Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 8 de enero de 2000.
A nadie se le oculta la gravedad de la crisis cafetera, según lo ilustran el congelamiento del precio interno del café desde hace cuatro años, la caída de la cosecha nacional a casi la mitad en una década, los muchos caficultores al borde de perder sus tierras por deudas impagables, la quiebra de varias de las principales empresas del llamado “Grupo Cafetero” y que Colombia haya sido desplazada por Viet Nam del segundo puesto en la producción mundial.
Ante estos hechos, los neoliberales están planteando que la “solución” es reducir el precio interno del café en un 30 por ciento(!), eliminar los precios de sustentación y dejarles todas las exportaciones nacionales a los intermediarios privados, los cuales son simples agentes de compras de las transnacionales. Y en su propósito de justificar que se les aplique hasta el colapso final el “sálvese el que pueda” a las 566 mil familias de productores, señalan como causas fundamentales del problema a las instituciones cafeteras y a la “ineficiencia” de los productores y no, como puede demostrarse, al neoliberalismo aplicado en el mundo y en Colombia.
Como se sabía que iba a ocurrir, el “libre mercado” cafetero es la libertad otorgada a las transnacionales para manipular a su antojo las cotizaciones externas. Pero, además, los países sedes de esas multinacionales están estimulando la superproducción mundial de café y los precios bajos que vienen con ella, según lo muestra el caso de Viet Nam. De acuerdo con Mario Gómez Estrada, miembro del Comité Nacional de Cafeteros, ese país “recibió torrentes de dinero de organismos multilaterales y de las naciones ricas, Estados Unidos y Francia” para sembrar café, lo que le permite venderlo a menos de 20 centavos de dólar la libra.
De otro lado, la revaluación del peso les costó a los cafeteros colombianos cuatro mil millones de dólares, el valor de la cosecha nacional de dos años. A la Flota Mercante la quebró, principalmente, la pérdida de la “reserva de carga” que tenía, reserva que sí mantienen los barcos de bandera norteamericana que transportan el carbón del Cerrejón. A Bancafé, Concasa y Corfioccidente los arruinó, por sobre todo, el desastre que le significó la apertura al aparato productivo del país. Y al Fondo Nacional del Café se le ha impuesto gastar, en la última década, más de un billón de pesos en obras que debieron ser pagadas por el gobierno nacional.
Responsabilizar, entonces, de la profunda crisis a los errores en el funcionamiento de las instituciones cafeteras —así las equivocaciones no hayan sido pocas— solo puede tener como propósito ocultar las verdaderas causas del desastre y, peor aún, justificar el desmonte de los tres principales instrumentos de protección de la caficultura que aún sobreviven debilitados: la garantía de compra que ofrecen las cooperativas de caficultores, el precio de sustentación y las exportaciones institucionales. Así quedaría el café, como el resto del agro, sometido a la voluntad de los intermediarios, y en este caso de los extranjeros, un viejo sueño neoliberal.
Como no puede escapársele a cualquiera que quiera verlo, atender con seriedad la crisis cafetera requiere trabajar en dos direcciones principales. Que la administración Pastrana le exija al gobierno norteamericano que cese en sus políticas de estimular la superproducción mundial cafetera por la vía de aumentar las siembras en Asia y que coloque bajo control las maniobras especulativas de sus transnacionales. Y que el Estado colombiano —de sus recursos, con los mismos que con largueza le ha girado al sector financiero—, sostenga el precio interno del café en niveles remunerativos para los productores, condone sus deudas impagables, les otorgue créditos baratos y les subsidie la renovación de los cafetales. Claro que tampoco sobraría que la alta burocracia cafetera hiciera el gesto de disminuir los costos institucionales —no respaldando menos al productor, como es obvio— sino recortando sus sueldos y canonjías y reduciendo a cero los gastos en funciones paraestatales, inversiones que deben ser asumidas por el gobierno nacional.
El estado de alerta existente en las zonas cafeteras en contra de cualquier baja del precio interno del café debe contar con la solidaridad nacional. Porque así lo exige la hambruna en la que ya viven multitudes de productores, porque la caficultura es fundamento insustituible de la estabilidad económica y social de la república, porque la crisis tiene causas ajenas a los cultivadores y porque el respaldo oficial sería una restitución mínima de las sumas astronómicas que todos los gobiernos le han sacado a los cafeteros durante un siglo.
