Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 3 de septiembre de 2010.
Lo primero es decir que el petróleo responde por el 80 por ciento de las regalías y que no hay “bonanza” petrolera. Y no la hay por la simple razón de que la producción de 2009 es igual a la de 2000, con un agravante: el 98 por ciento del incremento reciente se origina en yacimientos viejos recuperados o de crudos pesados, cuya explotación depende de que haya precios internacionales altos. ¡Que no resulte que la autosuficiencia temporal alcanzada desaparezca con el muy probable bajonazo de la economía mundial! La discusión sobre si hay “bonanza” saltó a la palestra porque el gobierno la usó como el pretexto inicial para modificar de fondo el manejo de las regalías con propósitos inconfesables, objetivos que también quiere cubrir presentándose como el adalid de la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el gasto público. ¡Y lo dicen los coautores y continuadores del gobierno de AIS!
La reforma constitucional propuesta consagra la expropiación, por parte del gobierno nacional, del derecho de los municipios y departamentos productores a decidir sobre regalías, liquidando los restos de la descentralización; que las regalías no harán parte del presupuesto nacional, quitándole al Congreso hasta su capacidad de aprobarlas; la eliminación o enorme reducción de las regalías que hoy reciben multitud de pobres; guardar para el futuro recursos que hoy hacen mucha falta; y acabar con los gastos “chichigüeros”, como los llamó el ministro de Hacienda. Un debate de muchas aristas.
La idea de concentrar aún más en la Presidencia las decisiones sobre gasto público no debe sorprender. Juan Manuel Santos y sus amigos impusieron los actos legislativos que les recortaron transferencias a las regiones por 76 billones de pesos entre 2002 y 2016. El ataque de Juan Carlos Echeverri contra los gastos “chichigüeros” con las regalías le hace honor a un régimen plutocrático, que considera despreciables una escuela en una vereda o una vía de penetración. Y desnuda que lo principal que viene es un cambio de fondo que intentan ocultar: la plata de los proyectos de importancia municipal la van a utilizar para financiar grandes obras que se supone le corresponde pagar al gobierno nacional, disfrazando necesidades nacionales de locales. Que esto lo cuenten en las regiones donde hacen demagogia con este proyecto de ley, al que también embellecen con una plata para ciencia y tecnología, es decir, con las consabidas carnadas con las que ocultan los anzuelos de la confianza inversionista.
De otra parte, es falso que los municipios y los departamentos productores de petróleo, carbón y otros minerales decidan sobre toda la riqueza que se genera en esos sectores. Porque el gobierno determina la suerte del 75 por ciento de la renta petrolera (regalías e impuestos) que se gasta en el país. Tampoco dicen que estas explotaciones generan impactos ambientales y sociales enormes en las zonas productoras, daños y problemas que pueden ser mayores que las regalías que reciben. Basta mirar hacia Meta y Cesar. Y no cuentan que las regalías que pagan estas trasnacionales son bajísimas: la promedio del petróleo es del 8 por ciento, la del carbón del 10 y la real del oro del 3.2, de lo peor en el mundo. Y están exceptuadas de industria y comercio y predial y gozan de enormes exenciones en los otros impuestos. Unos ejemplos: les rebajan 4 billones de pesos en renta por reinversión de utilidades, suma que equivale a la mitad de esa exención en Colombia y al 75 por ciento de todas la regalías (5.3 billones de pesos en 2009). Entre 1995 y 2007, Drummond se ganó en El Paso, Cesar, 920 mil millones de pesos en rebajas por solo IVA y compensaciones, monto que representa el 76 por ciento de las regalías que pagó en ese lapso (CGR, 2008).
Hay que ver los alardes del ministro de Hacienda sobre la “solidaridad intergeneracional”, palabrejas con las que quiere convencer a veinte millones de pobres que es de genios dejar sin educación a los hijos porque se la darán a los nietos, al igual que no comer lunes, martes y miércoles porque comerán el resto de la semana.
El objetivo real de lo que de verdad quieren puede demostrarse: que el déficit fiscal del gobierno lo paguen los pobres con más carencias y que también se sacrifiquen para atraer inversionistas extranjeros, todo montado sobre la ya vieja falacia de que con las prácticas del Consenso de Washington Colombia saldrá adelante. Por último, un reto cordial al nuevo gobierno: que no espere un año, con otra ley, para dar las cifras exactas de cómo es que pretende repartir la plata de las regalías, de forma que todos podamos debatir con los mismos detalles. Ese es el derecho mínimo que deberían tener los que quieren esquilmar.
