Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 19 de junio de 2003.
Luego de decidirlo con el mayor sigilo, en 1992 el gobierno de César Gaviria puso un aviso en la prensa de Estados Unidos anunciando la venta de Telecom. Y si su privatización fracasó fue porque se la impidió la lucha de los trabajadores de la Empresa, quienes actuaron con la solidaridad de casi todos los colombianos. Esta enajenación se intentó, incluso antes de expedirse las leyes que santificaron las privatizaciones, en razón de que las telecomunicaciones, por sus altas rentabilidades, encabezaron la lista de los activos oficiales que el FMI decidió pasarles a las transnacionales, y porque Telecom era, junto con Ecopetrol, la empresa oficial que más riqueza le transfería al Estado colombiano. Vendrían luego once años de maniobras tendientes a conseguir lo que no lograron inicialmente.
El siguiente paso consistió en usar el peso del Estado para excluir a Telecom del negocio de la telefonía celular y entregárselo a un par de monopolios privados, con lo que empezaron los sufrimientos para las finanzas de la Empresa, y para los colombianos que padecemos por los abusos de las transnacionales de los celulares.
Para 1997 Telecom todavía tenía un futuro despejado, como lo demostró el estudio realizado por Eduardo Sarmiento Palacio. De acuerdo con este, la Empresa era “un monopolio natural altamente eficiente”, que tenía “unos de los mejores índices de gestión” medidos “en tarifas, cobertura, expansión, inversión y productividad”, superando a los de las telecomunicaciones ya privatizadas de Argentina y México. Y también señaló que las pensiones de los trabajadores “son un no problema”, porque Telecom tenía “los medios suficientes para cubrirlas”.
Pero Sarmiento también advirtió que la decisión, en ese momento en ciernes, de obligar a Telecom a cederles sus equipos a dos empresas privadas para que le compitieran, amenazaba en materia grave sus finanzas. Este afirmó que “es difícil encontrar un negocio más malo para el país”, porque Telecom y el Estado recibirían 300 millones de dólares por una sola vez, a cambio de perder 200 millones de dólares anuales. Y los hechos confirmaron sus advertencias: a diciembre de 2000, la participación de Telecom en el mercado de Larga Distancia Nacional disminuyó en 24 por ciento y la de Larga Distancia Internacional en 34 por ciento, a lo que se le sumó la baja del precio de las llamadas al exterior. Y también afectaba negativamente sus finanzas que tuviera que operar en 580 municipios donde la telefonía no puede ser rentable, lo que le costaba transferir medio billón de pesos en subsidios al año.
El puntillazo a las finanzas de Telecom también corrió por cuenta de las políticas neoliberales, mediante los contratos de riego compartido o joint ventures, que Semana llamó “el peor negocio de la historia”. Porque en un acuerdo supuestamente diseñado para que Telecom no pusiera ni un peso –pues la plata la pondrían las transnacionales–, entre lo que ya ha pagado y lo que seguramente tendrá que pagar, en buena medida por condenas en tribunales de arbitramento, debe llegar a 2.058 millones de dólares, con lo que unas líneas telefónicas que en el mercado valen a menos de 500 dólares cada una, le van a salir a 2.170 dólares.
El final de este recuento es peor que la misma historia. A la brava, en un acto de autoritarismo que hasta incluyó el empleo de la policía, el gobierno de Uribe Vélez liquidó a Telecom y desconoció los contratos que el Estado había suscrito voluntariamente con los trabajadores, al tiempo que dejó en claro que los muy leoninos firmados con las transnacionales de los joint ventures sí los cumplirá en cualquier circunstancia. Y no obstante que afirmó que la empresa encargada de reemplazar a Telecom no será privatizada, la creó como sociedad anónima y con un “código de buen gobierno”, figuras jurídicas que no pueden tener otro propósito que ponerle en venta sus acciones. A lo anterior le sumaron una auténtica campaña de verdades a medias y mentiras completas tendientes a meter el cuento de que todo se debió a los “privilegios” de los trabajadores y a los “desmanes” de su organización gremial, con lo que los neoliberales confirmaron que quieren un país donde solo prosperen los monopolios privados, ojalá extranjeros, en el que brillen por su ausencia los sindicatos, de forma que puedan asegurarse unos trabajadores sometidos y mal pagos, y en el que, como si fuera poco, les estemos para siempre agradecidos.
