El gobierno no busca privatizar a Isagen porque sea una mala empresa sino porque es muy buena, porque da excelentes utilidades y las dará aún mayores. Si no fuera así, nadie la compraría. La trasnacional que la compre no adquirirá hueso, sino carne de la mejor, entre otras razones, porque el capital privado solo compra bienes públicos que sean o puedan ser rentables. Por eso nunca se verá la privatización de una escuela en un barrio popular o la de una vía de escaso tráfico en una región apartada.
Queda muy mal el ministro Mauricio Cárdenas cuando sugiere que Isagén es algo así como un encarte del que los extranjeros nos harán el favor de desembarazarnos. Y más cuando, citando una norma declarada inexequible, se niega a entregar los estudios que usó para fijarle el precio base a la subasta por la electrificadora (http://bit.ly/1HyP1mj) Y es falaz su comparación entre las utilidades ciertas de Isagen, hoy en día, con las que supuestamente generará, para el país, el negocio privado de las vías de cuarta generación (4G).
Además de la pérdida de los huevos de oro que significa la venta de Isagén, ganancias que de distintas maneras les llegan a los colombianos y que se incrementarán con la operación de Hidrosogamoso, la empresa no debe venderse por otras muchas razones, entre las que la Contraloría resalta tres.
Que el sector público gobierne a Isagen indica que controla o puede controlar el oligopolio que acapara la generación eléctrica. Su privatización puede –o debe–, encarecer las ya muy altas tarifas que se pagan en Colombia.
Se sabe que casi toda la generación hidroeléctrica del país –donde actúa Isagen– la ha construido el sector público. Porque las empresas privadas tienden a rehuir las inversiones cuando exigen montos muy altos, tiempos largos para entrar en operación y plazos amplios para recuperar lo invertido y hacer ganancias. Luego la privatización de Isagen deja al Estado sin un instrumento de importancia estratégica, insustituible para el incremento de la generación que se requiere.
Y la Contraloría afirma que, según el Documento Conpes 3760 de 2013, que sustenta el proyecto de las vías en las que se invertirán estos recursos, “4G no producirá ingresos financieros, por lo cual la venta de Isagen generará presiones adicionales a las finanzas públicas, puesto que (…) un porcentaje importante de los dividendos se giran hoy a la Nación” (http://bit.ly/1cKk8RH). El presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que manejará estas platas, explicó que “el propósito es que esas operaciones tengan un plazo de hasta 20 años, con un período de gracia de 8 años”. Con razón que a los banqueros privados no los entusiasma financiar estas obras.
Además, los extranjeros que se queden con Isagen enviarán al exterior las utilidades que genere y en las condiciones de la venta se establece que dentro de siete años podrán residenciarla en el exterior, con lo que ¡no pagarán impuestos en Colombia!
De otra parte, en general, construir carreteras resulta plausible. Pero ello no les quita importancia a los análisis precisos, porque el diablo está en los detalles y espanta la historia de ineficiencia y corrupción de la construcción de vías en Colombia, riesgo que se agiganta porque a las vías 4G las convirtieron en la reelección de Santos II en cuerpo ajeno, en el de Germán Vargas Lleras.
A propósito, la Anif prendió las alarmas sobre estas carreteras. Afirma que ninguna vía 4G tiene cierre financiero, que en los estudios solo se ha invertido el 0.2 por ciento de su costo, cuando los promedios internacionales muestran porcentajes de diez y quince veces más, rechaza que se haya puesto al Banco Agrario a financiar con garantías insuficientes estas obras y agrega que Colombia carece de un verdadero Plan Maestro Vial, que la politiquería, la mermelada y la corrupción son normales en el sector y que, por los flujos vehiculares escasos, la mitad de las vías de la segunda y tercera ola de las 4G no les interesan a los inversionistas privados, luego carecerán de financiación (http://bit.ly/1HzndOz). Y eso que para esos días no se habían hundido los precios del petróleo ni hecho crisis las finanzas públicas.
Bogotá, 22 de mayo de 2015.
