Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 27 de Marzo de 2003.
Acaba de darse en Caldas un hecho que no tiene precedentes, o que si lo tiene no hace parte de su pasado cercano, en razón de la agresividad con la que viene dándose parte de la controversia política en el departamento y de las diferencias en torno a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos. Se trata de la carta dirigida a Álvaro Uribe Vélez sobre la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), en la que se señala “que para el interés regional el mejor socio que podemos tener en la Chec es el gobierno nacional, razón por la cual estamos convencidos de que no se debe recurrir a un tercero para capitalizar a la Empresa, sino que esos aportes deben salir de los esfuerzos combinados de los caldenses y del gobierno nacional”. Dicha carta lleva las firmas del gobernador del departamento, el alcalde de Manizales y los presidentes de la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial, la Asamblea Departamental y el Concejo de la capital de Caldas, así como de todos quienes constituimos la “bancada caldense” en el Congreso de la república.
Además de dejar claro que no se quiere un tercer socio en la energética y de, en consecuencia, pedirle al gobierno nacional que invierta en su “rescate”, la misiva resume el origen de sus problemas así: “La parte principal de la crisis de la Chec se explica por los 238 mil millones de pesos (en pesos de hoy) que la Empresa gastó en subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en momentos en que se aceleró el alza de las tarifas, suma que se encuentra en litigio con la Nación; en los 101 mil millones de pesos (a diciembre 31 de 2002) en pérdidas que le ha ocasionado el contrato de compra de energía a Termodorada (…); y en los efectos de las altas devaluaciones del peso en la deuda en dólares de la Chec con la banca extranjera, préstamo que se hizo para disminuir, como ocurrió, las pérdidas de energía. A lo anterior debe sumársele el impacto negativo –que tiene origen en un hecho positivo– de ser esta una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica con mayor cubrimiento en las zonas rurales (cubre al 97 por ciento de los caldenses)”.
A mi juicio, la importancia de que la Chec siga siendo de propiedad exclusiva del gobierno nacional, Caldas, Manizales y otros municipios reside, entre otras cosas, en que así puede funcionar como un servicio y no como un negocio, pues con una sola de sus acciones en manos de un privado que va en pos de una ganancia las reuniones de su Junta Directiva se llenarían de preguntas como estas: “¿Quién dijo que esta es una institución de beneficencia para preocuparnos porque las tarifas estén muy altas? ¿Por qué llevarle energía a esa vereda y de dónde sacaron que hay mantener el servicio en las zonas rurales, si perdemos plata? ¿Cuál norma dice que debemos contratar con la ingeniería de la región ese ensanche? ¿Reinvertir la utilidades en el departamento? Pero si ganamos más en otra parte”. Y parecido pasaría si el control de la Chec lo toma Empresas Públicas de Medellín (EPM), porque si bien esta no es privada sí responde a las orientaciones antioqueñas, lo que induce a sus directivos a diferenciar entre sus intereses y los de otras regiones del país en donde invierta, a la hora de fijar sus tarifas, ampliar el servicio, contratar, etc. Además, es obvio que así el gobierno nacional sea el accionista mayoritario en la Chec, este tiene que escuchar a los caldenses a la hora de decidir, lo que no sucedería con el gerente de EPM, quien hasta podría darse el lujo de no recibir a los voceros de Caldas.
Coletilla: lo que se discute en el caso de Emas, la empresa de aseo de Manizales que privatizaron mediante la entrega del 51 por ciento de sus acciones, no es si da ganancias ni cuánto de ellas le llegan al municipio, como explicó su gerente. El debate reside en por qué se privatizó a menosprecio, y luego de que el municipio se quedara con sus pasivos, se les impusieran salarios muy bajos a sus trabajadores y se supiera que sería un monopolio que se favorecería por unas alzas escandalosas en las tarifas que ya estaban definidas, todo lo cual la convertiría en un excelente negocio. Y el otro debate tiene que ver con la conveniencia de que los pagos por aseo de los manizaleños llenen los bolsillos de inversionistas extranjeros, en una actividad que se limita a levantar con las manos unas canecas, echar su contenido en unos camiones y desocuparlos en un relleno. Que una inversión extranjera en una fabrica de computadores en Colombia conduzca a que parte del valor creado acumule riqueza en Estados Unidos, puede ser ¿Pero permitir que ello suceda con el elemental negocio de las basuras? Mientras prevalezca esa lógica, este país no dejará de tener una economía de pacotilla, en la que apenas prosperarán la pobreza y la miseria
Senador de la República.
