Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 19 de Mayo de 2003.
Quien lea los conceptos del Procurador sobre el Referendo tendrá que aceptar, comparta o no su contenido, que es un examen ponderado y juicioso que no puede descalificarse como politiquero y leguleyo, según lo insinuó Álvaro Uribe Vélez, exasperado porque el jefe del Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequibles 14 de los 19 numerales de su programa bandera. De lo sustentado por Edgardo José Maya Villazón, la brevedad de este espacio permite resaltar lo siguiente:
Luego de dejar sentado que el Congreso sí posee facultades para reformar el articulado del Referendo, dentro de los límites señalados por los fines o “razón de ser” de lo propuesto por el Ejecutivo, y sostener que la Corte Constitucional sí puede definir sobre su constitucionalidad, el Procurador recordó que en los regímenes autoritarios las reformas a través de referendos “privilegian al Ejecutivo”, al atribuirle la competencia para proponerlas y, “sobre todo”, “la capacidad jurídica y política para realizarlas”, sin que medie, con poder decisorio, la actuación de los otros poderes del Estado. Y agregó que en tales regímenes su manipulación por parte de un solo órgano del poder obedece a que “lo que busca el gobernante que lo promueve, es que se avale una política determinada, y en muchos eventos, su propia legitimación”.
La Procuraduría sostuvo que el Ejecutivo no puede manejar el trámite del Referendo como se le antoje, pues valora como elemento esencial de la democracia el respeto a los procedimientos. En su primer argumento para proponer la inexequibilidad de varios artículos señala que estos no tienen nada que ver con los objetivos expuestos por el gobierno al proponer su Referendo. Hay tan poca relación entre lo que dijo pretender y el articulado que propuso, y que aprobó el uribismo en el Congreso llevado de la mano por el ministro del Interior, que Maya Villazón se pregunta: “¿cuál era el fin de la reforma propuesta?, pues a lo largo de todo el debate de ésta, su autor parecía desconocerlo”.
También castiga Maya Villazón que en el trámite en el Congreso se hubiera violado el requisito constitucional de la oportuna “publicidad” de lo que se iba a poner en votación, requisito tan indispensable para que el conjunto de los congresistas y la ciudadanía pudieran opinar con conocimiento que lo considera “un vicio de procedimiento insubsanable”. Y censura fuertemente que se hubiera vulnerado la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, al “usurpar” Londoño Hoyos la función que les corresponde a los congresistas de redactar la ponencia.
Así mismo, condena como una “parodia” de la democracia que se convoque a los ciudadanos a actos electorales cuyo contenido ignoran y a decidir “sobre temas que ni los más eruditos en la materia pueden entender”, afirma que la votación en bloque es “contraria a la libertad de escoger”, califica de “elemento manipulador” las preguntas que se antepusieron al articulado del Referendo y rechaza que con los puntos sobre asuntos económicos “coyunturales” el gobierno busque respaldo a su política de sometimiento al FMI. Además, denuncia un hecho ya sabido por escandaloso: las preguntas sobre la eliminación de las personerías, la votación en bloque y la prolongación de los períodos de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales se aprobaron violando hasta las normas que rigen el trámite de las leyes ordinarias.
Pero peor que el arbitrario trámite que los uribistas del Ejecutivo y el Congreso le dieron a su Referendo fue la reacción de Uribe Vélez, quien, como era de esperarse, salió a denostar al Congreso y al Procurador, y a amenazar, además, con tramitar otro referendo, esta vez por iniciativa “popular” y al parecer sin control alguno. De concretarse esta maniobra, que en primer término busca presionar a la Corte Constitucional para que falle a su favor, merecería el más amplio rechazo porque un referendo que no se someta a la aprobación del Congreso y al control jurisdiccional violaría la Constitución y sería, por tanto, una decisión de carácter dictatorial.
Coletilla: ¿Plan de Desarrollo? No. De Subdesarrollo, que es bien distinto. ¿Y la prueba? “Reina”, sin duda: si las cuentas salen como dice el gobierno –y es bien probable que sean peores–, la economía crecerá a un promedio anual de tres por ciento, cifra que es absolutamente insuficiente para reducir el desempleo y la pobreza.
