Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 10 de marzo de 2005.
El pasado 6 de marzo, por iniciativa de las organizaciones indígenas del Cauca, a los habitantes de Toribío, Jambaló, Caldono, Inzá, Silvia y Páez se les preguntó: “¿Está Usted de acuerdo con que el gobierno colombiano firme un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?”. Y la respuesta fue rotunda: 50.305 personas, es decir, el 98 por ciento de quienes votaron marcaron el No en el tarjetón, cifra que es más notable porque la participación llegó al 75 por ciento del censo electoral, lo que con creces supera lo que suele suceder en las elecciones.
Quienes estuvimos como veedores en el Cauca ese día, entre ellos los colombianos monseñor Héctor Fabio Henao, María Isabel Urrutia, Libia Grueso, Carlos Rodríguez y Daniel García-Peña, así como los extranjeros Zacarías Calatayud, Carlos Ortiz, Hanna Zimmermann, Rosmarie McGee y Daniel Bartolini, venidos de Bolivia, Perú, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, podemos dar testimonio del carácter voluntario y democrático que tuvo la impresionante participación ciudadana, de la buena comprensión que existe en la región sobre el tema que se votó y de la escasez de recursos con que se financió la consulta. Que a la derrota que sufrió el gobierno no le sume la vergüenza de descalificarla con infamias y cuestionamientos de tinte racista.
De otra parte, en seguida de los sucesos del Cauca, el Canal Caracol de televisión preguntó: “¿cree Usted que el TLC debe ser sometido a una consulta popular?”, obteniendo una respuesta afirmativa del 75 por ciento. Y el periódico El Nuevo Siglo puso en votación la pregunta “¿es viable un referendo para decidir la firma del TLC?”, a la que el 80 por ciento contestó que sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo explicar estos rechazos o cuestionamientos a la principal estrategia económica y política del gobierno?
El vigoroso rechazo de los indígenas al “libre comercio” es fácil de explicar. Como trabajadores rurales han pagado con hambre quince años de neoliberalismo, pues por este se inundó el país de productos importados y se quedaron sin trabajo, a lo que se le agrega que también saben que el TLC es más de los mismo o, como dijera con gracia un congresista mexicano, “peor de lo mismo”. Incluso, tres días antes de la consulta del Cauca, las organizaciones indígenas de Nariño, en foro realizado en Pasto, recordaron sus sufrimientos por la quiebra del trigo y la cebada, y en carta al Presidente Uribe le expresaron su rechazo al TLC. Además, es apenas natural que a los pueblos originarios de América no les guste nada que les recuerde el colonialismo español.
Por dos causas principales también aumentan los colombianos que piden que se les permita decidir sobre el TLC con Estados Unidos. Porque con cada ronda de negociaciones se corrobora que Colombia sacrificará una porción fundamental de su agro en el plazo que se acuerde y que poco o nada ganará este sector en el mercado estadounidense. Y en el caso de la industria que no se arruine, según Kenichi Ohmae, considerado por The Economist como uno de los cinco principales especialistas en competitividad en el mundo, no debe firmarse el TLC en razón de que ello conduciría a “una especie de colonialismo industrial”, en el que “un país desarrollado con empresas desarrolladas tomaría el control de (las) empresas claves” colombianas. Y porque es un auténtico exabrupto que un cambio de este calibre –que en buena medida significa redactar una nueva Constitución, y hacerla a dos manos con la Casa Blanca– se tramite en el Congreso como una ley ordinaria, que ni siquiera exige dos vueltas ni mayorías calificadas. Esto, con el agravante de que ya se sabe que Uribe le dirá a su gente en la cámara y el senado que no podrá votarse artículo por artículo el acuerdo, pues deberá asumirse la conducta absurda de decirle a todo que sí o a todo que no.
Ante el reclamo de cada vez más colombianos para que les permitan votar sobre un tratado que el gobierno firmará por malo que sea, este ha respondido que las normas legales no lo obligan a hacerlo. Pero lo que se discute no es si es legal no preguntar sino si es democrático, y más cuando este tipo de consulta la autoriza de manera explícita el Artículo 104 de la Constitución. Si están tan seguros de poseer respaldo suficiente y de tener la razón, ¿por qué les da miedo consultar?
