pasivos no puede seguir bajo esta figura.
Chato Romero: y digamos, ¿todos estos municipios también presentan este tema como de persecución judicial para crear pasivos?, ¿no hay región que se salve?
Ana Lucía Villa: Desde mi punto de vista la más crítica es Córdoba y le sigue Sucre. Sucre tiene pasivos del sector salud y educación. ¿Por qué se ensañan en esos dos sectores?, porque esos dos sectores tienen mucha plata.
En educación, la que usted quiera, entonces salen fallos de $100.000 millones, $140.000 millones y uno dice, pero si esto lo pagamos el año pasado y lo cruza y se encuentra que es un fallo judicial. Ese tema se nos ha dado en dos oportunidades en Sucre y una vez en la Guajira.
El caso de la Guajira, recuerdo muy bien, valía $23.000 millones, se pagó por como un adicional del sobrecosto educativo y al año siguiente salió un fallo.
David Chato Romero: Y tocó volver a pagar esos $23.000 millones…
Ana Lucía Villa: Cuando yo le digo a usted que el problema de Colombia no es de plata… lo invito a que me crea, no es de plata, es de capacidad institucional. De reglas de juego, ajuste moral.
Entonces en lo que hay que ir avanzando es en un fortalecimiento institucional. Que el departamento sea capaz de responder a las demandas y responda a tiempo hasta que se vaya extinguiendo ese negocio, porque eso es un negocio, entre los abogados, jueces inescrupulosos y magistrados de tribunales inescrupulosos.
