Jorge Enrique Robledo
Bogotá, diciembre 17 de 2004.
Las fuerzas gobiernistas en el Congreso continuaron adobando con sus mañas el proyecto para reelegir al presidente Uribe Vélez, pues redujeron a la mitad el tiempo que tiene la Corte Constitucional para hacerle la revisión de constitucionalidad y le otorgaron al Consejo de Estado la facultad de expedir la ley que lo reglamentará, adefesio que, además, en la conciliación en el Senado, fue aprobado sin la debida discusión y mediante el consabido pupitrazo.
También puso en evidencia a estas fuerzas su decisión de hundir el llamado “estatuto de la oposición”, proyecto de ley que algunas garantías les otorgaba a quienes no hacen parte del gobierno en asuntos de tanta importancia como la financiación de las campañas electorales, el acceso a los medios de comunicación y los controles a los gastos de los funcionarios públicos que suelen utilizarse para la compra de votos.
Lo que mal comienza mal acaba, dice la sabiduría popular, lo que bien cabe en este caso porque el proyecto de reelección del presidente Uribe sólo empezó a avanzar en el Congreso –luego de que se hundiera en el Senado en el primer intento de aprobarlo– una vez el gobierno recurrió abiertamente a la politiquería y el clientelismo, demostrando así que su proclamada lucha contra estos vicios era retórica calculada para pescar incautos.
Es tan grave lo introducido como una especie de mico en la norma de la reelección, que el editorial de El Tiempo del 16 de diciembre de 2003 considera el acto como “una receta inusual, sin antecedentes –sobre todo en una materia tan trascendental como las reglas de juego electoral– y totalmente inconveniente”. Agrega que “significa una transferencia de poderes, de parte del Legislativo, a un ente del poder judicial” y, luego de calificarla como una iniciativa políticamente desacertada que “denota demasiado afán y refuerza la imagen de que esta reforma tiene nombre y apellido”, concluye diciendo que “se trata de asegurar que haya ley a las buenas o a las malas”. Por su parte, en la misma fecha, el Nuevo Siglo editorializa sobre el mismo tema y dice que “fuera de ser inconstitucional, es un absurdo”, porque al Consejo de Estado “no se le puede convertir en Cámara legislativa a capricho de los gobiernistas exaltados”, dado que con “esta determinación se quebranta en materia gravísima la identidad política del sistema” y se pretende convertir a esa corporación “en cómplice de semejante atentado contra las leyes”.
No son para menos las opiniones de los editorialistas. Porque denle las vueltas que les den los interesados en sacar adelante una norma que los beneficia personalmente, cada nuevo hecho al respecto refuerza la certeza de que no se trata de un cambio en la Carta para aprobar la reelección presidencial en general sino para autorizar la de Álvaro Uribe Vélez, así, con nombre propio, exabrupto que se quiere justificar con una manipulación demagógica todavía mayor, que hasta en ridículo los deja: que cualquier maniobra está bien, por antidemocrática que sea, con tal de reelegir al Mesías que la nación colombiana esperaba desde 1819. Y porque deben analizar con responsabilidad su posición los que piensan que estos son asuntos menores, víctimas del timo que le hizo quien, con lógica turbayista, afirmó que todo se limita a “cambiar un articulito”. Romper las reglas del juego institucionales, violar la separación de los poderes, desposeer al Legislativo de las funciones que le son propias, poner al Judicial a ejercer potestades que no le corresponden y continuar con las presiones a la Corte Constitucional, significa profundizar el absolutismo de que suele hacer gala Uribe Vélez y romper con varios de los más elementales principios de la democracia que se practica en Colombia.
Y la experiencia universal demuestra que todas las naciones que le han dado el pase a este tipo de prácticas arbitrarias han sufrido graves consecuencias políticas y sociales.
Coletilla: documentado, claro y valeroso el libro “La bolsa y la vida”, de Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud (misionsalud@yahoo.com), sobre los inmensos daños que sufrirá la salud de los colombianos si se imponen en el TLC las pretensiones de las transnacionales gringas de los medicamentos.
