Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 26 de febrero de 2004.
El gobierno nacional, a través del Invima, acaba de otorgarles a las trasnacionales el monopolio por cinco años sobre ocho medicamentos, y se sabe que prepara resoluciones iguales para 34 más, por lo que se dispararán los precios de esos productos y aumentarán los padecimientos de los colombianos, la mitad de los cuales carece de cualquier derecho en salud por causa de la Ley 100. Y también sufrirá la producción y el empleo en el país, al lesionarse la industria farmacéutica nacional. Pero peor que la medida es la manera como se llegó a ella y lo que significa.
La decisión tiene origen en la norma que le entregó en bandeja de plata Uribe Vélez a Bush el día en que acordaron profundizar el “libre comercio” entre los dos países. De acuerdo con El Tiempo del 24 de febrero de 2004, el Decreto 2085 “fue producto de las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y del gobierno de Estados Unidos, que condicionó la renovación de las preferencias arancelarias (Atpa) a la expedición del decreto”. Y la medida, mala de por sí, terminó peor con la elaboración de una simple acta por parte del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, quien tiene como máxima que la felicidad nos llegará a los colombianos si, primero, hacemos felices a los monopolistas gringos.
Lo ocurrido es otro paso en la ofensiva de las multinacionales estadounidenses por imponer el “libre comercio” en Colombia, incluso con normas que van más allá de las de la OMC, lo que se traduce en el establecimiento del monopolio y de los altos precios que vienen con este, el sueño supremo de los más voraces de los inversionistas. En la globalización neoliberal el “libre comercio” y su negación, el imperio de los monopolios, significan lo mismo. De ahí que también por maniobras de los monopolistas extranjeros y del gobierno se hubiera hundido a última hora la “Ley antitrámites”, que tenía un artículo aprobado en las plenarias de Cámara y Senado estimulando la competencia en el sector de la farmacéutica. Y son incontables sus argucias para impedir que las empresas nacionales produzcan agroquímicos genéricos en Colombia, a pesar de que, por ejemplo, los plaguicidas que requiere el arroz cuestan el triple que en Argentina y dos y media veces que en Brasil.
De otro lado, las políticas de estas transnacionales no solo hacen daño en la búsqueda de su objetivo final, que esperan lograr con el Alca y el TLC, de elevar el precio de los medicamentos en Colombia en 777 millones de dólares al año, según cálculos realizados por Fedesarrollo. También lograron elevar las importaciones de sus productos al país. Mientras en 1991, cuando empezó la apertura, esas importaciones llegaban a 36 millones de dólares, para el 2001 aumentaron a 600 millones de dólares, una cifra parecida a lo que suman las exportaciones de flores, lo que llevó a que, porque ese era su propósito, sus plantas de producción instaladas en el territorio nacional disminuyeran de 32 a siete, y las que quedan operen a medias porque se dedican principalmente a negocios de intermediación.
El pretexto para estos despropósitos es la tan cacareada “defensa de la propiedad intelectual”, la cual no pasa de ser una serie de estipulaciones arbitrarias redactadas por las transnacionales en su beneficio, normas que además sus abogados malinterpretan a su antojo contando con la alcahuetería gubernamental. Cada día es más notorio que las ganancias de muchos monopolios no devienen de lo que saben de farmacia, ingeniería o telecomunicaciones, sino de las normas y contratos que redactan sus rábulas.
Mientras en muchos países del mundo subdesarrollado crece la resistencia de los gobiernos en contra de que las trasnacionales de la farmacéutica le nieguen la salud y hasta la vida a millones con la disculpa de promover la investigación, en Colombia se actúa en la dirección contraria y se toman medidas que incluso se anticipan al Alca y el TLC.
En la defensa de la producción y el trabajo nacionales hay que refutar los infundios que lanzan los interesados contra los medicamentos y agroquímicos genéricos, acusándolos de ser ineficaces. Porque estos son iguales a los “de marca”, solo que sus componentes activos no tuvieron o ya perdieron las patentes que les garantizan a las trasnacionales el monopolio de su producción y comercio.
