Por Jorge Enrique Robledo / @JERobledo
Cuando se supo que la Liquidadora de Saludcoop-Cafesalud, Ángela María Echeverri, había aceptado que a Medimás EPS la compraran inversionistas norteamericanos cuyo nombre el país desconoce, y una vez se exigió información detallada al respecto por los altos riesgos para Colombia de esa operación financiera, W Radio le pidió su opinión al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Y aunque suene increíble, este fue capaz de decir que “el ministerio no tiene información específica, oficial, sobre una eventual venta”, porque “el negocio entre particulares tendrá otra órbita, en la responsabilidad directa de la liquidadora y también de los actuales dueños” de la EPS (https://bit.ly/2F6vHVx)
¿Exclusivamente entre privados, como un simple negocio de papayas o zapatos, la compraventa de Medimás EPS, de la que depende el derecho fundamental a la salud de 4,2 millones de colombianos y a la que el Estado le transfiere, para que haga ganancias que nadie controla, cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos? ¿Y al gobierno tampoco deben importarle los empleos e ingresos de miles de médicos y demás trabajadores de la EPS maltratados de la peor manera y que operen o se cierren las clínicas a las que no les pagan?
Muy mal de democracia tiene que estar Colombia para que el análisis de una determinación de este calibre lo quieran acallar con la falacia de que solo pueden opinar los propietarios de Medimás EPS, los compradores gringos y, por el Estado, la Liquidadora. Y tan es mentira, que ya ella admitió que, “al final”, el Supersalud –subalterno del Presidente de la República– tiene que aprobar “cualquier transacción en negocios de salud” (https://bit.ly/2VecLZO). ¿Insistirán en que Santos no tuvo nada que ver con la venta de Saludcoop-Cafesalud a Medimás EPS y que ahora Duque no dirá la última palabra sobre el negociazo en ciernes? A propósito del tapen-tapen, el gobierno de Duque alegó que era secreto, para no responderme si en el Consejo de Ministros de Santos se había tratado la transacción que creó a Medimás. (https://bit.ly/2CRAmbz)
No es este un debate de meras formalidades legales. Porque el caso Medimás EPS muestra cómo NO debe actuar el Estado en el muy deteriorado y corrupto sistema de salud colombiano, y más porque hace año y medio algunos, empezando por el Procurador General de la Nación (https://bit.ly/2F8q9tB) advertimos sobre el desastre en el que podía terminar el negocio que promovió el santismo. Tan negativo se anunciaba para el país, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alcanzó a aprobar una medida cautelar para detenerlo, en respuesta a una demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta.
Ha sido tal el atropello a los que tienen que ver con Medimás –pacientes, trabajadores y proveedores–, que entre las incontables noticias negativas provocadas por la EPS en 2018, hubo tres que sacudieron el país. Procurador y Contralor, conjuntamente, le exigieron al Supersalud intervenir a Medimás, la liquidadora de Saludcoop anunció que el Estado reversaría el negocio que le dio vida a esa EPS y la Superintendencia de Sociedades sancionó con el máximo grado de control a Prestnewco y Prestmed, las propietarias de Medimás.
Así terminó la irresponsable viveza de Santos –tras la falacia de ser un “negocio entre privados”– para que, entre otras gabelas y violando la ley, Medimás pudiera quedarse con el patrimonio y los derechos de Saludcoop-Cafesalud EPS, pagándolos con facturas incobrables y créditos de mediado plazo que se cancelarían con plata que le giraría el Estado.
Y ahora quiere Duque, copiando en esto también a Santos, evadir su responsabilidad sobre lo que se decida e impedir que los colombianos –y la Procuraduría y la Contraloría– podamos mirar con lupa y opinar sobre cada aspecto del futuro de Medimás EPS, para evitar que lleguen otros vivos a hacer de las suyas, creándole además al país una amenaza mayúscula. Porque si unos gringos compran la EPS, esta quedará bajo la férula del TLC con Estados Unidos, lo que significa que sus pleitos con el Estado ya no se resolverían ante la Justicia de Colombia, sino en los extremadamente leoninos tribunales internacionales de arbitramento, como con Odebrecht y Electricaribe. Y cómo olvidar que hace unos años Afidro –en representación de las trasnacionales de los medicamentos– amenazó con el TLC si simplemente se controlaban sus precios.
Bogotá, 4 de enero de 2019.
