Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 19 de marzo de 1996.
No se trata de meter en el mismo tema a media Colombia. Lo que ocurre es que la rapidez de los acontecimientos exigió tocar tres temas diferentes.
Hay que celebrar que se hubiera demostrado que sí se podían condonar deudas bancarias y que esa medida sí la podía pagar el Estado, como en efecto ocurrió. Que el tope máximo de lo adeudado que se condonó sea el muy bajo de tres millones de pesos y que Samper hubiera reglamentado la Ley 142 disminuyendo los beneficiarios, no le resta importancia a lo obtenido ni permite menospreciar la rebaja de los intereses de las deudas que no se perdonaron. Pero podría suceder que entre una demanda legal contra la decisión de sumar las deudas en cada banco y las nuevas medidas que exigirá la crisis, terminen por darse m s condonaciones.
Y m s importante que lo conseguido es la enseñanza que hay que resumir. Se equivocaron quienes corrieron a descalificar la propuesta de la condonación, y eso les pasó porque la descartaron de plano no por su contenido sino por su origen. Esperemos que para encontrarle salidas a una crisis que se está agravando, hacia el futuro todos los interesados en el tema seamos capaces de analizar sin prevenciones los planteamientos de los unos y los otros.
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En días pasados -palabra m s, palabra menos- Myles Frechette le dijo a la cúpula de las fuerzas armadas de Colombia que el concepto de soberanía nacional había caducado. Si ello fuera así -y no lo es- deberían quedarse sin empleo soldados, aviadores y marineros, porque, según la realidad y de acuerdo con la Constitución, “las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional…”. El ya viejísimo conflicto interno armado en el país, y la forma como se ha atendido, no puede hacer perder de vista cuáles son las funciones que diferencian a policías y militares y cuál es el oficio que les corresponde, en todos los países, a estos últimos.
Habría que preguntarle al embajador norteamericano si la soberanía del país que él representa también es cosa del pasado. Porque no deja de llamar la atención que su poderío militar se mantenga intacto e, inclusive, se pasee orondo por las tierras y los mares del mundo.
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Los que se esfuerzan por tumbar a Samper se han abanderado de la teoría de que la mala situación económica se explica por la crisis política. Ojalá fuera tan fácil resolver el problema, pero no es así. La bancarrota agraria y cafetera, las quiebras industriales, la disminución de las ventas, las bajas en las rentabilidades, el desempleo, los despidos y las reducciones salariales son todas situaciones imputables, primordialmente, al neoliberalismo y a la política de apertura que inició Gaviria y continúa Samper, como con toda autoridad lo señaló, en entrevista en El Tiempo del 17 de marzo, Fabio Echeverri Correa.
Que la crisis política afecta la economía, no se discute. Pero se necesita vocación de cuentista para decir que esa es la causa principal del grave deterioro económico del país. ¿Cómo negar que, sin el Pacto, el café aporta menos que lo que aportaba? ¿Cómo guardar silencio sobre los efectos negativos de inundar el país de importaciones agrícolas e industriales? ¿Cómo pasar por alto que la disminución de los ingresos de las mayorías termina por lesionar las ventas, incluidas las de la construcción?
Siempre se ha dicho que en los pleitos la primera víctima es la verdad. Esperemos que por lo menos en este aspecto no ocurra así. Porque así caiga Samper, mientras no se modifique el rumbo se seguirá cumpliendo la oportuna advertencia de Jaime Carvajal Sinisterra: “la apertura es un inmenso error que vamos a pagar muy caro” (El Espectador, 27 de noviembre de 1991).
