Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 14 de mayo de 2009.
Tres grandes verdades se comprobaron en el debate sobre los negocios de los hijos del Presidente Uribe. La causa de su enriquecimiento en miles de millones de pesos por el lote de Mosquera fueron las decisiones oficiales; unas del alcalde municipal y otras del Consejo Intersectorial de Zonas Francas (CIZF), donde tienen silla los ministros de Comercio y Hacienda y otros encopetados subalternos del jefe del Estado. Quedó al desnudo la inmoralidad de la tesis que afirma que todo lo legal es éticamente correcto, y más en el caso de los familiares del Presidente o de los altos funcionarios, quienes pueden aprovecharse de su condición para lucrarse de favoritismos públicos y privados. Y se evidenció que hay serios indicios de enriquecimientos ilícitos, así como flagrantes violaciones de las normas legales.
Bavaria Sab Miller les vendió muy baratas a los hijos del Presidente y a sus socios, ¡a solo 16.000 pesos el metro cuadrado!, 34 hectáreas que en realidad resultaron ser 53, por un error en las escrituras del 55 por ciento (!). Y la misma trasnacional les vendió otro lote de 100 hectáreas por apenas 22 mil millones de pesos –también en la Sabana y para un parque industrial–, esta vez con los delfines asociados con cacaos del país. Bien les ha ido a los Uribe Moreno con Bavaria, pero igual de bien le ha ido a ella con Álvaro Uribe, pues su gobierno le otorgó una zona franca individual y un contrato de estabilidad jurídica, canonjías que le rebajan los impuestos en enormes proporciones y que prohíben aumentárselos en los próximos años.
Decisiones del alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, valorizaron los lotes de los hijos del Presidente: cuando en 2007 adoptó el plan parcial, que hizo posible urbanizar lo definido en el POT de 2000, y cuando elevó el índice de ocupación del 50 al 75 por ciento, cambio que aumentó en grande el área que puede edificarse en el primer piso. Aunque todo indica que fue muy bajo, es cierto que pagaron impuesto de plusvalía por el incremento del índice de ocupación, pero también es verdad que se violó la ley 388/97 al establecer que la adopción del plan parcial de la zona de Siete Trojes, donde quedan los famosos lotes, no generará ese impuesto. Para completar, los Uribe Moreno les vendieron a familiares del alcalde dos lotes valorizados al precio bajísimo de 19.000 pesos el metro cuadrado, al tiempo que les vendieron a otras personas otro par de predios, al lado de los anteriores, a 53.000 pesos el metro cuadrado. La Fiscalía debe investigar.
La Dian tiene que informar si Residuos Ecoeficiencia y/o Yogurt S.A., empresas de los hermanos Uribe, pagaron impuestos por las ganancias que lograron con la valorización de parte de los lotes, los cuales aumentaron su precio cien veces y generaron utilidades de 10 mil por ciento, al pasar de 33,9 millones a 3.092 millones de pesos. Aunque los registros de esta operación muestran el propósito de evadir o eludir los tributos, no hay que hacerse ilusiones con la Dian, que se negó a entregar todos los documentos públicos que se le solicitaron para el debate.
El Consejo Intersectorial de Zonas Francas (CIZF) adelantó el trámite que valorizó el lote en el que los hermanos Uribe poseen el 15 por ciento, a pesar de que la solicitud violaba el primer requisito establecido para iniciarlo. La resolución que aprobó la Zona Franca de Occidente, donde las empresas pagarán impuestos bajísimos y se beneficiarán de otras gabelas, hechos que valorizan la tierra de los delfines, contiene una notoria falsedad: afirma que esa empresa se constituyó el 18 de diciembre de 2007, cuando ello ocurrió el 16 de junio de 2008. También los favorecieron al permitirles violar la prohibición de Mosquera y de la CAR, la autoridad ambiental, de tirar las aguas residuales en un vallado. Y les recibieron documentos violando el “término perentorio” de un mes que tenían para entregarlos.
Los ministros alegaron que no tenían que averiguar de quién era la tierra de la Zona Franca de Occidente, lo que lleva a la aberrante conclusión de que, según ellos, ese negocio pudo montarse sobre lotes de alias Don Mario o Chupeta. Su omisión, a pesar del Decreto 2685/07, Art. 7, que ordena “Allegar el estudio de los Títulos de Propiedad de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto…”.
Y violó la ley Álvaro Uribe cuando no respondió un derecho de petición en el que se le pidió confirmar la información de sus hijos de que él sabía del negocio y si se lo había informado a sus ministros para que pudieran declararse impedidos en el trámite.
