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El problema indígena debe ser atendido

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 31 de octubre de 2008 La inmensa movilización de los indígenas colombianos, de la que la del Cauca es la mayor mas no la única, porque también han protestado, entre otros, los del Valle, Risaralda, Caldas, Chocó, Nariño y La Guajira, ha puesto otra vez sobre el tapete un gran debate: […]

Indigenas

Hace 9 años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 31 de octubre de 2008

La inmensa movilización de los indígenas colombianos, de la que la del Cauca es la mayor mas no la única, porque también han protestado, entre otros, los del Valle, Risaralda, Caldas, Chocó, Nariño y La Guajira, ha puesto otra vez sobre el tapete un gran debate: ¿Existen poderosos argumentos para las protestas, porque hasta puede hablarse de la existencia de un problema indígena, en el sentido de los maltratos, discriminaciones y carencias de los que han sido víctimas estos compatriotas durante siglos? ¿O los indígenas luchan porque son parte de una conspiración en contra de un gobierno que sí les ha atendido a cabalidad sus reclamos, por lo que hay que rechazarles sus peticiones y denunciarlos como malos miembros de la sociedad y hasta partidarios de la lucha armada?

Que el actual gobierno coincide con la segunda teoría es evidente, según lo muestra el trato que les ha dado a las peticiones y protestas indígenas y el desdén con el que Álvaro Uribe se refirió a las pruebas aportadas por la prensa extranjera acerca de que la tropa sí había disparado contra ellos. Pero hay, además, pruebas irrefutables de que el gobierno manipula las cifras para indisponer a la opinión contra los indígenas, presentándolos casi que como insaciables latifundistas. Expresando verdades a medias, que suelen ser falsedades completas, el presidente Uribe y el minagricultura Arias han dicho que los indígenas, que son el 2.2 por ciento de la población del país, poseen el 27 por ciento del territorio nacional, porque el área de los resguardos llega a 31.2 millones de hectáreas. Y han agregado que los indígenas del Cauca, que representan el 26 por ciento de la población del departamento, poseen el 30 por ciento de su territorio.

Pero la verdad es que 24.7 millones de las hectáreas mencionadas están en la Orinoquia y la Amazonia, donde apenas habitan 70 mil indígenas y en las que no puede establecerse producción agropecuaria que valga la pena. También se oculta que del área restante, apenas 3.12 millones de hectáreas tienen buenas posibilidades productivas –si el gobierno respaldara su explotación, cosa que no hace–, pues el resto son desiertos, páramos y zonas de reserva forestal. Y constituye una astucia comparar el número de indígenas y las tierras que poseen con todos los habitantes del país o del Cauca, pues es obvio que la comparación válida debe circunscribirse al mundo rural. Si así se hace, resulta que las comunidades indígenas representan el 14.3 por ciento de los habitantes del campo y poseen el 6.7 por ciento de las tierras rurales del país y que en el Cauca son el 43 por ciento de quienes viven en el campo y tienen el 30 por ciento del área del departamento.

A su vez, los indicadores de empleo, ingreso, vivienda, salud y educación de los indígenas son iguales o peores que los del promedio de los habitantes rurales y este, a su vez, es inferior al urbano y a la media nacional, de donde sale que en la Colombia de las pobrezas y miserias la peor parte la llevan indígenas y campesinos. Es, entonces, el colmo de los colmos azuzar enfrentamientos entre campesinos e indígenas, para cobrarles a estos últimos el que posean una mayor capacidad de reclamo ante las autoridades.

Los indígenas también se movilizan por el flagrante incumplimiento del Estado a pactos suscritos con ellos en 1999, por la aprobación de leyes como la mal llamada ‘de desarrollo rural’ y la reforma al Código de Minas, que los afectan negativamente y que no les fueron consultadas de acuerdo con los compromisos estatales con la OIT. También repudian el TLC, en contra del cual votaron en consulta popular el 98 por ciento de los indígenas caucanos porque les provoca graves daños, exigen que Colombia suscriba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, acuerdo de la ONU aprobado por 143 países, y claman porque les han asesinado 1.243 de los suyos desde 2002, a pesar de que sus organizaciones han rechazado como las que más la lucha armada.

En el fondo de las posiciones que les niegan a las comunidades indígenas hasta el derecho a reclamar suele estar el racismo, concepción que carece de toda base científica y que se usa para convertir las diferencias naturales –el color de la piel o los rasgos faciales, por ejemplo– en pretextos para acusar a ciertas poblaciones de ser seres inferiores que se merecen la peor de las suertes, para con ello justificar opresiones nacionales o escandalosas diferencias sociales. Un país democrático debe reconocer que esta parte de la nación sufre por pertenecer al pueblo colombiano y, además, por ser indígena. Un gobierno democrático debe atender sus peticiones con prontitud, seriedad y generosidad.