Boletín de prensa
A continuación, la transcripción de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en la plenaria del Senado del 28 de octubre de 2015 sobre el acto legislativo que busca crear las normas para concretar los acuerdos a los que se llegue en La Habana.
La intervención de Robledo giró sobre los siguientes temas: Lucha armada no; paz negociada sí, dice el programa del Polo. Estamos ante un hecho de inmensa anormalidad que no se va a poder resolver mediante los procedimientos normales. La paz con el M-19 muestra que casos como este exigen de acuerdos nacionales. “No me suena la idea de una Constituyente”. El Polo es independiente del gobierno y de las Farc. Que el Polo no vote el acto legislativo no significa que esté en desacuerdo con el proceso de paz. A los colombianos hay que darles la certeza de que desaparecerán las armas de la ilegalidad. La Nación colombiana también es víctima del conflicto. Las Farc deberían reconocer que se equivocaron desde siempre cuando se alzaron en armas contra el Estado. Que admita su error el Estado colombiano, que auspició la creación del paramilitarismo.
Oficina de prensa
Senador Jorge Erique Robledo
Bogotá, 29 de octubre de 2015
www.jorgerobledo.com
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 28 de octubre de 2015.
Lucha armada no; paz negociada sí, dice el programa del Polo. Estamos ante un hecho de inmensa anormalidad que no se va a poder resolver mediante los procedimientos normales. La paz con el M-19 muestra que casos como este exigen de acuerdos nacionales. “No me suena la idea de una Constituyente”. El Polo es independiente del gobierno y de las Farc. Que el Polo no vote el acto legislativo no significa que esté en desacuerdo con el proceso de paz. A los colombianos hay que darles la certeza de que desaparecerán las armas de la ilegalidad. La Nación colombiana también es víctima del conflicto. Las Farc deberían reconocer que se equivocaron desde siempre cuando se alzaron en armas contra el Estado. Que admita su error el Estado colombiano, que auspició la creación del paramilitarismo.
Como el país bien sabe, el Polo Democrático Alternativo nace como una fuerza política cuyo programa constitutivo, el que nos orienta, definió dos puntos sobre el tema de la violencia en Colombia. El primero, no a la lucha armada, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Y el segundo, sí a un proceso de paz negociado. Y bastantes ataques nos costó en ese momento fijar la posición de que era bueno un proceso de paz negociado, habida cuenta de medio siglo de violencias que no se habían podido resolver de otra manera y ante el hecho evidente de que es mejor resolver las cosas conversando que a bala. Esto, como nuestra concepción general.
En ese sentido, cuando el gobierno planteó que iniciaba conversaciones con las Farc, en el Polo siempre hemos asumido una posición positiva, de no ponerle palos a esa rueda y de mantener una actitud de que ojalá el proceso termine bien.
Estamos ya en el momento de discutir cuáles serían las modificaciones legales que lo culminarán. El proceso parece estar avanzando positivamente, aun cuando sé que faltan pasos complejos, pero podría suceder que las cosas terminaran bien, lo que para mí significa, por sobre todo, que desaparecen las armas de la ilegalidad y que quienes están en la ilegalidad se reintegran a la vida civil.
Esta mañana hubo un foro en la Universidad del Rosario sobre cómo refrendar los acuerdos de La Habana. Cae como anillo al dedo este tema y voy a repetir algunos comentarios que hice allí. Lo primero, señalar que estamos ante un asunto de inmensa complejidad. Porque 50 años de horrores de violencia no pasan en vano ni son pocas las huellas y sufrimientos que dejan, y los resentimientos y los problemas. Natural que así sea. Pero además, porque seguramente cualquier solución final a este proceso con las Farc, y a otro que pueda adelantarse el día de mañana con el ELN, va a necesitar de decisiones no solo políticas, sino también de índole legal.
Hay que partir de la base, decía esta mañana en la Universidad del Rosario, de que estamos ante un hecho de inmensa anormalidad que no se va a poder resolver mediante los procedimientos normales –y lo digo como haciendo un poco de pedagogía a los colombianos–, sino que va a exigir establecer una legalidad, o sea, va a tocar buscar formas anormales de resolución del problema. A qué me refiero: es anormal que unas personas se levanten en armas contra el Estado, anormal que el Estado no pueda derrotarlas, anormal que haya que llegar a un proceso de paz. Todos son hechos por fuera de la normalidad.
Entonces cuando estos fenómenos se dan así, la solución negociada tiene que esgrimir dos tipos de recursos. Uno, aplicar normas existentes en la Constitución para aplicar en momentos de anormalidad. Y otros, aprobar medidas para atender la anormalidad, porque no es suficiente la legalidad actual para resolver los problemas. Ilustrémoslo con un ejemplo. El proceso de paz con el M-19 se resolvió aprovechando el indulto consagrado en la Constitución. Pero recordemos que, así sea constitucional, un indulto es una medida anormal, porque significa que cualquier delito que usted haya cometido le queda perdonado. Como en este caso el indulto no incluía los delitos atroces, un juez impugnó la decisión y el Congreso se inventó una ley para que sí pudiera incluirlos. Y entonces hubo indulto y reindulto.
Por qué pudo llegar a buen término ese proceso, es la reflexión principal que quiero hacer. Pudo firmarse la paz porque hubo un acuerdo político en la sociedad colombiana, casi un consenso o algo muy parecido a un consenso, para poder, primero, utilizar el indulto, porque alguien se hubiera podido parar y decir: no acepto. Y segundo, para que pudiera haber reindulto, lo que hubiera podido ser aún más discutible. Pero hubo un consenso político que le permitió a la sociedad colombiana ponerse de acuerdo en esos términos y fue por esa vía como se resolvió el conflicto con el M-19.
Parecido sucedió con la Constitución de 1991. Todos sabemos que la Constitución del 91 se originó en un golpe de Estado, porque la Constitución vigente, la del 86, la prohibía (la constituyente) de manera precisa. Pero por qué pudieron dar ese golpe de Estado e inventarse la Constitución del 91. Porque quienes estuvimos en desacuerdo con el golpe de Estado y con la Constitución del 91 fuimos tan poquitos que nadie nos hizo caso. Hubo entonces en la sociedad un consenso. Y no solo acordaron una nueva Constitución, sino que incluyeron en ella que el Presidente de la República podía nombrar exguerrilleros a dedo para que se volvieran congresistas, punto que no suscitó ningún debate. ¿Por qué? Porque fue tal el peso del acuerdo político nacional que se pudo hacer todo lo que estoy describiendo.
Parecido sucedió con el tema de los paramilitares. Allí se utilizó el sistema, más elaborado, digamos, de la justicia transicional, pero al final lo que sucedió fue que hubo un poder mayoritario en lo político que pudo establecer que las cosas se hicieran como se hicieron. Y quienes pudieron estar en desacuerdo fueron derrotados por los hechos políticos. Ese proceso se hizo así y no voy a entrar a valorarlo, sino simplemente a resaltar que se pudo hacer porque hubo fuerza política suficiente para hacerlo.
Aquí estamos abocados ante un problema semejante. Cómo hacer para resolver, primero, la parte política del asunto, que va avanzando, y parece que fuera apareciendo un consenso en la sociedad, que cree que sí puede suceder que esas armas de la ilegalidad desaparezcan y que quienes las empuñan se decidan a salirse de la ilegalidad. Como suponemos que no se va a quemar el pan en la puerta del horno, lo que también podría suceder, hay dos problemas por resolver. Uno, el de la refrendación y otro, el de traducir en normas legales los acuerdos, dos asuntos que se sabe son diferentes.
Entonces hay que mirar si las actuales normas son suficientes o hay que crear una nueva juridicidad dependiendo de las circunstancias. Creo que en el caso de la refrendación es probable que se puedan encontrar con cierta facilidad acuerdos que permitan crear un mecanismo que no necesite umbral, eliminando esta talanquera. Y sería necesario establecer una juridicidad en ese sentido y que para estos efectos no se interponga ese umbral, que podría ser un mecanismo insuperable. Para el otro efecto, las cosas podrían ser más complicadas. Cómo hacer para convertir en juridicidad los acuerdos, que es en buena medida el asunto que hoy nos ocupa.
Lo que voy a decir no he tenido tiempo de comentarlo aún con mis compañeros de bancada del Polo Democrático Alternativo, pero expreso mi desacuerdo con meterle una Constituyente a la resolución de ese problema de formalizar. Hay que ver cómo se le encuentra una legalidad, pero no me suena la idea de la Constituyente y no me suena por varias razones. Primero, porque abre incluso la posibilidad de negar los propios acuerdos que se hagan y que el proceso termine fracasando por la vía de que una asamblea nacional constituyente niegue el proceso mismo.
Segundo, ¿por qué tampoco me suena? Por la posibilidad de que se vuelva como todas, omnímodas. Se nos ha dicho que se va a circunscribir a los temas del proceso. Eso mismo dijeron de la Constituyente de 1991 y miren lo que terminó pasando. Que en Colombia se nombró una Constituyente y lo primero que hizo fue limitarse sus poderes sería como una especie de noticia universal y en la galaxia. Bueno, podría suceder, pero sería bastante extraño. Y el tercer argumento que doy en contra es que a los del Polo nos debería aterrar una Constituyente en la cual el 95 por ciento de sus integrantes fueran uribistas y santistas, aquelarre que no me hace ninguna gracia. Tenemos la Constitución del 91, la del neoliberalismo, llena de defectos enormes. Creo que de otra Constituyente saldría una Carta peor todavía.
La posición del Polo sobre el acto legislativo
Caigamos al tema del Acto Legislativo que se está tramitando. ¿Qué opina el Polo Democrático Alternativo?
Quiero antes hacer una precisión. Esta es la posición del Polo: el Polo está respaldando el proceso de paz desde una posición de independencia. El Polo no es el gobierno de Juan Manuel Santos ni es las Farc. Miente quien diga que el Polo les pide permiso a las Farc para opinar sobre estos asuntos. Quiero ser absolutamente categórico. Para bien o para mal, pensamos lo que se nos dé la real gana en relación tanto como con las Farc como con el gobierno nacional. Y sobre eso no puede caber la menor duda.
Ahora, qué pensamos. Abrigamos serias reservas en varias direcciones. Es sabido que este trámite en el que estamos no es parte de los acuerdos de La Habana. Y se sabe que lo que está acordado desde el principio del proceso es que lo que no se pacte no es parte de los acuerdos y no compromete a las partes. Para nosotros es de mucho riesgo que el país se meta en un debate tan complicado como este y al final lo que aquí se apruebe, como no es parte de los acuerdos de La Habana, termine siendo algo que carece, digamos, de viabilidad política y no sea la manera de resolver el problema. Es un tema que el Congreso y los colombianos debemos meditar. Porque, repito, es un esfuerzo inmenso que podría terminar en absolutamente nada.
Lo segundo, las reformas que allí se plantean. No se sabe muy bien qué es lo que nos quieren poner a votar. Y para opinar sobre la forma de hacer las cosas uno quiere saber el contenido de las cosas, porque normalmente suelen ir juntos. Y en relación con la forma, es evidente que el procedimiento es antidemocrático. Lo que se pretende hacer con el Congreso no resiste análisis político de si es o no democrático, porque crear un “congresito”, la palabra está perfecta, niega el carácter democrático de esta institución. Pero además tenemos muchas reservas sobre la constitucionalidad del asunto. Quién nos asegura que la Corte Constitucional va a permitir que algo evidentemente antidemocrático sea aceptado y que se admita que no le rompe las vertebras a la Constitución. Dudo mucho sobre eso. Sería dramático también que dentro de un año la Corte Constitucional dijera, señores del Congreso, todo el esfuerzo se perdió porque esa vaina no tiene viabilidad.
Y lo tercero que particularmente me preocupa es el tema de las facultades extraordinarias al Presidente de la República. El Polo nunca ha votado unas facultades extraordinarias en este Congreso por razones obvias. Que los amigos de Santos confíen en Santos digamos que sería más o menos natural. Pero que la oposición confíe en Santos y le gire un cheque en blanco es pedirnos demasiado.
Sin embargo, les digo que estamos mirando el debate con toda tranquilidad. Y la decisión de no participar en la votación, como lo hizo nuestro senador Alexander López en la Comisión Primera, expresa nuestro desacuerdo con el trámite que se está haciendo, pero también manda un mensaje, y ojalá se entienda así, de que nosotros somos partidarios del proceso de paz. Deseamos que ojalá ese proceso de paz termine bien y no vamos a hacer un debate dirigido a que el proceso no salga adelante. Eso tiene que quedar claro y es nuestra posición.
Ahora, cuál es mi gran preocupación en este momento y lo decía esta mañana en la Universidad del Rosario. Es que si no logramos un acuerdo, si en Colombia no se logra un acuerdo nacional de casi todos los colombianos o de muchos de ellos, esto se va a ir, senadores, a voto limpio, que llamamos aquí en el Congreso cuando no hay acuerdo. ¿No hay acuerdo? Que cada uno saque entonces su capacidad de votar y esto se va a voto limpio. Si nos toca, esa será una manera de resolver y nosotros, seguramente, estaremos del lado de que el proceso salga adelante, salvo que nos pidan que votemos imposibles. Pero en condiciones normales vamos a estar por el lado del sí al proceso.
Pero aquí no se trata tan solo de garantizar la legalidad del proceso. Necesitamos un proceso que nos saque de este horror de la violencia, de esta miseria de sangre que hemos vivido por más de medio siglo, y que nos saque del todo. Y eso incluye desmontar las escopetas también en el debate. Incluye que, terminado el proceso, haya una especie de consenso en la sociedad colombiana para que no sigamos en este debate eterno, con todo tipo de argucias jurídicas y jueces y demandas bregando a sabotear el proceso. O que finiquitar el proceso se vuelva una vindicta o una especie de guerra de acusaciones a ver quién logra golpear más duro a su contradictor. Si no hay un desarme de los espíritus, llamémoslo así, lo que exige consensos, va a ser difícil que esto nos lleve a buen puerto. Luego hago votos porque podamos encontrar unos mecanismos para tramitar las cosas, tanto de contenido como de forma, que nos permitan hacer algo parecido a un consenso nacional.
Voy a añadir dos cosas de mi propia cosecha. Me preocupa mucho, las encuestas así lo dicen, pero uno lo percibe por todas partes, que haya una inmensa incredulidad sobre el proceso. Mucho ciudadano no confía y, particularmente, la gente no confía en que de verdad las armas de la ilegalidad vayan a desaparecer, porque además, tal como está planteada, la palabra dejación se presta para debate. Creo que dejación es una palabra suficiente para resolver el problema. Pero sí quisiera que desde La Habana se hiciera una campaña en Colombia para explicarles a los colombianos que dejación quiere, por lo menos, decir tres cosas. La primera, que las armas efectivamente desaparecen, todas, hasta la última aguja, que no podrán ser recuperadas por nadie bajo ninguna circunstancia. Y que va a haber garantías institucionales del gobierno nacional y de todo el mundo para que el hecho sea una certeza, señor ministro del Interior.
En segundo término, creo que las Farc y el país entero deben reconocer como un hecho que de este proceso se deriva el reconocimiento de todos nosotros al monopolio del Estado sobre las armas, como un reconocimiento político. Y es que el monopolio de las armas tiene que estar en manos del Estado.
Y lo tercero, derivado de lo anterior, y estoy seguro de que en eso consiste el proceso, no es tanto un problema conmigo como con la ciudadanía: garantizar que no habrá por parte de la organización política que constituyan las Farc la idea de un partido político con brazo armado. El punto ha de quedar perfectamente establecido: que de aquí en adelante nos vamos a meter todos a la lucha política, espero que sea la más intensa, porque ni piense el presidente Santos que le vamos a bajar la oposición que le estamos haciendo, pero por supuesto circunscrita a las reglas de la oposición civil y democrática y civilizada.
Y el otro asunto sobre el que debería trabajarse, señor ministro del Interior, y lo planteo porque creo en él, es que aquí no hay solo víctimas como individuos o como familias o como grupos sociales. No. La nación entera es víctima de esta desgracia de más de 50 años de sangre y de horrores. La nación toda, todos los colombianos, incluido aquel colombiano cuya familia nunca ha sufrido víctimas. Creo que en este sentido las Farc deberían reconocer que se equivocaron desde siempre cuando tomaron la decisión de alzarse en armas contra el Estado colombiano. Deberían reconocerlo como un hecho. Pienso que debería ser parte del proceso y parte del debate político que con toda tranquilidad hay que librar. Esa decisión de armarse y levantarse en armas no fue correcta ni siquiera hace 50 años. Es la posición que este senador, él solo, está expresando con toda claridad.
Y por supuesto, que también admita su error el Estado colombiano, que auspició la creación del paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una creación del Estado colombiano de una u otra manera. Que el Estado colombiano también reconozca a la Nación como víctima de esos despropósitos. Pienso que si en estos asuntos trabajamos con seriedad, vamos a facilitar las cosas, que es a donde aspiro que ojalá lleguemos. Que el actual debate no se resuelva a voto limpio, sino mediante un acuerdo que incluya a todas las partes, todas sin excepción, incluidos quienes están en la ilegalidad en La Habana.
