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CARTA SOBRE LA PRETENSIÓN DE DESTRUIR A MARMATO Y SOBRE QUIÉN PAGA EL DESPLAZAMIENTO

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de febrero de 2008 Doctor MARIO ARISTIZÁBAL Gobernador de Caldas Doctor HERNÁN MARTÍNEZ Ministro de Minas Cordial saludo: Fue lamentable que ustedes no hubieran asistido al foro que se realizó el jueves 21 de febrero pasado en Marmato, para tratar la amenaza de desplazamiento de la que son víctimas los […]

desplazamiento Marmato

Hace 10 años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de febrero de 2008

Doctor MARIO ARISTIZÁBAL Gobernador de Caldas Doctor HERNÁN MARTÍNEZ Ministro de Minas

Cordial saludo:

Fue lamentable que ustedes no hubieran asistido al foro que se realizó el jueves 21 de febrero pasado en Marmato, para tratar la amenaza de desplazamiento de la que son víctimas los habitantes del casco urbano de ese importante municipio de Caldas. Les resumo, entonces, mi punto de vista sobre el caso.

La trasnacional canadiense Colombia Goldfields –propietaria de la Compañía Minera de Caldas– tiene el derecho a comprar, como en efecto ha ocurrido, las minas de los pequeños mineros de Marmato. Y también tiene derecho a aspirar a que esas explotaciones se sustituyan, como es su propósito, por un proyecto de gran minería de cielo abierto, que incluye destruir el casco urbano de Marmato y algunas de sus áreas aledañas y desplazar a sus habitantes.

Pero –y este pero debe ser valorado en toda su importancia– los habitantes de Marmato también tienen derechos que deben ser respetados y, en especial, informados y protegidos por las autoridades departamentales y nacionales, pues ellos son la parte débil en la contradicción que afrontan con Colombia Goldfields. Entre los derechos que los marmateños pueden esgrimir está el de oponerse a cualquier explotación minera que les destruya su pueblo o exigir que el casco urbano del municipio se reemplace por uno nuevo que se construya, con las mejores calidades urbanísticas y arquitectónicas, en un nuevo sitio, tal y como se hizo –y es solo un ejemplo– con Guatavita, Cundinamarca, o proponer otra alternativa diferente. Pero, repito, tienen derechos y tienen el de hacerlos valer de acuerdo con sus convicciones, las cuales tendrán que ser tenidas en cuenta cuando la empresa tramite la licencia ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, obligatoria si quiere montar una nueva explotación de oro en Marmato.

Es lamentable entonces, y repudiable, que luego de 22 años de presiones para destruir el casco urbano de Marmato, ningún gobierno les haya hecho una propuesta seria a sus habitantes sobre qué se hará con ellos, mientras las trasnacionales –otras, antes, y ahora Colombia Goldfields– sí los han presionado para que vendan sus minas y se desplacen. Espero que no vaya a decirse que constituye una propuesta seria haber construido unas cuantas casitas en El Llano, en la parte baja del municipio, para que los marmateños acepten que les destruyan su pueblo y se trasladen allí. Y ojalá el gobernador de Caldas, que acaba de posesionarse, no siga el camino de sus antecesores.

De otra parte, se discute si la supuesta necesidad de destruir a Marmato y desplazar a sus habitantes obedece a que están en una zona de riesgo por avalancha o a que en su subsuelo existe un yacimiento de oro que una trasnacional quiere explotar. Con franqueza les digo que es curioso que en un país donde casi todos sus habitantes están en algún tipo de riesgo –inundación, sismo, erupción volcánica o avalancha–, sin que ningún gobierno haga nada de fondo por atenderlos, ocurra que sí haya tanta preocupación por la suerte de los marmateños, los únicos que viven encima de una mina de oro. Habrá que mirar, con todo detalle científico y teniendo en cuenta el peligro de corrupción, cuál es el verdadero nivel de riesgo y por qué razones, cuántas y cuáles son las edificaciones amenazadas y qué debe hacerse con ellas, porque bien extraño sería que el riesgo natural coincidiera exactamente con lo que le conviene a la trasnacional.

La discusión sobre qué motiva destruir a Marmato y desplazarlo guarda otra implicación que ustedes no pueden dejar de considerar, en razón de sus graves consecuencias. Porque si el desplazamiento es por riesgo de avalancha, los costos del traslado deberá pagarlos el Estado, pero si es por negocio minero, dichos costos deberá asumirlos la empresa que se enriquecerá con la erradicación. Y estamos hablando de una suma enorme, del orden de 40 mil millones de pesos, dado que hay construir todo un pueblo con unas 300 edificaciones (viviendas, iglesia, escuela, colegio, hospital, alcaldía, etc.).

Quedo a la espera de sus comentarios a esta carta y desde ya los invito al debate que sobre este tema realizaré, en fecha que se definirá luego, en la Comisión Quinta del Senado.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO Senador de la República

C.C. Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, ministro de Medio Ambiente