Boletín de prensa
Reforma de poderes de Santos les extiende la justicia política a más funcionarios. La justicia política es la negación de la justicia en derecho. Salvo el Presidente, todos los ciudadanos deben someterse a la justicia en derecho.
La bancada del Polo rechaza las propuestas del presidente Santos, la anterior y la expuesta anoche, de mantener la justicia política para favorecer a unos cuantos privilegiados y extendérsela a más funcionarios. Salvo el Presidente, el resto de colombianos deben someterse a la justicia en derecho.
De acuerdo con las normas de hoy, el Presidente de la República, los magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación son juzgados por el Congreso, por lo que tienen el privilegio de gozar de una justicia política que genera impunidad, como lo ha demostrado el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, bien llamada de “Absoluciones”. En cambio, el resto de ciudadanos están sometidos a una justicia en derecho dictada por jueces y magistrados, que sí fallan de acuerdo con criterios jurídicos y no políticos.
El único funcionario que debe ser juzgado por el Congreso es el Presidente de la República. Sin embargo, la mal llamada reforma de “equilibrio de poderes” no soluciona este problema. Por el contrario, lo profundiza. Porque amplía el número de funcionarios –Vicepresidente, Procurador, Defensor del Pueblo y al Contralor– a los que se les aplicaría la justicia política.
“La Comisión de Aforados de la reforma de Santos es un remedo de la Comisión de Absoluciones”, pues los altos funcionarios seguirán siendo juzgados por el Congreso. Por estas razones, el Polo mantiene su propuesta de reforma de poderes, en la que todos los funcionarios, a excepción del Presidente, sean juzgados por jueces y magistrados que fallen en derecho, no de acuerdo con las conveniencias políticas.
Jorge Enrique Robledo Alirio Uribe
Vocero en el Senado Vocero en la Cámara de Representantes
Bogotá, 25 de marzo de 2015
