Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 18 de abril de 2002.
La revista Semana llama a los contratos de “riesgo compartido” de Telecom con seis transnacionales “el peor negocio de la historia”. Y no es para menos, porque en una operación en la que la empresa no debía aportar ni un peso –pues los aportes y ganancias de los inversionistas se pagarían con las ventas y las tarifas de las líneas telefónicas que se instalaran-, puede terminar pagando entre 800 y 1.855 millones de dólares, cifra que habrá que agregarle a los 203 millones de dólares que ya aportó. Además, cada una de las líneas instaladas le costará entre 1.222 y 2.172 dólares, precios que contrastan con los cerca de 500 dólares en que se consiguen en el mercado. Para darse una idea de la plata en juego, digamos que el negociado de Dragacol gira en torno a 11.5 millones de dólares y el de TermoRío a 61 millones.
Este gran descalabro financiero, con cara de negociado, tiene origen en 19 contratos de Riesgo Compartido (joint ventures) que la empresa firmó, entre 1993 y 1997, con las transnacionales Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec. Según la teoría de este negocio, típico de la privatización neoliberal, y con el argumento de que los monopolios extranjeros arriesgaban sus inversiones y ganancias, se pactaron condiciones de fábula para éstos: invertirían 1.527 millones de dólares y sacarían 2.368 millones, es decir, 55 por ciento de utilidades en dólares, porque se les aceptó una Tasa Interna de Retorno del 12 por ciento, cuatro puntos por encima de la tasa de interés de la Libor, o sea 50 por ciento más costosa que un crédito internacional. Como se ve, incluso aceptando que el riesgo de los inversionistas privados existía, el negocio era pésimo para Telecom y el país.
Pero en la letra de los contratos los acuerdos eran peores, pues casi todo el riesgo, que se supone era compartido con las transnacionales, lo asumió Telecom. Si las tarifas, el número de llamadas y los cargos de conexión disminuían en relación con lo calculado al firmarse los negocios, pagaba Telecom; si la devaluación aumentaba, pagaba Telecom; y si la cartera crecía, también pagaba Telecom. Incluso, en los dos primeros pactos se estableció que si las líneas instaladas no se vendían, de todos modos las pagaba Telecom. Estas cláusulas leoninas son las que explican por qué la empresa está dispuesta a pagarle a los inversionistas un precio de rescate de 800 millones de dólares, los cuales se les agregarían a los 1.143 millones que ya han recibido por facturaciones y por aportes de Telecom. Mas como éstos alegan que en todos los contratos Telecom se comprometió a asegurarles las ganancias acordadas, así cayeran los ingresos y las líneas instaladas no se vendieran, entonces exigen que el rescate llegue a 1.855 millones de dólares.
También son motivo de sospecha las cifras en las que se basaron los contratos, como se deduce de que se contrató la instalación de 1.800.000 líneas, pero, ante la ausencia de compradores, las instaladas se redujeron a 1.590.000 y de éstas hay más de 413.000 sin vender. Y “errores” parecidos ocurrieron con los ingresos calculados por tarifas y conexiones, los cuales se sobrestimaron en 72 por ciento.
La “solución” del gobierno a hechos de tanta gravedad consiste en aceptar que la deuda no es menor a 800 millones de dólares, plata que, como no la tiene Telecom, se conseguiría a partir de un crédito externo de 600 millones de dólares, el cual se garantizará mediante la pignoración al gobierno nacional de la telefonía local de la empresa, que alcanza 1.6 millones de líneas, lo que abre el camino de su pérdida y posterior privatización. Y, con el pretexto de “solucionar” la crisis de Telecom, también se les está exigiendo a sus trabajadores que entreguen sus derechos en salarios, pensiones, estabilidad laboral, primas, etc.
Va una década de medidas en contra de Telecom, las cuales empezaron con el intento del gobierno de Gaviria de vender la empresa, siguieron con la entrega a los particulares del negocio de la telefonía celular, avanzaron con la imposición de dos competidores en la telefonía de larga distancia y concluyeron con los contratos de joint ventures. Definitivamente, el neoliberalismo no se detendrá ante nada con tal de entregarle las telecomunicaciones de Colombia al capital extranjero.
