Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 23 de mayo de 2011.
Terminó por saberse que Saludcoop le pagó al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, 144 millones de pesos por un “estudio” con el que este le aconsejó ampliar la integración vertical para aumentar sus ganancias, a pesar de que esta práctica induce a la corrupción en el sistema de salud. Y se demostró que el minhacienda mintió cuando dijo que no participó en el trámite de la reciente reforma a la salud que favoreció a las EPS (www. Lo de El Tiempo). Se supo menos de otro “estudio” de Echeverri para Afidro, la organización de las trasnacionales de los medicamentos, en el que condena como lo peor todo control de precios, aunque se sabe que el descontrol facilita abusos y corruptelas. Bastante cuenta en la conocida soberbia de Echeverri contar con el respaldo de tan poderosos negociantes.
Entre las incontables formas de asaltar el sistema de salud –asalto que tiene como primera causa la Ley 100, creada para servirle a la intermediación de las EPS– están las marrullerías de las trasnacionales de los medicamentos, que incluso cobran en Colombia precios mayores que los que cobran en otros países. Por ejemplo, el tratamiento con Ciprofloxacina de marca es el más caro del mundo. O el Rituximab, que en Chile cuesta 2.000 dólares y en Colombia se pagaba a 3.500 y que, todavía ahora, con un insuficiente control fruto de la presión de la Federación Médica, cuesta 2.500. O el del antihemofílico Factor VIIa recombinante (de 60 KUI), cuyo precio promedio internacional es de 2.8 millones de pesos pero que el gobierno de Colombia autoriza recobrar a 7.4 millones.
El ministro Santamaría –quien se ganó el cargo por sus servicios a Fedesarrollo, cuna del neoliberalismo en Colombia– dijo que “el principio general es que existe libertad de precios” de los medicamentos, al igual que de los demás costos de la salud, “pues los precios son el resultado de la libre competencia”, como si no se supiera que el primer propósito de las EPS y las trasnacionales se dirige a que no haya competencia, objetivo que les facilita la Ley 100 y un Estado sometido a sus intereses, de manera que puedan imponer los precios a su amaño. En su lucha por conseguir precios de monopolio, que provocan enfermedad y muerte, los negociantes globales de las medicinas fueron capaces de inventarse los productos “de marca” falsa, que son los mismos genéricos pero que a punta de gastos en publicidad los disfrazan de productos “de marca”.
Es tan agresiva la política de las trasnacionales de los medicamentos para imponer el monopolio, que el gobierno de Estados Unidos, actuando a su servicio, presiona a los otros países para que alarguen los tiempos de las patentes, uno de los principales objetivos de los TLC, como el que se le impuso a Colombia. Inclusive, en 2006, Afidro amenazó al ministro de Comercio con aplicarle al país la cláusula de expropiación indirecta, una de las más agresivas e inicuas del TLC, porque este se atrevió a pensar en un tipo menor de control de precios a algunas medicinas.
Con todo cinismo, ya salieron las EPS a hacer alarmismo sobre una catástrofe si se hacen cambios de fondo al sector de la salud, cuando la catástrofe primordial son ellas mismas, cuya necesidad de existir solo se sustenta en los cálculos de los intermediarios financieros que se las inventaron. Toda organización de la salud debe gastar en médicos, medicinas, procedimientos hospitalarios y de otro tipo y administración. Pero no son necesarias unas EPS que se pagan la administración de los recursos y, además, se sacan como ganancias suyas una parte importante de los recursos que hacen falta para atender a los colombianos. Si en otros países del mundo, donde la salud funciona bastante bien, no se necesita de parásitas como las EPS, ¿por qué aquí sí?
Veinte años de paños de agua tibia a la ley 100, que es la ley de las EPS, con el cuento de que van “arreglarla”, solo han servido para acrecentar el cáncer de los abusos y las corruptelas. Y ahora, cuando el mal ya casi arruina del todo al conjunto del sistema de salud, salen Santos, Echeverri y Santamaría a decir que la solución es sacar un par de manzanas podridas y continuar con las EPS, es decir, con más del mismo menjurje que lesiona y humilla a los colombianos desde hace dos décadas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hundió la conciliación entre la Superintendencia de Salud y Saludcoop, negocio que, como se dijo aquí, de manera ilegal le pasaba al patrimonio de la EPS 627 mil millones de pesos a los que no tenía derecho. Esa plata se salvó para la salud. Pero no fue por obra del gobierno nacional.
