Jorge Enrique Robledo
Senador de la República de Colombia
Bogotá, 27 de febrero de 2010.
Los gobiernos de Colombia y la Unión Europea (UE) anunciaron que firmarán un tratado de libre comercio (TLC). Pero falta ver si el acuerdo será ratificado por el parlamento europeo, dado que en Europa crece el repudio a la idea de permutar negocios por derechos humanos. Estos son los antecedentes:
En noviembre de 2006, el presidente George W. Bush le solicitó al Congreso de Estados Unidos que ratificara el Tratado de Libre Comercio acordado con el gobierno de Colombia que preside Álvaro Uribe Vélez. Pero más de tres años después, incluido el período de Barack Obama, los parlamentarios se han negado a iniciar el trámite de dicho Tratado. Que rápidamente le aprobaran un acuerdo idéntico al gobierno de Perú demuestra que no se oponen al TLC con Colombia por razones económicas.
El argumento del Partido Demócrata para oponerse es que el gobierno del presidente Álvaro Uribe pierde con notas muy bajas un examen en derechos humanos y que, por tanto, no debe premiársele con la absolución que significaría ratificar el TLC entre los dos países.
Por su parte, los parlamentarios de Canadá, también por derechos humanos, se han negado a ratificar el TLC suscrito entre los gobiernos de Ottawa y Bogotá, pues no quieren expedir el certificado de buena conducta que se niegan a otorgar sus pares estadounidenses. La pregunta es si la Unión Europea sí lo hará, arguyendo que los derechos humanos no deben dañar los negocios y decidiendo en contra de la opinión del sindicalismo y los demás sectores democráticos europeos que se oponen al TLC con el gobierno de Álvaro Uribe.
En la decisión final pesarán las trasnacionales europeas, y en especial las españolas, que pasaron a controlar grandes negocios en Colombia durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (España es hoy el segundo país inversor en Colombia, luego de Estados Unidos). Y contará la opinión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que le ha dado por fungir de vocero de América Latina en el Viejo Continente y acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea.
La posición del capital trasnacional español a favor de ampliar los negocios con la Colombia de Álvaro Uribe es conocida, sin importar las graves violaciones a los derechos humanos. En la visita del presidente de Colombia a Madrid en abril de 2009, se reunió con los voceros de Endesa, Iberia, Telefónica Latinoamérica, BBVA, Acciona, AENA, CAF, Cepsa, Grupo Planeta, Grupo Prisa, Indra, Isolux, Mapfre, Técnicas Reunidas, Unión Fenosa y Zucin. Y Javier Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras de Comercio de España, en representación de todo ellos, explicó que “para las empresas españolas la posible reelección de Uribe es una buena noticia”, porque les “da seguridad a las empresas” (El Tiempo.com, Abr.29.09). Tan poderoso caballero es don dinero que hasta respaldan que Álvaro Uribe cambie por segunda vez la Constitución para reelegirse.
Por último, no es cierto, como dicen algunos europeos, que este TLC va a disminuir la violencia en Colombia porque le mejorará su economía. Porque tras veinte años de aplicación del libre comercio, la ruina del agro y la industria y el desempleo, la pobreza y la miseria han aumentado de manera dramática entre los colombianos.
