Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 18 de mayo de 1997.
Hay gravísimos problemas en el sistema Upac. Es cada vez más difícil encontrar quien sea capaz de adquirir vivienda, lo que arruina a muchos constructores y entraba el flujo entre los recursos que captan las corporaciones y los capitales que deben colocar. Pero lo que es peor, ha crecido la cartera morosa a niveles nunca vistos y ya muchos deudores -en trance de perder hasta los ahorros de todas sus vidas- buscan formas organizativas que les permitan conseguir del gobierno salidas a sus dolorosas realidades. Como otra evidencia de lo que ocurre, abundan los análisis y propuestas al respecto y ya la propia Superintendencia Bancaria tuvo que tomar medidas sobre el problema, aunque lo hiciera de manera a todas luces insuficiente para resolverlo.
En estas circunstancias el momento es propicio para explicar cómo funciona el sistema Upac, una forma de financiación tan común como incomprendida en el país. Para empezar a dilucidar el enredo debe saberse que aunque los deudores suelen emplear amortizaciones con cuotas crecientes, también pueden acogerse a pagos fijos. Lo que inclina la balanza en la decisión es que los pagos que crecen empiezan con un monto bastante inferior a los que permanecen iguales. Por ejemplo, en un préstamo de un millón de pesos e intereses totales del 29 por ciento (23 por ciento de corrección monetaria y 6 por ciento de interés) el plan de cuota creciente puede empezar con un pago de $10.600, en tanto que el de abono fijo debe cancelar $22.780. Claro que la cuota número 180 del primero (a los 15 años) será de $124.570, mientras que la última cuota del segundo será de los mismos $22.780. En este ejemplo, en el plan de cuota fija el préstamo se pagará cerca de cuatro veces; en el de cuota creciente, alrededor de ocho.
Como es notorio, además de la masa total de dinero que se termina pagando, la diferencia reside en que con el sistema de cuota creciente más familias pueden acceder al crédito que con el de pagos fijos, aunque sus ingresos al momento de endeudarse sean iguales. Esto es posible porque al deudor que paga con amortizaciones crecientes le prestan el capital y, además, le dan en crédito por un tiempo parte de los intereses que no podría pagar y sobre los cuales, a su vez, también le cobran intereses. Por razones obvias, el éxito del sistema de pago creciente exige que el deudor aumente sus ingresos durante los 15 años en que cancela la deuda y que los intereses totales no suban demasiado.
El sistema Upac fue inventado para estimular la industria de la construcción mediante un truco financiero que permite aumentar los compradores sin mejorarles sus ingresos, en un momento en que el gobierno decidió convivir con tasas de interés bastante más altas que las que regían antes de la constitución de las corporaciones de ahorro y vivienda. La división de la tasa de interés en “corrección monetaria” e “interés” es en lo fundamental un manejo semántico que evita el anatocismo, porque permite “cobrar intereses sobre intereses sin violar el Código del Comercio en lo que se refiere al cobro de intereses sobre intereses”, como se explicara en el libro del BCH “El sistema colombiano de ahorro y vivienda”.
Si el sistema funcionó sin mayores contratiempos en los años anteriores fue porque siempre se tuvo el cuidado de no usarlo para financiar a sectores populares, ajenos por definición a la estabilidad laboral y a los ingresos crecientes, y porque la tasa de interés total (“corrección” más “interés”) se movió en los niveles del ejemplo atrás anotado. Pero en esta etapa de la vida nacional, cuando esos intereses se ubicaron alrededor del 40 por ciento y cuando a ello se sumaron la pérdida de los empleos y los menores ingresos de las capas medias, es apenas natural que muchos no puedan cancelar sus deudas.
Cuando las economías de mercado se hunden, como le está ocurriendo a la colombiana, primero se quiebran los deudores, azotados también por las altas tasas de interés, y después empieza el viacrucis de los banqueros, favorecidos en el inicio de la crisis. Pero también suele suceder que, en ese segundo momento, los Estados acudan al “rescate” del sector financiero, en la conocida figura de la “socialización” de la pérdidas, como ocurrió en la última crisis mexicana, en la que el gobierno ha comprado deuda de alto riesgo por 17 mil millones de dólares, pero una vez legiones de deudores quedaron en la inopia. ¿No será más razonable darle marcha atrás al modelo neoliberal, que de manera evidente desbarata la economía nacional, y que el gobierno haga el “rescate” de los entrampados antes de su ruina?