Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 17 de septiembre de 2008
En el debate al ministro del Interior y de Justicia que tuvo lugar anoche en la plenaria, el senador Jorge Enrique Robledo reafirmó que Fabio Valencia Cossio debe renunciar, primero, porque presionó al fiscal Iguarán para abogar por su hermano, Guillermo León Valencia, ex director de Fiscalías de Medellín, sindicado de actuar en complicidad con el narcotráfico. Segundo, porque hay grabaciones “incómodas” en las que el ministro aparece mencionado. Tercero, porque Guillermo León Valencia era su protegido y no podría haber llegado tan alto sin su ayuda. Y cuarto, porque en un país decente deben existir las responsabilidades políticas. Robledo desafió: “Muéstrenme una sola razón de Estado para mantener en el cargo a Valencia Cossio y renuncio al debate”.
Tras narrar en detalle los escabrosos hechos que llevaron a la destitución del hermano del ministro, Robledo puso al desnudo la profunda corrupción que terminó infestando a la Fiscalía de Medellín. Emplazó además al propio presidente Uribe Vélez, pues el alcalde de la ciudad le había advertido de las serias sospechas que se tenían sobre la infiltración de la mafia en el organismo investigador. “Lo que nunca se supo es si la razón del alcalde llegó a la Casa de Nariño o a la ‘Casa de Nari’”, afirmó el senador del Polo.
Dijo que todo dirigente público tiene responsabilidades más allá de las leyes, por daños a la imagen del país, por andar en malas compañías y por los graves desaciertos. “Sin las responsabilidades políticas, las sociedades se pudren”. Robledo preguntó: ¿Tendremos que volver a sufrir la indignidad por la que pasó la ex canciller María Consuelo Araújo, a quien el presidente solo le pidió la renuncia cuando vino la orden desde Estados Unidos?
La escalada del presidente Uribe contra la Corte
Robledo ratificó que más que parapolítica, lo que hay es parauribismo. Entre los congresistas elegidos en 2006, del total de comprometidos, el 81 por ciento son uribistas. Del total de detenidos, el 83 por ciento. “¿Habría podido ser elegido Uribe sin los votos de los parapolíticos?”
Mostró que el jefe del Estado ha actuado como el jefe del tapen-tapen desde que impuso a su viceministro de justicia como fiscal general y cuando respaldó al director del DAS, Jorge Noguera, hoy condenado por la Procuraduría a causa de sus relaciones con los paramilitares. También cuando agredió a los periodistas que se mostraban críticos frente a sus actuaciones, notificándole de paso a la nación que el de la parapolítica no sería un debate democrático.
El siguiente paso fue el ataque a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando el máximo tribunal aclaró en julio de 2007 que la conducta de los paramilitares no se tipificaba como delito político. Uribe Vélez acusó entonces a los magistrados de no fallar en derecho sino por sesgos ideológicos, lo que equivale a llamarlos prevaricadores.
En octubre de 2007 el presidente Uribe acusó al magistrado Iván Velásquez de intentar sobornar a alias “Tasmania” para comprometerlo a él en actividades delictivas. “Tasmania” se retractó y en agosto de 2008, la Fiscalía falló y calificó de “burdo montaje” las sindicaciones contra el magistrado Velásquez. Al fallo del fiscal, el presidente lo calificó de político y no jurídico, seguramente porque familiares suyos aparecen como quienes le llevaron a Uribe la carta que le envió alias “Tasmania”, quien la había recibido del abogado de un narcotraficante.
Los ataques de Uribe a la Corte Suprema subieron de tono cuando ésta le preguntó al gobierno sobre qué bases había tomado la decisión de extraditar a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares, justo a los que tenían que confesar la verdad. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la medida “afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
El siguiente episodio fue el caso de Yidis Medina, a quien la Corte condenó por el delito de cohecho después de comprobarle haber vendido su voto para dar paso a la reelección. Uribe acusó a los magistrados de prestarse a “la trampa del poder del terrorismo agónico”, ante la cual no parece haber solución judicial, lanzando veladamente la amenaza de un golpe de Estado. Por el caso Yidis ya han sido llamados a indagatoria el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el ex ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega.
El caso más reciente es el de la “Casa de Nari”, una emboscada contra los magistrados hecha por altos funcionarios de palacio junto con delincuentes de la Oficina de Envigado. El presidente de la República le mintió al país, dijo Robledo, cuando afirmó que nada era a las escondidas, pero los libros de entradas y salidas confirmaron que la “Casa de Nari” hizo lo posible por ocultar que alias “Job” estaba en el asunto.
El mundo civilizado está atento a lo que pasa en el país, concluyó el senador Robledo, como lo prueba la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional y del Relator Especial de la ONU para la Independencia Judicial.
Para escuchar la intervención del senador Robledo haga clic en el siguiente vínculo: El presidente Uribe no debe apadrinar al ministro del Interior y Justicia, quien debe renunciar
