“La ruta de la corrupción Odebrecht-Grupo Aval que une a Santos, Duque y Marta Lucía, plenaria del Senado, 10 de septiembre de 2019.
Intervención del senador Jorge Enrique en el debate a la ministra de Transporte, plenaria del Senado,10 de septiembre de 2019
Este no es un debate sobre si se hacen o no vías, eso no está en discusión, quiero dejarlo perfectamente claro. Ni siquiera es un debate contra las empresas de infraestructura, como tampoco contra el sistema financiero. Es un debate muy, pero muy específico, sobre corrupción, la de Odebrecht y su socio en Colombia, el Grupo Aval, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, con los sobornos o las platas a las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Y tiene que ver con el ex fiscal Néstor Humberto Martínez como el rey del tapen-tapen. Voy a mostrar, y esto es muy importante, cómo se hermanan Juan Manuel Santos e Iván Duque en todo este horror. Y es un debate sobre los impedimentos de la ministra Orozco y de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Y por supuesto, voy a sustentar por qué debe renunciar la ministra de Transporte.
Aquí estamos hablando de pérdidas muy grandes para los colombianos, sobornos por cien mil millones de pesos, platas que nos sacan a los colombianos de nuestros bolsillos, porque no las pagan los corruptos. La Contraloría ha certificado además qué el no haberse terminado la vía nos está costando a los colombianos 800 mil millones de pesos al año. O sea que van perdidos ya dos billones de pesos por ese concepto. Y ni hablar del desastre de los pequeños contratistas de los alrededores de la Ruta del Sol, muchos de ellos arruinados.
¿Cuál es la naturaleza de cada uno de estos dos grupos que se asociaron, Odebrecht y el Grupo Aval? Odebrecht ya confesó en todo el mundo que era una empresa corrupta, una organización para delinquir dedicada a corromper gobiernos, presidentes, congresistas, un prontuario absolutamente horrible. Una empresa que no solo financiaba campañas, sino que compraba también gobiernos enteros. Han violado en este proceso medio Código Penal, con sobornos, cohechos, asociaciones para delinquir, falso contratos, adjudicaciones a dedo y sin licitación, lavado de activos, mordidas para corromper a la justicia, etcétera. Es una monstruosidad, de lo peor que haya habido en la historia de Colombia.
Establecido con toda claridad qué es Odebrecht, la pregunta es si el Grupo Aval fue una víctima de Odebrecht o si por el contrario fue su cómplice. Es una pregunta clave que ha estado flotando todo el tiempo en el ambiente y sobre la cual ya existe cosa juzgada. Hay cuatro decisiones de autoridad que dicen que el Grupo Aval, Corficolombiana y Episol, particularmente, no fueron víctimas, sino cómplices.
La primera, la de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le abre investigación a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al Grupo Aval en su conjunto, e insta a la Fiscalía a actuar en lo de su competencia. Es un primer fallo que no exime de ninguna manera al Grupo Aval de ser socios de la corrupción de Odebrecht.
Hay un segundo fallo en este mismo sentido del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que responsabiliza a Corficolombiana y a sus directivos, la matriz de esta corrupción en el Grupo Aval, y los multa con 800 mil millones de pesos por las distintas ilegalidades cometidas.
Semanas después, un juez de la República condenó al presidente de Corficolombiana, al señor José Elías Melo, a doce años de cárcel. El juez protestó además porque la Fiscalía no había cumplido con su función ni había imputado todos los delitos y le pidió abrir proceso a Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que era en últimas el jefe de Corficolombiana. Hasta el día de hoy la Fiscalía no ha cumplido el requerimiento.
Y el más reciente fallo es el del Tribunal de Arbitramento entre la ANI y el consorcio de la Ruta del Sol, integrado por Corficolombiana, del Grupo Aval, y Odebrecht. El tribunal declaró nulos todos los contratos por corrupción, por objeto ilícito del contrato, por contratos falsos, sobornos, sobrecostos, falsas utilidades. No les aceptó ni uno solo de los reclamos que hacían. Fue tan torcido lo que hicieron que, de manera ilegal, Odebrecht y el Grupo Aval sacaron lo invertido como utilidades, medio billón de pesos, cuando no podían hacerlo. Reclamaron además 3,9 billones de pesos, y el Tribunal de Arbitramento apenas les reconoció 211 millones de pesos, miren ustedes la inmensa diferencia.
Y la ministra de Transporte y la vicepresidenta estuvieron en andanzas a ver cómo el Estado colombiano le reconocía al consorcio 1,2 billones de pesos, hecho que escandalizó a Colombia y que fundamenta la petición de renuncia que le venimos haciendo.
Agrega el Tribunal de Arbitramento que si los banqueros quieren reclamar, que les reclamen a Odebrecht y a Corficolombiana, como únicos responsables de cualquier desastre financiero que pueda haber, porque actuaron de manera corrupta. El Tribunal de Arbitramento lo establece con toda claridad.
Y en el proceso del Tribunal de Arbitramento, también se pronuncia la Procuraduría General de la Nación sobre el contrato de transacción, ese famoso entre Odebrecht y el Grupo Aval, que asesoró y redactó Néstor Humberto Martínez como abogado del Grupo Aval, un contrato de transacción para tapar lo que estaba sucediendo. Miren lo que dice la Procuraduría, y ojo a esto, que es muy importante: “Es una prueba fundamental que Episol y Corficolombiana conocieron y sabían de los manejos llamados eufemísticamente ‘innecesarios’, para el desarrollo y correcta ejecución del proyecto. Adicionalmente prueba que los representantes de estas sociedades omitieron deberes esenciales de diligencia, como por ejemplo denunciar a Odebrecht en el ámbito penal” (pág. 74 del fallo del Tribunal de Arbitramento). Aquí la Procuraduría señala que Corficolombiana y Episol sabían lo que estaba ocurriendo, un hecho que omitieron, con la asesoría de su abogado en ese momento, Néstor Humberto Martínez.
¿Cómo es el juego del Grupo Aval en esta corrupción? Aquí se ha intentado desbaratar las acusaciones. Y resulta que si hay una institución concentrada en Colombia y controlada por su jefe, por su propietario, es el Grupo Aval, y el dueño del Grupo Aval es Luis Carlos Sarmiento Angulo, así tenga otros accionistas. Es el que manda, hace allí lo que se le dé la gana. Es un grupo fuertemente centralizado, y en una parte muy importante de la cúpula del Grupo Aval está Corficolombiana, la verdadera empresa, no Episol, que estuvo en este negocio de la Ruta del Sol.
Ahora, la cúpula del Grupo Aval está a su vez en la junta directiva de Corficolombiana. Les voy a leer qué altos ejecutivos del Grupo Aval son miembros de la junta directiva de Corficolombiana y qué cargos tienen en el Grupo Aval.
Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta de Corficolombiana y presidente del Grupo Aval.
Juan María Robledo, representante legal del Banco de Bogotá y miembro de la Junta Grupo Aval.
Alejandro Figueroa, presidente del Banco de Bogotá y miembro de la junta del Grupo Aval.
Álvaro Velásquez, miembro de las juntas del Banco de Bogotá y del Grupo Aval.
Efraim Otero, presidente del Banco de Occidente y miembro de la Junta del Grupo Aval.
Sarmiento Angulo, presidente de la Junta Directiva de Aval y del Banco Bogotá.
Pretender que eran unos simples segundones los que estaban decidiendo carece de todo sentido. Y ojo, los banqueros, y es un cargo que hago, tenían que saber lo que estaba pasando dentro de Corficolombiana y en este negocio. Les pregunto a los banqueros: allá entre ustedes, ¿no sabían del escándalo que estalló en julio de 2015 cuando Pizano le destapó a Néstor Humberto Martínez, el abogado de Sarmiento, todo el entramado oculto y se empezó a hablar de sobornos y de fraudes de todos los tipos. ¿Estos banqueros no se dieron cuenta? ¿Miembros de Corficolombiana, socia de Odebrecht, y no se dieron cuenta? ¿Tampoco se dieron cuenta de que les pagaran medio billón de pesos como utilidades que no podían sacar? ¿No supieron del acuerdo de transacción corrupto que les organizó Néstor Humberto Martínez? ¿No sabían nada? Una organización fuertemente centralizada, piramidal, donde no se mueve un dedo sin que lo sepa la cúpula directiva, ¿nada sabía de nada?
Hago entonces una petición formal a las autoridades: corran los velos corporativos de todas estas empresas. Es decir, permítase a las autoridades observar por dentro cómo fueron las jugarretas. Estamos cansos de pedir con José Roberto Acosta que nos manden los correos electrónicos que se cruzaron entre sí José Elías Melo, hoy en la cárcel por corrupción, y sus jefes. Él ha dicho que nunca hizo nada que no estuviera autorizado por la junta directiva de Corficolombiana.
Y agreguemos además que los platos rotos los paguen Odebrecht y Corficolombiana. Y si los banqueros, todos, los de Aval y los que no son de Aval, tienen algún reclamo, que se lo hagan a estas mismas empresas, que fueron las que armaron el lío.
Mencionemos brevemente algunos asuntos de Néstor Humberto Martínez. Voy a mencionar cosas conocidas y unas nuevas que es importante que el país sepa. Yo he demostrado aquí, y este es mi cuarto debate, que Martínez mintió, manipuló, ocultó, amenazó y violó la ley, que partió el proceso para hacer más difícil la investigación y para él no tener que declararse impedido en todos los casos y solo en algunos en los que logramos ponerlo contra las cuerdas. Y tenía que declararse impedido por su inmensa cercanía con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es que este es el imperio del cinismo, casi que cada centavo de la inmensa fortuna de Néstor Humberto Martínez proviene del Grupo Aval. Y este, en su cinismo, no se declaró impedido.
Y ya sabemos por qué. Dejó volar a los directivos de Odebrecht, aconsejó, él personalmente, violar la ley en el contrato Ocaña-Gamarra, engañó al Consejo de Ministros con el Conpes 3817, engañó y persiguió a Pizano, ocultó el pacto del silencio de Odebrecht-Grupo Aval y engañó a la Corte Suprema de Justicia sobre lo que sabía. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera sabido lo que estaban ocultando Odebrecht, el Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez, no lo habría nombrado fiscal. Y Martínez se hace nombrar fiscal es precisamente para poder intervenir en este y en otros procesos. Finalmente, nunca atendió en serio las investigaciones sobre los casos de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.
El Fiscal ad hoc, que lo reemplazó por algunos días, denunció cómo Martínez había parcelado el proceso, una decisión antitécnica para dificultar la investigación, y denunció cómo la Fiscalía de Martínez tramitó mal ante la Interpol unos pedidos sobre funcionarios de Odebrecht. Mostró cómo saboteó la cooperación judicial con Brasil, cómo violó las normas al archivarles el proceso a Gina Parodi y a Cecilia Álvarez, y no acusó por lavado de activos en algunos casos en que era evidente.
Y claro, Martínez no podía hacer las cosas bien hechas, porque él temía que en su investigación se iba a encontrar con Luis Carlos Sarmiento Angulo, y con su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, con Odebrecht, con Juan Manuel Santos, con Óscar Iván Zuluaga, con Germán Vargas Lleras, con Iván Duque y hasta con Simón Gaviria y Alejandro Char. Y se habría encontrado consigo mismo si hubiera actuado de verdad. Él habría tenido que acusarse a sí mismo de ilícitos que se estaban cometiendo.
Al final salió derrotado por la lucha anticorrupción de los colombianos, pero claro, por su naturaleza, salió mintiendo, aduciendo que había salido por asuntos de la Justicia Especial de Paz, una manera de comprarse la protección de Duque y del Centro Democrático.
¿Cómo es lo de las platas a las campañas? Bueno, ahí acaba de estallar un nuevo escándalo. 7.220 millones de pesos de Pacific Rubiales, no han dado nombres, pero dicen “a las campañas en segunda vuelta de 2014”, que no pueden ser otros distintos que los doctores Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Vamos a ver si esta vez sí se investiga con rigor. Difícil lo veo, porque, inclusive, hacen algo inaceptable, y es trasladar la investigación al Consejo Electoral, cuando resulta obvio que es una institución que no tiene capacidad para adelantarla.
¿Cómo es el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Está sabido que hay un viaje a Brasil a reunirse con la gente de Odebrecht. Van Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, que nunca ha explicado qué andaba haciendo por allá, y alguien que se llama Daniel García Arizabaleta, apunten ese nombre. Duda Mendoza, un pillo de los de Odebrecht, o amigo de los de Odebrecht, ha admitido que él le transfirió de una u otra manera 1,5 millones de dólares a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero hay una denuncia aún más importante y que ha pasado inadvertida, aun cuando sea conocida. Es la declaración que hacen ante la justicia brasileña Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina, y Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, y ahí están las películas y la transcripción. Confiesa expresamente Mameri que, por pedido de Martorelli, el hombre de Odebrecht aquí, le pasó a Duda Mendoza 1,5 millones de dólares para atender las necesidades publicitarias de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y Martorelli confiesa a su vez que fue fácil llegarle a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, porque “yo tenía una persona conocida y muy próxima en Daniel García Arizabaleta, trabajando en la campaña de Óscar Iván Zuluaga”. Para él se trataba de una ganga, dice Martorelli, porque tenía un hombre dentro de esa campaña. Y agrega: “Yo hablé con Daniel [García Arizabaleta], diciéndole que tomaba cartas en el asunto después de haber sido autorizado por Mameri, de manera que no necesitaba preocuparse con el tema del accionar de Duda Mendoza, porque yo lo iba a resolver para nosotros en Brasil”. Es la confesión de Martorelli a la justicia brasilera. El Fiscal, allá se llama Procurador, le pregunta si Daniel García Arizabaleta estuvo de acuerdo. Entonces el sindicado, Martorelli, confiesa: “Daniel estuvo de acuerdo y quedó muy agradecido” de que le resolvieran el problema de esa manera. Ahora a mí no me sorprende, porque Daniel García Arizabaleta era un hombre a sueldo de Odebrecht. Por corrupto salió de un alto cargo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue destituido, y además, algo muy llamativo, sigue siendo dirigente del partido Centro Democrático.
¿A qué fue Duque a Brasil? Dejo la pregunta y vamos a ver cómo la enganchamos más adelante con toda la historia que estamos revelando.
¿Cómo es el caso de la campaña de Juan Manuel Santos? Desde hace rato vienen denuncia tras denuncia, empezando por la del “Ñoño” Elías, hoy en la cárcel, admitiendo que era plata para la campaña de Juan Manuel Santos. Sobre el caso penal hay mucha información. Pero en estos días salieron nuevos hechos a la luz. Un empresario, Andrés Sanmiguel, había confesado el 12 de junio del año pasado cómo él hizo un contrato falso con Consol, también parte de este conglomerado Ruta del Sol-Odebrecht-Luis Carlos Sarmiento Angulo, por 3.894 millones de pesos. Agregó que en algún momento le ordenaron transferir esa plata a Esteban Moreno, también mencionado bastante. Esteban Moreno aparecía como jefe de la campaña de Santos en el Valle del Cauca, la del 2014, y como una persona cercana a Simón Gaviria. Y cuenta con todo detalle Sanmiguel cómo fue el traslado de la palta, pero además dio los números de los cheques, las fechas, el contrato. En dos palabras, la denuncia de Sanmiguel es supremamente rigurosa. A esto se le suma que ya en el 2017, los ex presidente Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana le habían mandado una carta muy detallada a Néstor Humberto Martínez –alguien de adentro de la campaña les tuvo que haber soplado– diciéndole, Fiscal, investigue a Esteban Moreno y le dan una serie de fechas y de datos y de platas que no tengo tiempo de señalar.
¿Qué hizo el fiscal Martínez? ¿Procedió con rigor, como la ley se lo ordenaba? Sanmiguel confiesa ante la Fiscalía el 12 de junio de 2018 y Martínez se queda quieto. Solo ocho meses después la Fiscalía le traslada el caso, no a la propia Fiscalía, como correspondía, sino al Consejo Nacional Electoral, como si fuera un simple incidente de topes de campañas y no un caso grave de sobornos y de cohechos y de profunda corrupción. Ocho meses se demoró Néstor Humberto Martínez para mover un proceso penal en el que tenía a la mano todas las pruebas. Solo después de salir él de la Fiscalía se empezó a tramitar en contra de Moreno y en contra del señor Sanmiguel. Es un hecho relativamente nuevo, no se había tratado nunca en este Congreso.
Pero hay otros más nuevos todavía, y con denuncias si quiere más poderosas. Los contó Vicky Dávila en tres artículos de la revista Semana, y les voy a resumir un poco lo que dicen. Lo que hacen en buena medida es transcribir grabaciones de la Fiscalía a los teléfonos de Roberto Prieto, hombre muy cercano a Juan Manuel Santos. Conocí los documentos completos, documentos de la Fiscalía avalados por los jueces de garantías, o sea, se trata de pruebas que no se pueden refutar ni desconocer.
Veamos entonces algunas declaraciones del señor Prieto.
“Roberto Prieto (RP): Tienen muy destapada la segunda vuelta.
“Fernando Quintero (FQ): ¿Destapada?
“RP: Sí, eso se va a venir un tsunami ni el HP… ni le digo, del fiscal para abajo, en los medios ya todo el mundo sabe, el rol que jugó Néstor Humberto, Juan Mesa… Esa carta de Pastrana y Uribe es muy HP, ¿cierto? Jalan esa piola de Esteban (…)
“FQ: No, y los personajes que están detrás.
Son grabaciones transcritas. Revelan también las grabaciones que el Ñoño Elías decía que “se mamaba todo”, pero que lo tuvieran en “un resort”. No podían maltratarlo, y la verdad es que lo han maltratado. Cuando Elías intentó contar un poco de verdades lo reprimieron allá en el sitio donde está recluido.
Y aparece un diálogo entre Roberto Prieto y Eduardo Zambrano. Eduardo Zambrano es un empresario colombiano, con una relación de 30 años con la gente de Odebrecht, y que está confesando en la Fiscalía. Ya aceptó él que actuó violando la ley. Miren esta conversacioncita.
Prieto le pregunta a Zambrano si considera “prudente” que le cuente a Santos.
“Eduardo Zambrano (EZ): Ok, cuéntele.
“RP: Sí, decirle que ellos lo que quieren [los de Odebrecht] es que no los maltraten, que están cumpliendo con todo, que los maltratan en el Banco de Bogotá y mire cómo le fue al grupo empresarial en el Perú [una especie de advertencia]”.
Prieto después le reporta a Zambrano que ya le contó al presidente:
“RP: Le dije que ellos aceptan que se equivocaron y metieron la pata, están dispuestos a reparar, están dispuestos a pagar, pero lo que sí no soportan es que los traten mal, que los maltraten.
“EZ: ¿Y él que dijo?
“RP: No… él toma nota. Para que les cuente que hice esa vuelta también”.
No me vengan a decir que el señor Prieto también es inocente. Y el señor fiscal Néstor Humberto Martínez nunca le abrió proceso a Prieto por la corrupción de Odebrecht. Es bueno que se sepa que Prieto ha pagado cárcel, pero no por este caso de Odebrecht, sino por otro. Sobre eso han engañado a Colombia.
Otra grabación publicada por Vicky Dávila se relaciona con la manipulación de las cuentas de la campaña. Cuando estos tipos se espantan, en mayo de 2017, lo primero que hacen es coger la contabilidad que reposaba en Thomas Greg, la sacan para la Casa de Nariño, y, después de todo un enredo, la pasan para unas oficinas en el norte de Bogotá, misión que le encomendaron a Aracely Rojas, auditora interna de la campaña de Santos y nombrada después cónsul en Los Ángeles, quien vino especialmente a este mandado. Leamos el diálogo entre Aracely y Roberto Prieto. El chuzado era Roberto Prieto.
“Araceli Rojas: (…) que Dios no lo quiera nos vean entrar y salir de allá, qué va a decir la gente; el auditor, el contador y el tesorero preciso están cambiando la contabilidad (…) Nosotros no nos podemos prestar a esas cosas (…) Y en este momento, la verdad, yo no confío en nadie.
“Roberto Prieto: Yo tampoco confío en nadie”.
Sacan las “cajas de la campaña” y las ocultan. Todo el tiempo Prieto le dice: le pongo carro, le pongo oficina, le pongo lo que necesite, todo va por mi cuenta, Aracely, no se preocupe, pero vamos a hacer la vuelta.
En algún momento, Prieto le pregunta:
“Roberto Prieto: Araceli, la factura de Connecta no tiene soporte, porque era de la investigación y eso era confidencial, entonces, por eso, no la dejábamos ahí.
Araceli Rojas: Obvio.
“RP: Yo digo, el partido hizo la investigación de campaña (…) Eso es lo que tengo que cuadrar para justificar que sí hubo investigación de campaña.
En otra llamada, Prieto le pregunta a Araceli si tenían “contratos con Sancho o si solo facturaban”.
Recordemos que Publicidad Sancho está súper untada en este caso, porque se sabe que movió plata en grande.
En esto termina al fin interviniendo Juan Manuel Santos y no se logra establecer la verdad oculta, porque interviene milagrosamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Y entonces otra vez Eduardo Zambrano dice.
“Eduardo Zambrano: Si usted mira en la investigación, ¿quién falta? Falta Sarmiento, que no lo van a meter (…) le van a creer que no sabía, pero la gente sabe que eso no es así.
“RP: Eso, siempre y cuando no hayan dicho nada los brasileños.
“EZ: Los brasileños es posible que lo hayan metido”.
Y al final dice Prieto:
“RP: (…) el Ñoño Elías está llevando del bulto, yo estaba hablando con Germán, yo no sé si esto el país lo aguanta, porque falta el tema de Lyons, que va a cantar. Es que son 100.000 millones de pesos que se robaron, también salpica a todo el mundo, y, fuera de eso, ese fiscal anticorrupción, si lo extraditan, uno no sabe qué vaya a hacer; además, porque lo puso Cambio Radical, y Andrés me contó que los Char están supernerviosos, ¡eso sí es la tapa!”
Todas estas cosas pasaban a escondidas y hoy ya sabemos de lo que estaban hablando.
Y salió a luz otra conversación, tal vez la más importante, para atar a Duque con Santos en esta historia. Reventado el escándalo, hay que resolver qué hacer con el Consorcio de la Ruta del Sol, con Odebrecht y con el Grupo Aval, qué hacer, si ya habían confesado la corrupción. Lo obvio que tenían que haber hecho era haberle caducado el contrato al Consorcio de la Ruta del Sol para poderlo sancionar con toda la fuerza, como lo establece la ley cuando hay caducidad. Pero miren la conversación de Santos, con Luis Fernando Andrade, el jefe de la ANI, que era quien manejaba la cosa, un diálogo también grabado por la Fiscalía. Ojo aquí con las palabras. Santos habla es de nulidad, no de caducidad, porque la caducidad implicaba sanciones supremamente fuertes.
“Santos: Lo que hemos dicho desde el principio, el plan A, la nulidad del contrato a través del Tribunal de Arbitramento, eso sería lo ideal.
“Santos: (…) la solución amigable (…) la que habíamos hablado, donde participaban todos los socios del conglomerado”.
Es Santos tratando con guante de seda a los pillos de la corrupción, ese fue el Presidente de la República que teníamos.
“Andrade: Vamos en ese sentido [la nulidad], ahora, ¿quién habla con Pablo Felipe? [Con Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Industria y Comercio].
“Santos: No, no, tranquilo.
“Andrade: ¿Usted lo llama?
“Santos: Sí, yo hablo con Pablo Felipe, ¿OK? Perfecto.
“Santos: Usted sabe cuáles son los principios: los intereses del Estado, los intereses del sector financiero que no podemos, no podemos hacer algo que ponga en peligro el sector financiero (…) Y todo lo que pueda hacer para acelerar el proyecto”.
¿El sector financiero? Aquí hace referencia es a don Luis Carlos Sarmiento Angulo, el que estaba metido hasta el cuello, porque otros banqueros no andaban tan involucrados.
Y al final de la conversación qué queda en claro. Están discutiendo qué se hace. Entonces Santos le dice a Andrade:
“Santos: ¿Y el otro plan de la Superintendencia de Industria y Comercio?
“Andrade: A mí eso me parece muy riesgoso, señor presidente, porque es una acción administrativa, no es judicial”.
Pero qué sucedió. Que en la práctica se impuso, entre comillas, la solución de Pablo Felipe Robledo, o sea la solución de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Y miren cómo entra Duque en la ecuación. Como voy a explicar en un instante, la Superintendencia de Industria y Comercio no tenía nada qué hacer en este lío. Como así que en un caso de sobornos y de cohechos y de lavado de activos aparece la Superintendencia poniendo una sanción administrativa y como medida cautelar. Dice José Roberto Acosta, con mucha gracia, que eso es como cuando cogen a un sicario después de una masacre, y el proceso se lo hacen las autoridades de tránsito, porque dejó mal estacionado el carro en el que cometió el atentado.
Pero ojo a esto. Estamos en enero 26 de 2017 y el senador Iván Duque, a quien le había estallado en las narices el escándalo de su viaje a Sao Paulo, le envía una carta a la Superintendencia de Industria y Comercio pidiéndole investigara este caso por violación a la libre competencia, que es de lo que se ocupa una Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué tiene que hacer en un caso de este calibre un proceso de libre competencia? Y lo plantea es Iván Duque como senador de la República. Uno se pregunta: ¿A quién le estaba haciendo la vuelta? ¿Es ocurrencia de él solito?
Bueno, y unos días después, 16 de febrero, sale el doctor Pablo Felipe Robledo, y como un rayo, en una medida cautelar, da la orden de terminar el contrato. Se lo he preguntado a todos los abogados y coinciden en señalarme que es absolutamente absurdo. Y el superintendente le da tres días a la ANI para que lo termine. Entonces en tres días, lo único que pueden hacer es llegar a un acuerdo entre el Estado colombiano y los delincuentes. Y en ese acuerdo no hay ninguna sanción para quienes han delinquido. Y además, el gobierno se compromete a pagarles 700 mil millones de pesos, los mismo que siguieron reclamando hasta hace quince días.
Resulta evidente que es el acuerdo que estaba buscando Juan Manuel Santos. Y también es sabido que en ese momento Pablo Felipe Robledo era un hombre de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, quien siempre estuvo acompañando todos estos negocios de la infraestructura.
La ministra de Transporte, que está por aquí, se rasgó las vestiduras. Cómo es posible que el doctor Robledo hubiera intervenido, y cómo es posible que hubiera impuesto la terminación del contrato, por qué impidió y saboteó la caducidad, se preguntó ella. Pues bueno, señora ministra, se le fueron las luces, porque resulta que quien lo promovió es hoy su jefe, el doctor Iván Duque. A mí entonces no me van a meter le cuento de que lo que hizo el doctor Robledo está mal hoy para este gobierno, pero estaba muy bien hace dos años cuando el senador Duque lo promovió, una solución absurda y desbaratada, de descarado favorecimiento a Luis Carlos Sarmiento Angulo.
No termina aquí la historia. Como el lío se volvió un pantanero cuando quedó en claro que los de Odebrecht y sus socios estaban dedicados a robar y no iban a cumplir con los pagos que tenían que hacerles a los banqueros, entonces miren ustedes la salida que se inventaron. En una ley sobre infraestructura que venía tramitándose, el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, se consigue algún calanchín en el Congreso y mete un mico, que resultó ser el artículo 20, modificando una norma. ¿En qué sentido? Que si en casos como este el contratista no les paga a los banqueros, les pagamos los colombianos. Esa es la historia de los 1,2 billones de pesos de la ministra de Transporte. Y además, los contribuyentes les pagaríamos incluso en casos de corrupción. Aquí era donde estaba el veneno. Fue tan escandaloso que el contralor Maya salió de inmediato a protestar. Advirtió: no me aprueban ese articulado. Y después, si lo aprueban, Juan Manuel Santos está en la obligación de objetar la ley. Y después dijo, y cumplió, si la sanciona, la voy a demandar en la Corte Constitucional.
Es uno de los hechos más monstruosos que yo haya visto en este Congreso. El único partido que tuvo el honor de oponerse a la ley fue el Polo Democrático Alternativo. Ahí están las constancias. Es monstruoso lo que plantea la Ley 1882, bien llamada ley Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Cuando la ley demandada, la Corte Constitucional, en una decisión a mi juicio absolutamente equivocada, aprueba el artículo de marras y le pone un condicionamiento, que solo se les puede pagar a quienes sean terceros de buena fe. Eso lo había eliminado la Ley 1882, no la frase, la lógica. Es que lo que ha sucedido aquí es de un grado de corrupta que resulta escandaloso. Lo aprobó el Congreso de la República de Colombia, es inaudito. Y en mayo de 2019, la Corte Constitucional decide darle el paso al artículo.
Pero pónganle cuidado a este dato, también de lo más impresionante, y por lo que la ministra de Transporte debe renunciar. En Colombia ¿quién habló por primera vez en público del concepto de terceros de buena fe en este caso? No fue la Corte Constitucional, pues, como ya les dije, ella falla en mayo. No, fue en diciembre 21 de 2018, en una reunión a la que asisten Marta Lucía Ramírez y asiste la ministra de Transporte, cuando se empieza a hablar del concepto de los terceros de buena fe. Y en enero, cuando la ministra de Transporte autoriza un pago enorme a los bancos, relacionado con este asunto, vuelve ella a introducir el concepto de los terceros de buena fe, antes siquiera de que la Corte Constitucional hablara del tema. O sea, la ministra de Transporte y la doctora Marta Lucía Ramírez, le tiran la línea a la Corte Constitucional, para ponerse una hojita de parra a fin de aprobar un artículo que nunca se debió haber aprobado. Hasta dónde va a llegar el degeneramiento de la manera como se hacen las cosas en Colombia.
Cómo supo el país del intento de regalar 1,2 billones de pesos a los banqueros, promovido por la ministra de Transporte y la doctora Marta Lucía Ramírez. En otra valerosa columna, María Jimena Duzán, revienta la historia en Semana. Revela que el gobierno nacional está en tránsito de hacer un acuerdo con los banqueros para pasarles 1,2 billones de pesos. Es ahí cuando estalla el escándalo. Y entonces al otro día sale la ministra de Transporte y lo admite. Pues sí, estamos en eso, pero eso sí, nos van a perdonar 200 mil millones de pesos en intereses, luego fíjense ustedes que el negocio no es tan malo. Nos iban a perdonar 200 mil millones de pesos al tiempo que les regalábamos 1,2 billones de pesos. Acá son capaces de decir cualquier cosa, como le pasa a alguien que yo conozco.
Y para qué, y esto puede ser lo peor. En ese mismo momento estaba funcionando el Tribunal de Arbitramento, que tuvo que reemplazar la fallida operación del 2017, que les regalaba también 700 mil millones de pesos a estos personajes, y el Tribunal de Arbitramento debía fallar el 6 de agosto. Y mientras el Tribunal de Arbitramento estaba por fallar, Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte andaban reuniéndose con los banqueros a ver cómo cuadraban el negocio de los 1,2 billones de pesos. Es que no solo era la plata que les daban. Era que si había acuerdo, no habría fallo del Tribunal de Arbitramento. Y si no había fallo del Tribunal de Arbitramento, no hubiéramos conocido las 700 páginas de vagabunderías que, según lo explicó el Tribunal, hicieron Odebrecht y el Grupo Aval. No se habría conocido nada, porque hubiera habido un acuerdo previo.
En el acuerdo, y con todo descaro, la ministra de Transporte aceptó que se pusiera que los banqueros del Grupo Aval eran terceros de buena fe. De cuándo acá la señora ministra de Transporte puede determinar quién es o no tercero de buena fe. Y cita de manera dolosa una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no utiliza la frase “terceros de buena fe”, pero que ella la deduce, para empezar otra vez con el caballito de batalla de los terceros de buena fe, la hojita de parra con la que se iban a cubrir el regalo de los 1,2 billones de pesos.
En qué terminó el Tribunal de Arbitramento. Que lo que le iba costar a Colombia 1,2 billones de pesos, se resolvió con 24 mil millones de pesos, porque el tribunal no aceptó las pretensiones de estos personajes. ¡Qué tal de la que nos salvamos! Si ese acuerdo se hubiera consumado, la tumbada habría sido astronómica. Pero nadie lo hubiera sabido. Ahora, dejo en claro: el Tribunal de Arbitramento condenó por corrupto al Consorcio de la Ruta del Sol, incluidos sus socios.
Pero además miren esta historia, que es como la tapa del cóngolo. ¿Saben ustedes quiénes fueron otros dos actores importantes de ese fallido acuerdo con los banqueros? Dos personajes muy conocidos por otros escándalos. Alberto Carrasquilla, que también trabajó con una de las organizaciones del Grupo Aval, porque los 1,2 billones no se podían pagar sino con TES, títulos de tesorería, Esa emisión de bonos, para que se pudiera hacer, necesitaba del visto bueno del ministro Carrasquilla. ¿Pero saben quién era el abogado de los banqueros en este negocio fallido de los 1,2 billones de pesos? El señor Andrés Flórez, que había sido socio de Carrasquilla en Konfigura en el escándalo de los bonos del agua. Una desvergüenza. Son como un combo y se mueven como un combo haciendo negocios por todas partes. Y atropellan de manera inicua los intereses nacionales.
Paso enseguida a reseñar los impedimentos de la ministra de Transporte y de la vicepresidenta de la República. Es un punto muy importante en este debate, se lo digo a todos los colombianos, así tengamos diferencias en otros asuntos. ¿Cuándo se debe declarar un funcionario impedido para actuar, así no haya de por medio un caso de corrupción? El impedimento tiene que ver con el más profundo sentido de justicia. Si yo soy cercano a alguien, mis decisiones estarán afectadas por esa cercanía. Entonces aquí hay una norma que con toda precisión establece dos tipos de impedimentos. Uno, temporal a un año, que es cuando existe algún tipo de relación de negocios u otra entre el funcionario y quien va a ser objeto de la decisión. Aquí ayer se votaron no sé cuántos impedimentos.
Este primer impedimento es en el que incurrió la ministra de Transporte. Pero hay otro tipo de impedimento, que es permanente. Cuándo hay impedimento permanente. Cuando hay relaciones de parentesco, el papá, la mamá, el hermano, uno tiene que declararse impedido. Pero además la ley establece otro tipo de impedimento, uno por odio, porque si voy a decidir sobre una persona a que odio, es obvio que no hay ninguna garantía de debido proceso, no es posible garantizar la imparcialidad del funcionario. Y otro, el contrario, la amistad entrañable, ser muy amigo de la persona sobre la que se va a decidir. Es lo que dicen las normas. Y ojo con esta explicación, que es muy bonita. La familia, uno nace con ella, nadie la escoge, pero me decía alguien, los amigos son la familia que uno escoge. Puede ser mucho más fuerte el impedimento por razones de amistad que por parentesco, porque yo puedo tener hermanos o primos a quienes no veo hace mucho tiempo. Pero en cambio las relaciones de amistad, de amiguismo, de colegaje, de negocios continuados, generan una relación que por supuesto impide la imparcialidad, la neutralidad en la toma de decisiones.
Analicemos ambos casos en relación con la ministra de Transporte y con la vicepresidenta de la República. Lo primero que hay que decir es algo bochornoso. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, mantienen una relación de amistad íntima y de negocios de muchísimos años. Por lo menos desde los años noventa han sido socias en uno u otro negocio. Cuando Marta Lucía Ramírez llega al Ministerio de Comercio, nombra de viceministra a la doctora Orozco. Después sale Marta Lucía Ramírez del Ministerio y la reemplaza por nombramiento de Andrés Pastrana. Digamos que en buena medida, Marta Lucía Ramírez la pone allí. Todo el mundo sabe que Ángela María Orozco es una cuota en el gabinete de Marta Lucía Ramírez, algo perfectamente conocido. Fueron socias en una empresa que se llama R&O, fueron socias también en una empresa con la hubo un pequeño escándalo en torno a negocios con Venezuela, que se llama Global Security; sus esposos fueron socios de la junta directiva de esa empresa en algún momento. Entonces ya aquí hay una cosa que uno tendría que preguntarse: ¿no debería haber impedimentos entre ministra y vicepresidenta, hoy con toda la autoridad conferida por Duque para manejar lo de infraestructura, con un grado de amistad de este calibre? Y a esto súmenle que quien también está incurso en esta condición de impedimentos es el director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, también íntimo de Marta Lucía Ramírez y financista de su campaña. Entonces en todos estos asuntos están apareciendo juntas Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el doctor Camilo Gómez, que es quien se supone debe protegernos de todas estas anomalías, pero a quien vemos participando en más de una de estas reuniones.
¿Dónde está el impedimento de la doctora Ángela María Orozco? Resulta bien fácil de determinar. Ella fue hasta el 19 de julio del año pasado la representante legal y la única propietaria de una firma llamada R&O, en la que fue socia de Marta Lucía Ramírez. En la publicidad de esa empresa, por lo menos hasta agosto de este año, cuando la escondieron –la bajaron, pero nosotros alcanzamos a verla–, se informa que entre sus clientes estaban el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, del Grupo Aval, acreedores del negocio de la Ruta del Sol, los banqueros a quienes el gobierno les iba a regalar parte de los 1,2 billones. A ellos les tocaban 600 mil millones de pesos. La norma es clara en señalar que ahí existe una causa de impedimento por un año. La doctora Ángela María Orozco no tiene escapatoria, pues el 21 de diciembre del año pasado actuó en una reunión con Marta Lucía Ramírez, la misma en que por primera vez echaron el cuento de los terceros de buena fe. Actuó y no podía actuar. El 10 de enero salió a los medios a ufanarse de que ya había pagado un platal a los banqueros, incluidos los del Grupo Aval, porque eran terceros de buena fe. Tampoco podía actuar en esta oportunidad la doctora Ángela María Orozco. Y después el 15 de julio de este año estuvo con Marta Lucía Ramírez en una reunión con los banqueros hablando del tema del acuerdo. Tampoco podía. No es un problema de sí tenía o no la razón. El impedimento se da por el simple hecho existente, con independencia de lo que se vaya a resolver en estas actuaciones.
Cuál es el caso de Marta Lucía Ramírez. No se puede entender la carrera política, económica y social de Marta Lucía Ramírez sin Luis Carlos Sarmiento Angulo. Proporciones guardadas, se asemeja bastante al caso de Néstor Humberto Martínez. Pero es así. Voy a mostrar cómo es que se desarrolla ella al lado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cosa que en principio no es un crimen. Estoy hablando aquí es de impedimentos. No olvidemos que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene nueve concesiones viales, una de ellas, nada menos que la de la vía al Llano. O sea la doctora Marta Lucía Ramírez está decidiendo sobre esa concesión porque el Presidente de la República le delegó esa potestad, lo mismo que Ángela María Orozco, que estuvo impedida por lo menos hasta el 19 de julio pasado.
Veamos entonces qué pasó. Desde muy joven, recién salida de la universidad y luego de pasar por la Superintendencia Bancaria, y es muy llamativo ver a alguien bien cercano a Luis Carlos Sarmiento Angulo que no venga de la Superintendencia Bancaria, allí donde les cuadran los negocios a los banqueros, una curiosidad que establezco aquí. Fue presidenta de la Anif, y resulta que la Anif está controlada por los banqueros y en ese momento el presidente de la junta directiva de la Anif era Luis Carlos Sarmiento Angulo. O sea, que el puesto de Marta Lucía Ramírez se lo debe a Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el año 1993 creó como abogada la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo y fue su representante legal. En 1994 fue asesora jurídica de Luis Carlos Sarmiento Angulo. En 2004, dice ella misma, a través de Ramírez & Orozco, o sea, R&O, la firma que hoy posee la ministra de Transporte, hizo consultorías para el Banco de Occidente sobre los asuntos de los TLC. Para junio de 2006 fue miembro suplente de la junta directiva del Banco de Bogotá. Y en el 2012 ella misma dice que fue consultora nuevamente del Banco de Bogotá. O sea, una vida entera en las instituciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que controla toda la microgerencia de esa organización. Ella misma confiesa en dos ocasiones que Luis Carlos Sarmiento Angulo la modeló, la formó, cosa que no es sorprendente. Una vez les comentó a unos periodistas que ella había pagado el servicio militar trabajando con Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuando la nombraron ministra de Defensa.
Después, fue ella quien diseñó en el gobierno de Cesar Gaviria el Ministerio de Comercio, que es de su autoría, y precisa: “Aplicando todo lo que había aprendido con Luis Carlos Sarmiento Angulo en cuanto a calidad, competencia, la gente más capacitada, etc.”. Es evidente la cercanía. Ahora la niega, ella casi lo que dice es que lo ha visto pasar por ahí. Pero vamos a ver más cosas.
No pudimos saber quién le financió la campaña al Senado a la doctora Marta Lucía Ramírez, no pudimos saberlo, porque no nos dio la información el Consejo Nacional Electoral. Pero sí supimos que en las elecciones de 2014 el Banco de Occidente le prestó 1.960 millones de pesos. Y que para estas elecciones, en las que resultó electa con Iván Duque, los créditos del Banco de Bogotá fueron de 15.209 millones de pesos, o sea que entre los dos créditos o los dos momentos, 17.169 millones de pesos. Fíjense que lo que les estoy cuestionando no es que los banqueros les hayan prestado plata. Lo que estoy cuestionando es que todas estas son pruebas de las relaciones estrechas de amigos, de compañeros de negocios, de gente que recibe un buen trato del Grupo Aval.
Miremos los negocios de Álvaro Rincón, el señor esposo de la vicepresidenta de la República, un arquitecto, digamos, muy exitoso en el mundo de los negocios. Bueno, dicen en la Cámara de Comercio, según certificado que tenemos, que a diciembre 31 de 2016 los créditos del Banco de Bogotá a Hitos Urbanos SAS, que es su empresa, eran de 842 millones de pesos. A octubre 31 de 2017 los créditos con el Banco de Bogotá ya iban en 2.142 millones de pesos. Los créditos con el Banco de Occidente, 1.900 millones de pesos. Total estos tres, y no tenemos acceso a toda la información, porque los senadores no tenemos más acceso a la información que la que misma de un ciudadano común y corriente, suman 4.884 millones de pesos. Y no es que el señor Rincón no pueda hacer créditos. Lo que estoy cuestionando aquí es el impedimento que genera esta serie sucesiva de estrechas relaciones entre Luis Carlos Sarmiento y la vicepresidenta de la República.
Y este dato es interesante y ojalá que alguien pudiera dilucidarlo. Rincón, su esposo, es el propietario del 37 por ciento de las acciones de Hitos Urbanos. ¿Quién será el dueño del resto, será alguien del Grupo Aval? No lo sabemos, porque no nos dan la información. Pero además, esa empresa tiene un endeudamiento que es equivalente al 90 por ciento de su capital. O sea los banqueros, alguien, algún prestamista, es el verdadero dueño de esa empresa. Hago la pregunta: doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, doctora Marta Lucía Ramírez, doctor Rincón, ¿es el Grupo Aval? ¿La firma del esposo de Marta Lucía Ramírez, el patrimonio de ella, lo controla Luis Carlos Sarmiento Angulo? Sería bueno que se supiera. Por eso es tan importante correr velos corporativos.
Pero miren además el entusiasmo con la que doctora Marta Lucía Ramírez defiende al Grupo Aval. Dice ella en un trino de 2011: “Grupo Aval ingresará a mercado de valores de EEUU! Excelente inversión. Celebro que Grupo Aval llega a bolsa de NY”. Publicista del Grupo Aval. Otro trino de 2013, hasta cómico: “Que buena invitación de Grupo Aval para oír a Pep Guardiola. Colombia es un gran equipo que necesita verdadero liderazgo”. Yo pregunto, ¿el de Pep Guardiola o el de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Sería la pregunta que habría que hacerle a la vicepresidenta de la República. Y después en 2018, azuza para que les caigan penalmente a un grupo de ciudadanos que en ese año hicieron fuertes protestas contra el Grupo Aval. Entonces ella azuza a la Fiscalía por una demanda penal que interpusieron para perseguir a unos compatriotas: la señora vicepresidenta de la República, haciendo de policía en defensa de los intereses del Grupo Aval.
Cómo son las relaciones sociales de la señora Marta Lucía Ramírez. Porque estoy es mostrando relaciones, afectos, como causal de impedimento permanente. Ustedes las encuentran en las páginas sociales: Marta Lucía Ramírez, invitada de honor a la inauguración Hotel Gran Hyatt, un hotel de Luis Carlos Sarmiento Angulo; Marta Lucía Ramírez y su esposo en el lanzamiento de la Clínica de Cáncer de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con fotos de gala, todos muy bien vestidos; otra, Marta Lucía Ramírez y su esposo en el homenaje que le hicieron a Luis Carlos Sarmiento Angulo con ocasión de los 50 de su organización. Y otra, Marta Lucía Ramírez y su esposo asistiendo al cumpleaños número 80 de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo pregunto, entre los 48 millones de colombianos, además de Marta Lucía Ramírez y su consorte, a cuántos colombianos más invitaron al cumpleaños de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y me van a decir que esa es una relación lejana. No, aquí estamos hablando de una relación estrechísima, sostenida a los largo de más de 30 años. Y ojo con esto, y en eso le hago una petición a la señora vicepresidenta, ábrame las puertas de toda la información de sus negocios y los de su esposo, si está tan seguro de que es lo único que hay, estoy seguro de que hay más cosas. Le hago una pregunta, señora vicepresidenta, ¿en su celular no tiene grabado el teléfono privado de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y le hago la misma pregunta a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿en su celular no tiene grabado el teléfono privado de la señora vicepresidenta? ¿No se contestan las llamadas mutuamente cuando se las hacen, son completamente indiferentes entre ellos?
Le preguntamos a Iván Duque si él conocía de las andanzas de la señora ministra de Transporte, la del regalito de los 1,2 billones de pesos, la jugadota, que hemos llamado, y la Presidencia de la República, la Casa de Nariño, me respondió: no tenía ni idea el Presidente de la República. Sin embargo, la ministra de Transporte, el 7 de agosto, en Blu, confiesa: “El presidente estaba enterado de las conversaciones”. Bueno y también lo sabía Marta Lucía Ramírez.
Entonces la pregunta es obvia: quién miente aquí. La Casa de Nariño y el Presidente de la República o quién. Alguien está mintiendo. Pero además agrego que si el Presidente de la República, Iván Duque, no sabía de un negocito en el que se iban a regalar 1,2 billones de pesos, en qué país vive, qué Presidente tenemos, está metida su vicepresidenta, su ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, la ANI, Luis Carlos Sarmiento Angulo, todo el mundo, y él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cosa bien curiosa.
Y le hago esta pregunta a la vicepresidenta, pues en el caso de la ministra, digamos que su impedimento parece que ya terminó: por qué se resisten a declararse impedidos. Es que declararse impedido no implica una aceptación de corrupción ni nada que se le parezca. Es simplemente reconocer un hecho, que son amigos muy cercanos y compañeros de negocios. Por qué entonces se resisten a declararse impedidos. Ya sabemos por qué no se impidió Néstor Humberto Martínez. Porque estaba en un torcido protegiendo la corrupción de Odebrecht y del Grupo Aval. Y le hago la pregunta a Marta Lucía Ramírez: ¿me va a decir la vicepresidenta que es ella la única persona en Colombia y en el Estado colombiano que puede encargarse de las relaciones del Estado con las empresas del Grupo Aval? Es que ella no tiene que declararse impedida en ningún otro negocio, solo en los que sostiene el Estado con las empresas del Grupo Aval. ¿Y solo ella puede atenderlos?
Por favor, manden un mensaje de rectitud, un mensaje claro al país, un mensaje de que no llegan al Estado a aprovecharse de su poder.
Termino con las conclusiones de la intervención. La corrupción fue Odebrecht-Grupo Aval. Hay que investigar en serio, que no se ha hecho, a Juan Manuel Santos y a Óscar Iván Zuluaga. Néstor Humberto Martínez, lo volvimos a probar, hoy fue el rey del tapen-tapen. La ministra de Transporte y la vicepresidenta estuvieron juntas en el intento del regalo de los 1,2 billones de pesos. La ministra de Transporte violó la ley 1437 de impedimentos. La vicepresidenta de la República la está violando en este preciso instante. Y si sigue en el cargo, la va a violar hasta el final del periodo presidencial.
Entonces también digo que no más capitalismo de amigotes. Claro, el capitalismo es un sistema de competencias, y de codicia y de ganancias, pero este no puede seguir siendo un país donde hay unos que se pueden quebrar y otros que siempre tienen que ganar, pase lo que pase, aun cambiando las leyes, y el 99 por ciento de los empresarios nacionales son como unas especies de idiotas que no tienen quién los proteja en ninguna circunstancia. Que es lo que ha pasado en este caso.
Ya es hora de que ellos también puedan perder. Que este deje de ser un país en donde hecha la ley, hecha la trampa, pero ahora están en una peor, hecha la trampa, hecha la ley. Primero diseñan la trampa y después diseñan la ley. Es completamente inaceptable.
Todos los últimos análisis sobre los asuntos de corrupción ya la definen como el abuso del poder para el beneficio privado. Que es a lo que estamos asistiendo aquí. El abuso del poder para el beneficio privado. Colombianos, esto tiene que cambiar, tenemos que cambiarlo entre todos. Ellos no lo van a cambiar, los mismos con las mismas seguirán en lo mismo. De nosotros depende que empecemos a hacer un país diferente al desastre que estamos padeciendo.
Réplica del debate “La ruta de la corrupción Odebrecht-Grupo Aval que une a Santos, Duque y Marta Lucía, plenaria del Senado, 10 de septiembre de 2019.
Este es mi cuarto debate en el recinto del Senado sobre el caso Odebrecht-Grupo Aval. Y he oído con cierta persistencia que es quienes hacemos estos debates no hablamos de la plata de Odebrecht-Grupo Aval a las campañas de Juan Manuel Santos. No me gusta aquí usar la palabra, pero me veo obligado: quien afirme eso miente, porque en los cuatro debates he sacado el punto a la luz. Como también el de la plata a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y es más, hoy hay una información en Blu, para que ojalá la miren, en que Eduardo Zambrano, uno de los hombres de Odebrecht en Colombia, empieza a contar en detalle cómo fue que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el 2009 y en el 2010, se empezó a armar la tramoya para pasarle plata a la campaña de Juan Manuel Santos. Este es un hecho nuevo. No se emperren entonces en decir que de estas cosas no se ha hablado.
Y propongo de paso volver a abrir la investigación, si es posible, a Gabriel García Morales, el viceministro del Transporte de ese gobierno. Porque Néstor Humberto Martínez la despachó con demasiada limpieza, una perfección pura. Según el Fiscal, solo él, solo ese viceministro se metió al bolsillo 6,5 millones de dólares. ¿Y nadie le ayudó en los sobornos que se pagaron durante ese gobierno, relacionados con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos? Recordemos que en ese momento, Juan Manuel Santos, era el candidato del Presidente de la República y de todos los que hoy conforman el Centro Democrático. Ellos fueron los que lo ungieron como Presidente de la República.
Dice Óscar Iván Zuluaga que él es absolutamente inocente y es natural que lo diga. Como es natural que lo digan sus amigos. Pero cuál es el problema. Aquí hay acusaciones gravísimas ante la justicia de Brasil, publicadas en la revista Semana y descubiertas por un noticiero norteamericano, en las que Luiz Mameri y Eleuberto Martorelli precisan con todo detalle que por conducto de Daniel García Arizabaleta, alto directivo del Centro Democrático, le hicieron llegar la plata a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, 1.6 millones de dólares. Están publicados los videos, búsquenlos en Semana.
Pero además dice Óscar Iván Zuluaga que a él ya le archivó el proceso el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se lo archivó, también más o menos natural, porque ese es un cuerpo político, sin capacidad de investigación. Allí los temas se definen por política. Pero Zuluaga calla que la Fiscalía y la Procuraduría rechazaron ese archivo. Y la Procuraduría y la Fiscalía insistieron en señalar que sí habían entrado 1,6 millones de dólares a esa campaña.
Pero además, la última revista Semana saca a luz una denuncia nueva que habrá que investigar. Y es que le entraron tres mil millones de pesos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga por cuenta de Pacific Rubiales y 6 mil millones de pesos a la de Juan Manuel Santos. Tendrán que aclararlo las autoridades, pero esas son denuncias que están ahí y que hay que mirar con cuidado.
Cuál es el problema más grave que enfrentamos aquí, y en eso estoy eximido de toda responsabilidad. Es que nadie ha investigado en serio estas denuncias, porque el que tenía que hacerlo, Néstor Humberto Martínez, llegó a ser el rey del tapen-tapen, como todos sabemos. Y fuera de nosotros, la oposición a los mismos con las mismas, nadie le exigió a Néstor Humberto Martínez cumplir con su papel, nadie le exigió que investigara en serio ni a Óscar Iván Zuluaga ni a Juan Manuel Santos, a quienes nunca investigó la Fiscalía. Es una realidad. Y Néstor Humberto Martínez no solo no investigó a esas dos campañas presidenciales, como era su obligación legal porque aquí estamos hablando es de sobornos, no de simples donaciones a las campañas. Aquí estamos hablando de asuntos que hacen parte de procesos penales, sino que tampoco investigó con rigor y seriedad a don Luis Carlos Sarmiento Angulo ni al Grupo Aval. Porque aquí se montó una operación de tapen-tapen en la que estuvieron vinculados todos los poderes políticos que hay en Colombia, todos los presidentes y expresidentes de la República, incluidos los dos últimos. Es la lamentable realidad. Y entonces ahora nos quieren despachar con cuentos.
Aquí también se ha puesto en duda que no hay nada contra la ministra de Transporte. Voy a explicar por qué le estamos pidiendo la renuncia. Lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a ratificar. Resulta que esta señora, junto con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, les intentó regalar un billón de pesos a los banqueros de la Ruta del Sol, incluidos 600 mil millones de pesos a los del Grupo Aval. ¿O no lo intentó? ¿No hicieron reuniones para eso? ¿No salió la ministra a decir que era un negocio maravilloso porque los banqueros nos iban a rebajar a los colombianos intereses por 250 mil millones de pesos?
Lo que pasa es que les salió María Jimena Duzán y les reventó la papeleta y tuvieron entonces que recular. Pretendían no solo regalarles ese billón, sino también, aún más grave, matar el fallo del Tribunal de Arbitramento, que no conociéramos las 700 páginas de corrupción de Odebrecht y del Grupo Aval tal como las destaparon el Tribunal de Arbitramento y otras tres decisiones jurídicas. Y encima declaraban a los banqueros del Grupo Aval que dizque terceros de buena fe. Señora ministra, dígame la norma que le permite a usted hacer ese tipo de declaratorias, llegar a ese tipo de acuerdos. La Procuraduría insistió en que esa tercería de buena fe tenía que ser demostrada, sustentada, pero aquí se la andaban inventando para poderles regalar la plata a los banqueros del Grupo Aval.
Por qué además tiene que renunciar la ministra. Porque ella estaba impedida para actuar en este asunto. Usted sabe muy bien que de acuerdo con la información de su empresa, usted estaba impedida hasta el 19 de julio de este año para actuar en cualquier tema relacionado con el Grupo Aval, porque usted confesó que entre sus clientes estaban el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente. ¿Cuándo mintió entonces, antes o después? Y si mintió, también tiene que renunciar, señora ministra, porque a este país no se le puede engañar con cuentos.
Y cuál es el lío. Usted ya no está impedida, su impedimento era por un año, aunque no lo cumplió. Y el de Marta Lucía Ramírez es un impedimento permanente. Y resulta que detrás de todo este sainete, de este regalo del billón de pesos, está Marta Lucía Ramírez, la jefa política de la ministra de Transporte, como todos los sabemos, y además son íntimas amigas. Ella es la jefa política del director de la Agencia Jurídica del Estado, el funcionario que supuestamente debería impedir regalitos como ese del billón de pesos.
Ella está impedida además porque mantiene relaciones profundas de amistad con Luis Carlos Sarmiento Angulo, como está suficientemente demostrado, y eso genera en la ley 1437 un impedimento permanente, no solo de un año. Todo lo que es hoy Marta Lucía Ramírez en su vida, todos sus éxitos, se explican porque siempre ha tenido detrás al Grupo Aval. Y son muchos los contratos y negocios importantes de ella con Luis Carlos Sarmiento Angulo, por lo menos media docena le hemos encontrado. Y ella admite que admira a Sarmiento porque fue su gran profesor.
Pero no es solo eso, ahí están los 17 mil millones de pesos en créditos de los bancos del Grupo Aval a las campañas presidenciales de Marta Lucía Ramírez. Y no es que sea un delito ser amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo ni un delito recibir la plata prestada. Pero sí viola la ley quien teniéndose que declarar impedido por razones de amistad no lo hace. Y además, las empresas del esposo de Marta Lucía Ramírez han contraído deudas por cerca de 5 mil millones de pesos con el Grupo Aval. ¿Y eso tampoco genera fuertes lazos de amistad e impedimentos?
Quisiéramos saber, y se lo vuelvo a preguntar a Marta Lucía Ramírez, quiénes son los socios en la empresa de su esposo, Hitos Urbanos, endeudada en 90 por ciento. ¿A quién le debe ese 90 por ciento? Destapen las cartas, porque es bueno que los colombianos sepan que los congresistas no tenemos dientes para investigar, todo está montado para que no podamos investigar, y entonces aquí cualquier funcionario nos oculta la información, nos la manipula, nos engaña y nosotros carecemos de los recursos suficientes para ir hasta el fondo con la investigación.
Por último, enlacemos a Iván Duque y a Juan Manuel Santos. Las grabaciones prueban que Juan Manuel Santos intrigó y logró que no se le declara la caducidad del contrato a la Ruta del Sol, es decir a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo cuadró con el director de la ANI y con el director de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso fue así, una intriga. Aquí podrán decir lo que digan, pero lo salvó de la caducidad del contrato que era un golpe gravísimo a las finanzas de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Como entra Duque en este sainete. Extrañamente, el senador Duque, bregándose a quitar de encima su ida a Brasil a reunirse con los de Odebrecht, nunca explicada por él, le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir en este caso por violación de la libre competencia. Lo dije la vez pasada y lo repito ahora, esa decisión que tomaron Santos, el superintendente de Industria y Comercio y el director de la ANI, es algo así como que a un sicario lo cojan con las manos en la masa y no lo acusen por asesinato, sino por haber estacionado mal el carro. ¡Qué tal esa! Sobornos tramitados como si fueran problemas de libre competencia. Ahí quedaron junticos Juan Manuel Santos e Iván Duque.
¿Dónde vuelven a aparecer junticos ellos dos y el santismo con el Centro Democrático? En la aprobación de la Ley 1882, que estaba en la base del regalito de los 1,2 billones de pesos. ¿Qué establece la ley? Que si un contratista de APP –porque solo funciona para APP, el resto de los empresarios que se arruinen– no les paga a los banqueros, debemos hacerlo los colombianos. Los contribuyentes regalamos la plata para pagarles a los banqueros, es lo que estipula la Ley 1882, justamente llamada Ley Sarmiento Angulo. El Polo Democrático Alternativo fue el único partido que en este Recinto votó en contra de ella, en medio de mi protesta y en medio de la protesta del contralor General de la Nación, quien incluso exigió que se objetara la norma e interpuso una demanda ante la Corte Constitucional, que desafortunadamente la Corte no acogió. Y ahí estuvieron todos juntos otra vez. Duque era senador cuando se aprobó la norma, que no ha debido aprobarse ni con remiendo ni sin remiendos. Y entonces, vuelvo y repito, aparecen juntos.
Y ahora, para ratificar la unión, el último favor que le intentó hacer Duque a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Odebrecht fue el regalito de los 1,2 billones de pesos, en el que fracasó.
Entonces, respétense a ustedes mismos. No se limiten a aducir que mis denuncias son un refrito, que aquí no hay nada nuevo. Hemos denunciado con nuevas pruebas que aquí hay un fenómeno de corrupción descomunal, de corrupción profunda, de sobornos y de cohechos durante las dos últimas Presidencias de la República, la de Álvaro Uribe Vélez y la de Juan Manuel Santos. Que sucedieron en ambos gobiernos es una realidad incontrovertible, y ahí hay responsabilidades políticas todavía pendientes, porque está involucrado también el gobierno de Iván Duque.
Es el pleito que tenemos quienes estamos en la oposición. Los mismos con las mismas están destruyendo a Colombia. Y puede que la sigan destruyendo. Y aun así, es muy probable que salgan absueltos y hasta con la Cruz de Boyacá. Pero no nos van a silenciar, no van a callar la voz del senador Jorge Enrique Robledo ni la del Polo Democrático Alternativo. Y vamos a luchar hasta derrotarlos y sacarlos de la jefatura del Estado, porque no crean que podrán seguir haciendo de las suyas impunemente para toda la vida.
