El aparentemente imperturbable Ministro de Salud se salió de la ropa al conocer los datos entregados por la Defensoría del Pueblo en el libro que acaba de presentar su titular, denominado”La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad Social 2013”.

Según esa dependencia, el año pasado fueron presentadas cerca de 115.000 acciones de tutela para demandar atenciones en salud. El dato, que para cualquier ciudadano con criterio democrático es un verdadero escándalo, para el recién ratificado Ministro es una cifra insignificante. Incluso la calificó como un “buen titular amarillista”, pretendiendo descalificar el estudio de la Defensoría.

Para el Ministro santista, la comparación entre los eventos atendidos y los que requieren tutela es prueba de que el asunto no reviste mayor gravedad. Afirma que mientras al año se atienden cerca de millón y medio de eventos de salud, solamente 115.000 requirieron de la tutela, según él, menos del 0,1%.

Omite maliciosamente el doctor Gaviria que en el gran total de eventos de salud de que habla están incluidos los procedimientos que no han requerido jamás una tutela, que son la inmensa mayoría. Están las urgencias, los pequeños procedimientos, la atención prioritaria, las vacunas, la consulta externa de primer nivel y otros que como se dice coloquialmente, “no se le niegan a nadie” porque son de bajo costo o de obligatoria atención para los prestadores y entes territoriales.

La tutela la interponen los ciudadanos de a pié para conseguir una autorización para los procedimientos, tratamientos, cirugías, exámenes diagnósticos o prótesis que les cuestan alguna suma significativa de dinero a esos grandes amigotes del Gobierno que son las EPS. Por eso, el doctor Gaviria, que posa de ser tan docto y académico, debiera saber que su comparación es inapropiada para dar una idea del problema. Diluir la tutela en todo el universo de los procedimientos de salud no pasa de ser un vulgar truco para engañar lectores desprevenidos.

La tentativa de engaño no se queda en “echarle más agua a la sopa” para que la proporción de la “sal y la sustancia” se reduzca. Recurre también a la maña de afirmar que la ocurrencia de tutelas viene bajando respecto al número de afiliados y para ello toma como referencia el año 2008, que fue el pico más alto en toda la historia de este mecanismo de defensa del ciudadano, justamente el año en el que la Corte Constitucional en buena hora profirió la sentencia T-760 que equipara el derecho a la salud con el derecho a la vida.

Ese punto de partida le permitió concluir al doctor Gaviria, en contravía de lo que aconseja el rigor estadístico, que pasamos de una tasa de 36,4 tutelas por cada 10.000 afiliados en 2008, a una de 25,5 el año pasado. La realidad nos dice que aparte del 2008, la tasa se ha mantenido constante: 24,3 en 2009, 22,1 en 2010, 23.9 en 2011, 25,4 en 2012. Otra maniobrita dialéctica para tratar de salvarle la papeleta a Santos y sus EPS.

Pero el más grave dislate del Ministro consistió en agredir a los ciudadanos que acuden a la tutela para salvar su vida; los acusó de tramposos al afirmar que quien recurre a esa acción, lo hace “para saltarse la fila”. Sepa señor Ministro que si mi vida está en peligro y el intermediario financiero o EPS, tan cercano a su corazón y al del gobierno de Santos, con el propósito de acrecentar su ganancia me niega o dilata la prestación del servicio que me va a salvar o a prolongar la existencia, yo también me salto la fila. Usted seguramente no lo hará nunca, estoy seguro que no conoce una fila y menos una como esta: la fila de la muerte.

Periscopio: El Gobierno de Santos sigue sin responder al clamor de los antioqueños para que modifique el concepto arbitrario del Ministerio de Hacienda sobre la naturaleza privada de 29 hospitales antioqueños, lo que les impide recibir recursos para los planes de saneamiento fiscal y financiero.

Lo cierto es que en el Ministerio y la Secretaría Seccional de Salud figuran como públicos, le reportan a las Contralorías, la Superintendencia, la Contaduría y el Ministerio; son auditados por la Contraloría Departamental, objeto de control disciplinario por la Procuraduría; son de propiedad de los Municipios, sus funcionarios son públicos, es decir ¡son públicos! Pero para asfixiarlos y luego liquidarlos, cualquier pretexto es válido en el gobierno de Santos II, el cual, de acuerdo a sus primeros pasos, será diez veces peor que el de Santos I.