Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de octubre de 2008.
No existe país que se diga democrático cuya Constitución Política no establezca que los asalariados tienen derecho a organizarse en sindicatos, a la contratación colectiva y a la huelga. A organizarse y a escoger sus voceros, para relacionarse con su patrón no de manera individual sino como grupo. A la contratación colectiva, para que los contratos laborales no se negocien entre el empresario y cada trabajador, sino entre el patrón y el conjunto de los trabajadores. Y a la huelga, último recurso con el que los asalariados expresan no estar dispuestos a suscribir contratos laborales en las condiciones que intenta imponerles la contraparte.
Además de que estos derechos se encuentran en principio establecidos, hay que repetirlo, en todas las Constituciones de todos los países que se precian de democráticos en Europa, América, Asia, África y Oceanía, aparecen también en la Declaración de los Derechos Humanos. Y existe la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hace parte de la ONU, la cual debe velar por su respeto a escala global, al igual que el de otros derechos que también reconocen garantías laborales democráticas.
Los derechos democráticos de organización sindical, contratación colectiva y huelga tienen origen en una verdad irrebatible: si el contrato laboral se pacta entre el trabajador individual y el patrón, y más ahora con unos monopolios descomunales, pues es obvio que no existe un negocio entre las partes sino una imposición unilateral del empresario, hecho más cierto en países como Colombia donde el desempleo pulula y por cada empleo hay una multitud dispuesta a trabajar hasta en las condiciones más inicuas. Nadie puede preciarse de tener una concepción democrática de las relaciones sociales si no reconoce estos derechos como pilares de cualquier forma de democracia.
Pero en Colombia menos del cinco por ciento de la población económicamente activa está afiliada a un sindicato y, de esos pocos, apenas tiene contrato colectivo de trabajo menos de la mitad, datos que prueban que los derechos democráticos de los trabajadores, en la práctica, no existen en el país.
Dos grandes razones explican por qué estos derechos terminaron convertidos en una burla. La primera, porque en la propia Constitución ya aparecen limitados o se deja abierta la posibilidad para recortarlos o eliminarlos legalmente, de manera que el principio termina perdiéndose, cosa que se empeora por la interpretación parcializada y corrupta, con el propósito de negarlos, de funcionarios supuestamente encargados de defenderlos. Y la segunda, porque van décadas de manipulaciones y mentiras en contra de los sindicatos y en especial de los sindicalistas, presentándolos como de lo peor de la sociedad y responsables de casi todos sus males, ambiente al que hay que sumarle el asesinato de millares de dirigentes, todo lo cual lleva a que en Colombia sea más fácil asociarse para delinquir que para ejercer derechos laborales. En consecuencia, no hay dirigente retardatario que no tenga un discursito a favor del sindicalismo, con el que posa de demócrata, pero al que le introduce tantos “peros” que deja en claro que está dispuesto a que existan los derechos sindicales, pero, eso sí, sin sindicalistas.
En la persecución a los trabajadores terminaron por inventarse las llamadas “cooperativas de trabajo asociado”, instrumento que se diseñó para llegar al extremo de desconocerles a los asalariados que son trabajadores de sus patronos, de manera que no puedan asociarse en un sindicato y menos aspirar a la contratación colectiva, marrullería que para mayor perfidia ocultan tras la bandera del cooperativismo.
Y cuando a diez mil corteros de la caña de azúcar –desesperados por unas condiciones laborales espantosas, que recuerdan el trabajo esclavo– les toca irse a un paro en repudio de las falsas cooperativas, poder asociarse en sindicatos y negociar contratos colectivos con sus auténticos patronos, unos empresarios que reciben enormes subsidios del Estado, salen Diego Palacio y Álvaro Uribe a faltar a la verdad y a tratarlos de delincuentes, mientras los publicistas del uribismo dicen que estamos en una “democracia profunda”.
El cuadro del maltrato laboral lo redondea el caso de la Rama Judicial, sector que debió parar para que le nivelen los salarios según lo que ordenó una ley de 1992, ¡hace 16 años!
