LA ASTUTA EVASIVA DEL MINISTRO DE SALUD
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, septiembre 9 de 2016.
En días pasados hice mi quinto debate sobre Saludcoop y las demás fallas y corruptelas del pésimo sistema de Salud, en el que se sufre y se muere por males que la medicina sabe curar. Su detonante, dije, fueron las escandalosas declaraciones del Fiscal Perdomo de que no había decidido al respecto porque no podía demostrarse la corrupción en Saludcoop, porque los $1,4 billones de la sanción de la Contraloría eran el seis por ciento de esa suma y porque no había claridad jurídica sobre los recursos de la salud (http://bit.ly/2cLm8yl).
En el debate controvertí al Fiscal recordando que Saludcoop había sido sancionada por la Superintendencia de Salud por 627 mil millones de pesos –con el respaldo del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado–, por la Contraloría por 1,4 billones de pesos y por la SuperIndustria como parte del cartel de la salud. Que la Procuraduría multó y sancionó con 18 años para no ejercer cargos públicos a Carlos Palacino. Informé de dos decisiones recientes de la Contraloría por fraudes con sobreprecios de medicamentos y recobros al Fosyga, por 42.591 y 50.914 millones de pesos, contra Cafesalud y otras EPS. Que el CID de la Universidad Nacional demostró sobreprecios en medicamentos del Grupo Saludcoop por 800 mil millones de pesos y que en la Fiscalía duerme una denuncia por ocho mil cheques, por 27 mil millones de pesos, que la EPS le cobró al Fosyga pero que no pagó.
Expliqué que la base del desastre es la Ley 100/93, que convierte en ganancias de las EPS lo que debería ir a médicos, medicamentos y procedimientos y sus gerentes tienen como primer deber, no la salud de las personas, sino las ganancias de sus accionistas. Detallé cómo de lo peor de la Ley son sus criterios y normas como para ángeles, que le impiden al Estado controlar y facilitan robarse la plata de la salud. Y rechacé que Alejandro Gaviria no hubiera cerrado el boquete del saqueo de los recursos con el pretexto de su administración, a pesar de lo ordenado por la Ley 1438 de 2011 y por la Corte Constitucional.
Demostré el fracaso del Ministerio de Salud como administrador de Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, cuyas quiebras han dejado a millones de colombianos con un pésimo servicio de salud, deudas enormes con las IPS públicas y privadas e innumerables maltratos a sus trabajadores. Advertí que Cafesalud puede generar una crisis sistémica en el sector porque su patrimonio negativo va en un billón de pesos y las pérdidas mensuales en 56 mil millones. Y citando al presidente de esa EPS, expliqué los descaros de varias corruptelas.
Recordé que los interventores oficiales de Saludcoop actuaron como Palacino, pasándole ilegalmente a la EPS 700 mil millones de pesos de la salud, e intentaron tumbar, demandándola, la sanción de 1,4 billones de pesos de la Contraloría. E informé que esa suma se perdió porque el liquidador de Saludcoop, contra la ley, le negó su naturaleza parafiscal y porque la Unidad Nacional y el Centro Democrático cambiaron la ley aplicable por la 1797 de 2016, poniéndolos como deuda quirografaria, de quinta categoría.
Expliqué que la inacción de la Fiscalía tuvo origen en los contratos por 4.953 millones de pesos de Eduardo Montealegre con Saludcoop, que crearon una ruta jurídica –inaceptable, según las autoridades– para convertir en privados los recursos públicos de la salud.
Denuncié que desde 1993 el verdadero ministerio de salud son las EPS, que someten a tantos con los 39 billones de pesos de la UPC de la salud. Y señalé los vínculos con las EPS de Alejandro Gaviria y de su esposa y de Juan Carlos Echeverri, Sergio Díaz-Granados y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de Palacino y directivo de Cafesalud prepagada, es contratista de Saludcoop y Cafesalud por 5.505 millones de pesos y preside la junta directiva de la Nueva EPS (http://bit.ly/2c6oy8n).
¿Y saben cómo respondió el ministro Alejandro Gaviria? Increpándome, descalificándome de plano, por decir lo que dije, en vez de elogiarle sus supuestas grandes ejecutorias. Qué cómo me atrevía a denunciar estos hechos, que no refutó, en vez de postrarme ante las medallitas que brillan en su pecho… y que se pone él mismo (http://bit.ly/2cKPzPD).
Coletilla: en el plebiscito no se votará si nos gusta Santos. Si así fuera, los polistas votaríamos no. Lo que decide es si se desarma ya a las Farc, dándole fin a una violencia que nada bueno le dejó al país. Castigar a Santos votando No es castigarse a sí mismo.
EL CASO MEDIMÁS EPS EN CINCO ARTÍCULOS
LOS ELEFANTES DE CAFESALUD-SALUDCOOP
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, junio 2 de 2017.
Es muy difícil encontrar un negocio menos transparente que la venta de Cafesalud-Saludcoop (que le dio origen a Medimás). Tan oscuro, que no han dicho nada ni el presidente Santos ni el ministro Gaviria, intentando meternos el cuento de que un negocio de ese tamaño –en el que el favorecido recibirá cinco billones de pesos anuales– pudieron decidirlo solos la liquidadora y el Supersalud, un funcionario de menor nivel. Tampoco registra antecedentes que el precio base de la falsa subasta apenas se conociera el día de la adjudicación y que nadie responda a las preguntas del público por un “pacto de confidencialidad”. Y porque, además, la Procuraduría denunció, antes de la venta, los numerosos elefantes que se pasearon por la operación (http://bit.ly/2r5VfKn).
No habría subasta, advirtió el ente de control. Y no la hubo porque el consorcio ganador, Prestasalud, ofreció por Cafesalud contributivo, Cafesalud subsidiado y las clínicas de Esimed, en tanto Colsanitas ofreció solo por Cafesalud contributivo. El uno ofreció por papayas y el otro por aguacates. Cero competencia, adjudicación a dedo, que con dolo presentaron como una puja que aumentaría el precio de venta. Además, como los compradores son un consorcio conformado por 180 clínicas y hospitales, estas van a actuar a la vez como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y aseguradora (EPS), contraviniendo la Sentencia C-197 de 2012 de la Corte Constitucional. Y criticó también que no se exigiera, como suele hacerse, “que cada uno de los integrantes cumpla con la experiencia específica debida”, refiriéndose a que no conocen el negocio del aseguramiento propio de las EPS.
La Procuraduría también le advirtió al gobierno que la integración vertical, cantada en este caso, debe llevar a que Prestasalud contrate en exceso con las clínicas que son sus dueñas, dañando la calidad de los servicios a los pacientes y la operación del resto de las IPS tanto públicas como privadas, al perder o reducir su posibilidad de atender a seis millones de pacientes. Y con total frescura, el Supersalud dijo que el límite legal del 30 por ciento para la integración vertical no operará para este negocio (!!!). ¿Hecha la ley, hecha la trampa o introdujeron la trampa en la ley?
La Procuraduría advirtió que Prestasalud no puede cruzar las deudas de Cafesalud con sus propias clínicas –compensarlas–, según se terminó acordando, para pagar una parte de los 1,45 billones de pesos que se comprometió a cancelar. Porque ello está prohibido en el Estatuto Financiero y porque a la hora de pagar los 2 billones de pesos de deudas de Cafesalud con las IPS se daría un trato privilegiado para las que conforman el consorcio comprador, en detrimento de las restantes clínicas y hospitales a las que les debe. Este reclamo se agrava porque Prestasalud, además, podrá pagar lo ofrecido a lo largo de cinco años. “Pagó con papelitos”, dijo un conocedor.
De otra parte, en un artículo que Semana con razón tituló “Las cuentas poco claras de la venta de Cafesalud”, se señala, entre otros, que los pasivos de la EPS suman 2,9 billones de pesos, frente a un precio de venta de 1,45 billones, diferencia enorme aun si el pago de la operación fuera inmediato y en dinero contante y sonante y que pone en cuestión si los compradores tienen la capacidad para atender las necesidades de seis millones de pacientes (http://bit.ly/2qNYimE), incluido revertir la pésima atención que hoy se les presta, problema gravísimo que ha de ser la principal preocupación del país. Tan mal salió pasarles los clientes de Saludcoop a Cafesalud, que están pendientes cuatro millones de consultas especializadas y 260 mil cirugías. Y ha recibido críticas severas que uno de los principales socios de Prestasalud fuera socio de Carlos Palacino, el principal responsable del desastre de Saludcoop (http://bit.ly/2rRR3i6). ¿Compra en cuerpo ajeno?, es la pregunta.
También deben explicar el papel en Prestasalud de Ribera Salud, empresa española acusada de corrupción en su país (http://bit.ly/2s1H9uw) y que controla la trasnacional norteamericana Centene Corporation. Que no resulte que estas sean para proteger a Prestasalud, con las normas leoninas de los TLC, por el incumplimiento de sus obligaciones en Colombia.
Coletilla: ¡Suena mucho tanto silencio sobre las nuevas acusaciones de plata de Odebrecht a las campañas de 2014 de Santos-Vargas y Zuluaga-Trujillo! ¡No al tapen-tapen! (http://bit.ly/2se21Mb).
DUQUE-SANTOS Y EL CASO MEDIMÁS EPS
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 4 de enero de 2019.
Cuando se supo que la Liquidadora de Saludcoop-Cafesalud, Ángela María Echeverri, había aceptado que a Medimás EPS la compraran inversionistas norteamericanos cuyo nombre el país desconoce, y una vez se exigió información detallada al respecto por los altos riesgos para Colombia de esa operación financiera, W Radio le pidió su opinión al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Y aunque suene increíble, este fue capaz de decir que “el ministerio no tiene información específica, oficial, sobre una eventual venta”, porque “el negocio entre particulares tendrá otra órbita, en la responsabilidad directa de la liquidadora y también de los actuales dueños” de la EPS (https://bit.ly/2F6vHVx)
¿Exclusivamente entre privados, como un simple negocio de papayas o zapatos, la compraventa de Medimás EPS, de la que depende el derecho fundamental a la salud de 4,2 millones de colombianos y a la que el Estado le transfiere, para que haga ganancias que nadie controla, cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos? ¿Y al gobierno tampoco deben importarle los empleos e ingresos de miles de médicos y demás trabajadores de la EPS maltratados de la peor manera y que operen o se cierren las clínicas a las que no les pagan?
Muy mal de democracia tiene que estar Colombia para que el análisis de una determinación de este calibre lo quieran acallar con la falacia de que solo pueden opinar los propietarios de Medimás EPS, los compradores gringos y, por el Estado, la Liquidadora. Y tan es mentira, que ya ella admitió que, “al final”, el Supersalud –subalterno del Presidente de la República– tiene que aprobar “cualquier transacción en negocios de salud” (https://bit.ly/2VecLZO). ¿Insistirán en que Santos no tuvo nada que ver con la venta de Saludcoop-Cafesalud a Medimás EPS y que ahora Duque no dirá la última palabra sobre el negociazo en ciernes? A propósito del tapen-tapen, el gobierno de Duque alegó que era secreto, para no responderme si en el Consejo de Ministros de Santos se había tratado la transacción que creó a Medimás. (https://bit.ly/2CRAmbz)
No es este un debate de meras formalidades legales. Porque el caso Medimás EPS muestra cómo NO debe actuar el Estado en el muy deteriorado y corrupto sistema de salud colombiano, y más porque hace año y medio algunos, empezando por el Procurador General de la Nación (https://bit.ly/2F8q9tB) advertimos sobre el desastre en el que podía terminar el negocio que promovió el santismo. Tan negativo se anunciaba para el país, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alcanzó a aprobar una medida cautelar para detenerlo, en respuesta a una demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta.
Ha sido tal el atropello a los que tienen que ver con Medimás –pacientes, trabajadores y proveedores–, que entre las incontables noticias negativas provocadas por la EPS en 2018, hubo tres que sacudieron el país. Procurador y Contralor, conjuntamente, le exigieron al Supersalud intervenir a Medimás, la liquidadora de Saludcoop anunció que el Estado reversaría el negocio que le dio vida a esa EPS y la Superintendencia de Sociedades sancionó con el máximo grado de control a Prestnewco y Prestmed, las propietarias de Medimás.
Así terminó la irresponsable viveza de Santos –tras la falacia de ser un “negocio entre privados”– para que, entre otras gabelas y violando la ley, Medimás pudiera quedarse con el patrimonio y los derechos de Saludcoop-Cafesalud EPS, pagándolos con facturas incobrables y créditos de mediado plazo que se cancelarían con plata que le giraría el Estado.
Y ahora quiere Duque, copiando en esto también a Santos, evadir su responsabilidad sobre lo que se decida e impedir que los colombianos –y la Procuraduría y la Contraloría– podamos mirar con lupa y opinar sobre cada aspecto del futuro de Medimás EPS, para evitar que lleguen otros vivos a hacer de las suyas, creándole además al país una amenaza mayúscula. Porque si unos gringos compran la EPS, esta quedará bajo la férula del TLC con Estados Unidos, lo que significa que sus pleitos con el Estado ya no se resolverían ante la Justicia de Colombia, sino en los extremadamente leoninos tribunales internacionales de arbitramento, como con Odebrecht y Electricaribe. Y cómo olvidar que hace unos años Afidro –en representación de las trasnacionales de los medicamentos– amenazó con el TLC si simplemente se controlaban sus precios.
EL FRACASO DE MEDIMÁS Y DE LA LEY 100
Video: https://youtu.be/kcV3yWIWluE
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 1 de febrero de 2019.
El Tribunal Superior de Cundinamarca nos otorgó –con José Roberto Acosta y la Procuraduría– una medida cautelar que prohibió la venta de Medimás EPS a la norteamericana DBMS o a cualquier otro, si no se asegura que se cumplan unas condiciones que garanticen la salud de los colombianos y no, simplemente, las ganancias del vendedor y el comprador (https://bit.ly/2SjaeyN). Así se le dio su merecido mentís a la falsedad de que pueden hacer lo que se les dé la gana porque se trata de un negocio “entre privados”, en el que el Estado no puede intervenir, como si la ley no lo autorizara ni estuvieran en juego cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos y el derecho a la salud de 4,2 millones de colombianos.
Lo que se busca con esta acción popular son garantías para la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios de Medimás, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y Esimed y el cumplido pago de las deudas a las clínicas y hospitales, públicos y privados, que le sirven a Medimás. Si no fuera en la Colombia de las astucias y corruptelas, estos deberes empresariales básicos no tendrían que reclamarse ante los jueces.
Confirmando las denuncias que hicimos hace año y medio para que no se consumara dicho negocio, Medimás falló desde el inicio de su operación, fallas que se han empeorado en el trato a sus pacientes y empleados y en su incapacidad administrativa y financiera, hasta el punto de que Esimed (Medimás) tiene once clínicas cerradas con siete mil trabajadores a los que no les paga desde octubre y que el gobierno acaba de quitarle los usuarios de Sucre, Chocó y Cesar. Y sus pésimas cifras económicas están en la base de la mala calidad de los servicios que presta: tiene cuotas incumplidas por 123.260 millones de pesos de la compra de Saludcoop y Cafesalud, acumula pérdidas por 716.147 millones y deudas por 2,2 billones, frente a activos totales de 1,95 billones, luego el comprador también adquirirá no pocos pleitos con el Estado, en el que el país perderá sumas enormes si se dirimen bajo las cláusulas del TLC con Estados Unidos.
El norteamericano interesado, ¡que le remitió al presidente Duque la copia de una carta de compra por Medimás con falsedades!, tiene además toda la pinta del aventurero inexperto lanzado a capturar el chorro de los 300 mil millones de pesos mensuales de la plata pública de la UPC, al igual que la conocida impunidad de la que gozan las EPS.
Aunque el pésimo negocio para el país de Medimás lo montó el gobierno de Santos y Duque desea continuarlo –¡otra vez de acuerdo!–, lo cierto es que estas desgracias son causadas por la Ley 100 de 1993, aplicada desde entonces por todos los gobiernos. Medimás es el resultado de la corrupción de Saludcoop, incluida la que practicó el interventor que le nombró el santismo, al que se le toleró, haciendo caso omiso de mis denuncias en el Congreso, que administrara la EPS con las mismas prácticas de Palacino. Y se origina en una ley que supone que no habrá corrupción en el sector porque la elimina la simple competencia entre las EPS, que luchan entre sí –dicen– por actuar con la mayor eficiencia y pulcritud. ¡Qué tal el cuento!
Y Medimás no es la excepción sino la norma. Hay 21 EPS intervenidas por el Estado, los sufrimientos de los pacientes parecen escapados de la obra del Dante, médicos, enfermeras y demás empleados trabajan muy duro y ganan muy poco y hasta les roban –esa es la palabra– parte de sus sueldos. El ataque a la red pública hospitalaria ha sido bárbaro y a las clínicas privadas las estafan no pagándoles sus cuentas. Todo porque la Ley 100 no es para la salud de los colombianos sino para el negocio financiero con la plata de la salud de los colombianos, por lo que las EPS imponen: “primero yo, segundo yo y tercero yo”.
Colombia necesita un sistema de salud que establezca, de verdad, que su objetivo es el bienestar de las personas, para lo que requiere de las mejores condiciones laborales y óptimas clínicas y hospitales, públicos y privados, y de un Estado que cuide y controle a los unos y a los otros. Sus administradores –llámese EPS o no– tienen que operar con la mayor calidad y a los menores costos, porque deberán actuar al servicio de la gente y no al contrario. Y tendrá que funcionar con cero tolerancias a la corrupción en cada una de sus partes. Que esto es posible lo prueba lo que ocurre en otros países de economía de mercado (https://bit.ly/2HMBK3t).
ASÍ SE LLEGÓ AL DESASTRE DE MEDIMÁS EPS
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 19 de julio de 2019.
Video: https://youtu.be/1ErRqe3W4aU
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque –otra vez de acuerdo– y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.
El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS (http://bit.ly/2JHyh5p). Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.
Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente (http://bit.ly/2YW66EV). Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.
Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. (http://bit.ly/2Lz7D0C). Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores ( http://bit.ly/2JH976Y), situación que el Tribunal también ordenó corregir.
Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.
La sentencia del Tribunal –ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw– destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales –contra la Constitución–, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.
Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.
CONTINUA LA ALCAHUETERÍA CON MEDIMÁS EPS
Jorge Enrique Robledo, 13 marzo de 2020
Video: youtu.be/i3M8TqVpGUU
En tono de reclamo, Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo les exigieron al ministro y al superintendente de Salud cumplir con las leyes de Colombia y decidir, de forma inmediata, la “Intervención Forzosa administrativa para liquidar a Medimás EPS”. En su reclamo les recuerdan que “las acciones y omisiones” de Medimás vulneran los derechos a la salud y a la vida de los colombianos y por ellas se pierden sumas enormes de recursos públicos de la seguridad social.
También les llaman la atención porque la “vigilancia especial” de la Supersalud a Medimás ha resultado tan ineficaz que la medida se tomó por seis meses –en octubre de 2017, recién creada la EPS– y, por sus incumplimientos, se la ha prorrogado cuatros veces hasta hoy (!), convirtiéndola en una burla.
Entre sus denuncias contra Medimás aparecen: 1. De los siete indicadores financieros que la EPS debe cumplir, tres “no se cumplen”, tres están en “estado crítico” y uno es “insuficiente”. 2. Según el balance general, los pasivos aumentaron de 2,037 billones de pesos a 2,726 billones entre 2018 y 2019, es decir, 700 mil millones más. 3. El patrimonio negativo creció de 161.283 millones de pesos a 964.578 millones en el mismo lapso. 4. Entre agosto de 2017 y noviembre de 2019 la empresa ha perdido 803.295 millones de pesos.
5. También denuncian el desvío de 635.655 millones de pesos principalmente a favor de los propios accionistas de Medimás EPS agrupados en Prestnewco SAS y Prestmed SAS. Entre ellos aparecen pagos con sobrecostos y sin legalizar, medicamentos con sobreprecios, servicios irregulares a otras EPS, pagos superiores a las facturas, atención a usuarios no afiliados a Medimás y a muertos. 6. Y aunque la ley solo autoriza gastos de administración de 10 y 8 por ciento del valor de la UPC en el régimen contributivo y el subsidiado, Medimás se ha cobrado el 12,96 y el 9,45 por ciento, respectivamente, con grandes pérdidas de recursos públicos de la salud.
Por su pésimo funcionamiento, a diciembre de 2019, Medimás aparece como la EPS que acumula más PQRD (Peticiones, quejas, reclamos y denuncias) en Colombia. Y para agosto de ese año ya llevaba 23.664 tutelas en su contra, con el espectáculo escandaloso de haberlas tornado en ineficaces al hacerles “fraude a las decisiones judiciales”, timo que en 2018 produjo 71.691 incidentes de desacato y a junio de 2019 ya llevaba 35.256, generando enfermedad y muerte entre los colombianos (bit.ly/2vV4OAY).
Los amables lectores de esta columna pueden recordar que con José Roberto Acosta y la Procuraduría hicimos nuestros mayores esfuerzos para evitar que este torcido de Medimás se concretara en 2017 (bit.ly/39QO6kC y bit.ly/2w5QsNV). Pues no podía salir bien una maniobra especulativa en la que unas clínicas privadas adquirían a Saludcoop EPS y a Cafesalud EPS con facturas que no les habían cancelado, más sus cédulas de ciudadanía, ilegalidad que ordenó revocar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que además responsabilizó al ministerio de Salud de ese este error garrafal. Ojalá que en la apelación de la EPS al fallo, el Consejo de Estado no invalide la correcta y valerosa decisión del Tribunal y no perpetúe el gran daño que se le está haciendo a la salud de los colombianos.
Las ías concluyen reiterándole al Ministerio y a la Superintendencia que no sigan ignorando “el vertiginoso declive de las condiciones de operación de Medimás” contra la salud, que está incursa en las causales de liquidación que determina la ley y que, ¡desde su creación!, incumple, “flagrante e ininterrumpidamente”, las condiciones legales que en Colombia debe cumplir una EPS para poder existir. Aunque parezca imposible, ¡en los gobiernos de Santos y Duque va para tres años operando por fuera de la ley!
Coletilla 1. Sobre este desastre de Medimás citaré a debate en el Congreso. Será mi quinto debate sobre el pésimo funcionamiento del sistema de salud.
Coletilla 2. Colombia se hunde en medio de los escándalos. Además del de Aída Merlano, ¡qué tal el del Ñeñe Hernández!, en el que aparecen giros por mil millones de pesos para comprar votos a favor del candidato Iván Duque, el Fiscal Martínez engavetando las grabaciones legalmente obtenidas, el Ñeñe pavoneándose entre los poderosos como un ciudadano ejemplar y el famoso cartel del tapen-tapen de los mismos con las mismas imponiendo: “aquí ni ha pasado nada”.
Artículos publicados en el diario La Patria de Manizales.
Bogotá, 21 de junio de 2021.
