EL FEDERICO LLERAS ACOSTA ES PATRIMONIO DE LOS TOLIMENSES
La crisis del Sistema de Seguridad Social en Salud, particularmente en lo concerniente a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), toca cada vez más al Tolima. La situación del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Empresa Social Del Estado (E.S.E) de tercer y cuarto nivel, es por decir lo menos catastrófica.
El Hospital Federico en reciente visita de la Supersalud, presento un informe que da cuenta de la realidad, una cartera por 121 mil millones de pesos, donde las EPSs del Régimen Subsidiado adeudan 72 mil millones y las del Contributivo 17 mil millones. Caprecom la EPS pública con 25.317 millones y Nueva EPS con 4.371 millones, demuestran que el peor pagador es el mismo Estado.1
Los constantes incumplimientos de las EPSs con el pago a la Red Pública y Privada del departamento mantienen en vilo la garantía de acceso a los servicios de urgencias y especialidades en la capital tolimense. La cartera se acrecienta y la morosidad hace imposible el buen funcionamiento de los servicios.
A pesar de que las EPSs y el Ministerio de salud han sembrado un manto de dudas sobre la cartera presentada, “esta cartera es un hecho real”, como lo dijera el presidente de la Junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, Dr. Andrés Aguirre, en su XI Congreso Internacional este mes.2 Por su parte el ministro Alejandro Gaviria, presente en el evento, centro su intervención en los aspectos positivos de su gestión y se limitó a decir que en los problemas financieros del sector hubo “fallas del Estado”.
La Contraloría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud Mediante Función de Advertencia N° 23614, el cumplimiento de los Artículos 56 y 57 de la ley 1438 de 2011, ya que según el ente de control “Se ha detectado que un 85% de las glosas formuladas por las EPS a las IPS en sus facturas presentadas al cobro, se hacen en forma extemporánea excediendo ampliamente el plazo previsto” calificando esta práctica como “abusiva” y que “puede configurar un eventual abuso de posición dominante de las EPS frente a sus prestadores”.3
El modelo de salud que concibió la ley 100, con la intermediación financiera de las EPS y la “competencia regulada” impuesta a los Hospitales-Empresa, ha llevado al debilitamiento financiero y marchitamiento incesante de los prestadores de servicios. No se escapan insignes instituciones como El Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín, ni el Universitario del Valle. Suena repetitivo decir que alrededor de 480 hospitales del País están en riesgo financiero medio y alto.4 En el Tolima son 26 hospitales los que se encuentran en este escalafón, tres de los cuales prestan sus servicios en la Capital.
La posibilidad de malas administraciones y casos de corrupción también aportan al desconcierto actual. El gobernador del Tolima recientemente afirmo en la Instalación de la Asamblea Departamental, que la vena rota más grande del hospital era facturación, en cuanto a que el porcentaje de glosas eran “programadas”. Así mismo elevo la queja al gobierno central que “ha crecido fiscalmente” y no le tiende la mano al departamento en este momento. Por demás está decir que el Presidente Santos en su campaña reeleccionista, visito la ciudad y prometió salvar de la quiebra al hospital.
La Contraloría Departamental del Tolima en su INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL al Hospital Federico Lleras para la vigencia 2012 señala “En desarrollo de la presente auditoría realizada a la vigencia fiscal 2012 se establecieron veintinueve (29) hallazgos administrativos, de las cuales doce (12) tienen alcance fiscal por un monto de $1.330.815.839.07, diez y ocho (18) de carácter disciplinario y dos (2) de carácter penal”.5 La pregunta que surge es ¿Cuáles son los efectos de estos hallazgos? y ¿Dónde está la Procuraduría y la Fiscalía?
Las soluciones hasta el momento son exiguas, las política del Ministerio de Salud con las conciliaciones de cartera resultan ineficaces para resolver el problema, los planes de saneamiento fiscal y financiero y los prestamos “blandos” en manos del Ministerio de Hacienda, someten a los Hospitales al despido masivo de sus trabajadores.
La administración departamental cifraba sus esperanzas en una intervención administrativa, que no se dio por parte de la Superintendencia de Salud. El Gobernador Luis Carlos Delgado, ofreció 10 mil millones de pesos y un valor igual para el 2015 – 2016 también sujetos al saneamiento, lo que suena a chiste cruel en medio de la apremiante situación.
Es necesario hacer un urgente llamado a la comunidad tolimense, sindicatos de trabajadores de la salud, gerentes de hospitales y clínicas privadas, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y pacientes en general, para que defendamos el patrimonio regional, que en este caso no significa otra cosa que la salud y la vida misma de nuestros conciudadanos.
WILSON CEDIEL MARIN
Secretario Colegio Médico Del Tolima
