Boletín de prensa
Proyecto de ley otorga concesiones que van más allá de los TLC; Se suprime ilegalmente el monopolio público de licores; Viola la Constitución y atenta contra la industria y el empleo nacionales.
La industria de licores de Colombia es un monopolio público de orden constitucional (Artículo 336 de la Constitución), que el gobierno Santos pretende acabar en contra del empleo y la producción nacionales, explicó el senador Jorge Enrique Robledo. En el Congreso, agregó el senador, y con autoría de los ministros Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez, se tramita el proyecto de ley 152, que siguiendo imposiciones de la OCDE, facilitará la privatización o la quiebra de las licoreras regionales.
En los TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, señaló el congresista del Polo Democrático, el país se reservó el derecho de mantener el monopolio de licores. Sin embargo, en esos acuerdos se se cedió la reducción de los impuestos a los licores extranjeros, contraviniendo, incluso, criterios de salud pública impulsados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Hoy los foráneos pagan más porque, en su mayoría, superan los 35 grados de alcohol. Entretanto, el licor nacional, inferior a los 35 grados, paga menos. Esa reducción de impuestos, que solo favorece a las multinacionales, intensificará la competencia en condiciones de extrema desigualdad en contra de las industrias departamentales.
La ley de iniciativa del gobierno, además, no se limita a regular el monopolio, sino a suprimirlo de facto: a los departamentos se les impondrán una serie de criterios hechos a la medida de las compañías extranjeras para que éstas puedan producir, introducir y distribuir casi sin restricción, violando el principio de autonomía territorial. Esta es una imposición de la OCDE, organismo que se opone al monopolio de licores nacional y con el que Colombia no tiene compromisos que le obliguen a acatar sus recomendaciones.
Propiciar la ruina de la industrial licorera nacional es por completo inconveniente, expresó Robledo, y señaló que está de acuerdo con que se legisle el monopolio constitucional sobre los licores, pero esto debe hacerse bien, cuidando las conveniencias nacionales y no a costa de violar la Constitución, golpear la industria y el empleo colombianos y cediendo ante las presiones de las grandes multinacionales que controlan el comercio mundial de licores. Este estilo de legislar por parte del gobierno Santos, donde solo se impulsan leyes a la medida de los intereses de las potencias, es por completo inadecuado y para nada contribuye a resolver los problemas de Colombia.
Bogotá, 10 de marzo de 2016
Oficina de prensa
Senador Jorge Enrique Robledo