Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 10 de Abril de 2003.
Se sabe que el 2003 ha sido en México un año de grandes protestas de los agricultores y productores pecuarios, que hasta han incluido tomas del Congreso y de vías por parte de campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios. Incluso, doce organizaciones agrarias crearon “El Campo No Aguanta Más”, frente gremial que busca la moratoria del apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el acuerdo que el gobierno firmó a sus espaldas y que consideran la causa principal de sus problemas.
En su declaración constitutiva, “El Campo No Aguanta Más” señala: “Hoy, en este primer minuto del año, primer minuto del décimo año del TLCAN, se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y Canadá, con excepción del maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar de caña (que mantendrán alguna protección hasta el 2008). Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía un precaria subsistencia de las cadenas básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo, pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidios del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México”.
El acabose del agro se inició en 1982, cuando el Fondo Monetario Internacional impuso un Plan de Ajuste Estructural que golpeó los precios de garantía para los productos del agro y redujo la inversión pública en el sector, al tiempo que empeoró el crédito especializado, todo lo cual preparó a México para no poder competir con unas importaciones que se dispararon cuatro años después, una vez ingresó al GATT, el instrumento de las grandes potencias que le dio origen a la Organización Mundial del Comercio. En ese entonces –y con una franqueza que aún no se ha oído en Colombia– el Ministro de Agricultura señaló que “en el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos… de 25 millones hay que reducir la población a unos cinco millones”, política que viene desarrollándose con entero éxito, dado que la miseria ha generado una expulsión masiva de habitantes del campo.
Otros datos aportados también por Víctor Quintana, especialista en este tema, muestran el desastre provocado por el “libre comercio”. En 1995, las importaciones agropecuarias de Estados Unidos eran 3.254 millones de dólares y las exportaciones a ese país llegaban a 3.835 millones de dólares. Y en 2001 –todavía con protección, como se vio atrás– lo importado pasó a 7.415 millones de dólares y lo exportado a 5.267 millones de dólares, con lo que de un superávit de 581 millones de dólares se pasó a un déficit de 2.148 millones de dólares, a lo que puede agregársele otro dato que vale la pena: el valor de las importaciones de comida de México en el período es casi igual al total de su deuda externa, que llega a unos 78 mil millones de dólares. Esta enorme pérdida se debe a que, en 1990, las compras externas de los diez productos básicos de la dieta nacional llegaban a 8.7 millones de toneladas, mientras que en el 2001 sumaron 18.5 millones de toneladas. A tanto han llegado las cosas, que la carne de res importada representa el 38 por ciento del consumo. Y las exportaciones de México a Estados Unidos, para peor, se concentran en el café de siempre y en alimentos secundarios como jojoba, alcachofa, apio, berenjena, calabaza, chicharo, chile, espárrago, jicama, nopal, ocra, pasita, tamarindo y jitomate, los cuales, en proporciones crecientes, despachan las transnacionales norteamericanas.
Las causas de esta incapacidad para competir no tienen misterio: cada trabajador mexicano en el campo genera veinte veces menos valor que cada uno de sus pares estadounidenses, porque, entre otras razones, mientras en Estados Unidos hay 1.6 tractores por trabajador rural, en México hay dos por cada cien, a lo que habría que sumarle que los subsidios estatales llegan a 21 mil dólares por cada uno en Estados Unidos, contra 700 dólares por cada uno en la tierra de los manitos.
Y si esto pasa en México –el país de América Latina mejor localizado para tener “éxito” en la lógica de la globalización neoliberal– ¿qué le pasará a Colombia con el ALCA, cuando Bush ha dicho que este acuerdo “es un TLCAN ampliado a todo el continente”?
