Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 27 de julio de 2007.
En el quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay que decir que en el país de las presidencias malas seguramente la suya es la peor. Porque agravó las nefastas prácticas de sus antecesores y porque su único y auténtico aporte a la manera de mal gobernar a Colombia ha consistido en convertir en sistemáticas la demagogia y la manipulación, a partir de hacerlas tan omnipresentes en los medios de comunicación que parecen salidas de alguna dictadura de novela.
En contravía de una idea cuidadosamente trabajada, lo cierto es que la “seguridad democrática” ha sido bastante menos eficaz que la propaganda oficial que le exagera sus efectos. De acuerdo con la fundación Seguridad y Democracia, que dirige Alfredo Rangel, en 2006 hubo en Colombia un secuestro cada 32 horas; los combates por iniciativa de la fuerza pública con grupos alzados en armas llegaron a 2.176, equivalentes a seis diarios, 23% más que el año anterior; los sabotajes sumaron 595 contra 435 en 2005; los paros armados pasaron de cinco a 19; y los retenes ilegales ascendieron a 119. El propio Uribe ha tenido que aceptar que miles de paramilitares no entraron en el proceso que diseñó en su beneficio y que tres mil de los que sí lo hicieron volvieron a las andadas, problemas que pretende resolver mediante una nueva definición del término paramilitarismo, truco que no sorprende viniendo de quien insiste en que “no hay conflicto”. ¿Paz de verdad sin monopolio del Estado sobre las armas?
Aunque se diga lo contrario, el crecimiento económico de Colombia –aceptando las cuestionadas cifras oficiales– no tiene como causa fundamental la “seguridad democrática”, sino el auge de la economía mundial, que disparó los precios de las materias primas, redujo las tasas de interés y aumentó los flujos de capital. Y también obedece a las remesas de los colombianos en el exterior y a los éxitos de los narcotraficantes. Por lo demás, esas tasas no son sostenibles, y siete países latinoamericanos, donde como es obvio no gobierna Uribe, crecieron en el período más que Colombia.
El crecimiento, por otra parte, se ha concentrado en monopolios y trasnacionales, porque si algo caracteriza a Uribe es su decisión de establecer en Colombia una plutocracia, principalmente a favor de los magnates extranjeros –dada la desnacionalización de la gran propiedad en el país–, a quienes ha enriquecido más a punta de gabelas: entrega a bajo costo de los recursos naturales, conversión a menos precio de los monopolios públicos en privados, disminuciones en los impuestos, subsidios, envilecimiento de las condiciones laborales. Pero con la desfachatez enfermiza que lo distingue, el 20 de julio fue capaz de afirmar que él procura una economía “social”, “diferente” a la del “desacreditado capitalismo de los monopolios”.
La indignidad de las relaciones de Uribe con Estados Unidos llegó a tanto, que hasta dentro del círculo de sus favorecidos le ruegan que, “por favor, no más”. Como era de esperarse con un imperio que, como todos, “no tiene amigos sino intereses”, su sometimiento le ha salido muy costoso a Colombia. Al revés de su retórica, las importaciones han crecido 2,6 veces más que las exportaciones y el TLC arruinará y anquilosará más el aparato productivo nacional, incrementando los altos índices de desempleo, pobreza y miseria. Y es bien difícil encontrar un pacto peor tramitado, incluso en la propia lógica de quienes se presentan como “socios” de Washington, mediocridad que se intenta ocultar con groseras agresiones al Polo y a los sindicalistas colombianos, a quienes así se les cobra su oposición al TLC. ¿Se puede ser demócrata sin respetar y proteger al sindicalismo?
Entre las realidades que persiguen a Uribe en Colombia y en el exterior a pesar de sus truculencias, resalta la parapolítica. Porque sus actitudes y el trámite y contenido de la ley de reducción de penas a los paramilitares generan dudas de todo tipo, para decirlo con toda suavidad, incluso desde antes de sus descaradas y repudiables presiones a la Corte Suprema de Justicia para mejorarles las normas. Y porque cada día es más cierto el calificativo de parauribismo, tal y como lo ratifica que el 92% de los congresistas con orden de detención pertenezcan a las fuerzas del Presidente. ¿Cuándo será que va a dar alguna explicación al respecto? Que aun cuando sea diga que todo ocurrió a sus espaldas.
