Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 21 de enero de 2007.
El siguiente es el texto de la carta que, con Carlos Gaviria y Germán Reyes, le dirigimos al gobierno y a los presidentes de la Cámara y el senado: A través de John Veroneau y Gretchel Hamel, los funcionarios responsables de la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) para estos asuntos, la Casa Blanca le notificó al gobierno de Colombia que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países no será tramitado por el Congreso estadounidense en los términos en que fue suscrito por los representantes de los dos gobiernos el 22 de noviembre de 2006.
Veroneau explicó que “hemos informado a Colombia, Perú y Panamá que debemos prever la necesidad de efectuar algunos ajustes sustanciales en dichos textos antes de que los acuerdos sean considerados por el Congreso” norteamericano. Por su parte, Gretchel Hamel explicó que “estos ajustes pueden hacerse por medio de algún instrumento vinculante”, el cual podría tener la forma de “cartas adjuntas”, según dijo el Presidente Uribe Vélez al explicar la posición del gobierno de Estados Unidos.
De esta manera concretó el gobierno de George W. Bush la conocida advertencia de la nueva mayoría del Congreso estadounidense en el sentido de que no aprobará el texto del TLC tal y como fue acordado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, pues, a juicio del Partido Demócrata, deben hacerse modificaciones sustanciales en, por lo menos, las cláusulas ambientales y laborales.
Y Luís Guillermo Plata, ministro de Comercio de Colombia, ha dicho que “es un misterio la exigencia puntual de los norteamericanos”, por lo que en los próximos días viajará a Washington a “conocer de manera oficial el tipo de ajustes al que será sometido” el TLC. Otra vez el gobierno colombiano diciéndole sí a una exigencia estadounidense que ni siquiera conoce.
Ante estos hechos, es evidente que el Congreso de Colombia no puede iniciar el trámite de la aprobación o improbación del TLC con Estados Unidos, dada la simple y notoria razón de que ya el gobierno estadounidense anunció que su Congreso solo tramitará un texto diferente al acordado entre los dos países. De insistirse en el trámite, según lo anunciado por el gobierno colombiano, se caería en el despropósito y la ilegalidad de empezar a darle vida a la letra de un contrato –porque el TLC es un contrato entre los dos países– que no será igual para cada una de las partes que lo suscriben.
De las graves implicaciones de esta nueva imposición estadounidense no puede salirse el gobierno colombiano con la astucia de decir que “no se va a renegociar” el TLC, porque su contenido puede modificarse mediante “cartas adjuntas”, como ha señalado el Presidente Uribe para responder a las exigencias de Washington de acordar los cambios “por medio de algún instrumento vinculante”. Porque, primero, en el TLC las cartas adjuntas hacen parte del Tratado como cualquiera otra porción de su texto, luego cualquiera otra que se le agregue lo modifica, y, segundo, en los hechos, que es lo que cuenta, los cambios exigidos por los estadounidenses serán una renegociación de lo pactado. ¿O es que el gobierno de Colombia va a suscribir sin siquiera leer lo nuevo que se le antoje redactar al gobierno de Estado Unidos, modificación a lo acordado entre los dos países que es obvio apunta a mejorar las condiciones para los estadounidenses y no para los colombianos, aun cuando se diga lo contrario? Y cabe también preguntarse si el gobierno colombiano va a renunciar a la tesis de que en el TLC “nada está negociado hasta que todo no esté negociado”, de forma que se caiga en la indignidad de aceptar que Estados Unidos puede aumentar unilateralmente los beneficios que obtendrá con el Tratado, pero Colombia ni siquiera puede exigir algún tipo de modificación que la resarza, como ya sucedió en el caso de las “vacas locas”.
Por tanto, de manera formal les solicitamos suspender cualquier trámite del TLC en el Congreso de Colombia, hasta tanto el gobierno nacional radique en la corporación los nuevos compromisos que se apresta a aceptarle a la Casa Blanca, sean cartas adjuntas u otros mecanismos los instrumentos que decidan emplear para modificar lo acordado por las partes el 22 de noviembre de 2006, textos que fueron los radicados, para ser tramitados, en la Secretaría del Senado. No solo están de por medio serios reparos jurídicos, sino, ante todo, la dignidad nacional.
