Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 2 de noviembre de 2001.
El conocimiento ha sido importante siempre, desde cuando nuestros primeros antepasados iniciaron el proceso de conocer la naturaleza y comprender sus leyes, para ponerlas al servicio del progreso de la humanidad. Como se sabe, la tecnología es la expresión material del conocimiento. Lo nuevo, pero de siglos ya, reside en que el conocimiento exige recursos cada vez mayores para profundizarse y ampliarse, razón por la cual nación que quiera llevarlo a su cúspide debe entregarle su financiación al Estado, el único capaz de aportar los recursos necesarios, como lo prueban los países industrializados, donde la educación privada no existe o tiene importancia menor.
No obstante, los neoliberales colombianos insisten en privatizar la educación, como lo explicó la Federación Colombiana de Educadores durante su lucha por impedir que, con el Acto Legislativo 012, le arrebataran 9 billones de pesos al sector. Y ahora, con el proyecto de reforma de la Ley 60, vuelve a comprobarse que sí avanza una política contra la educación pública.
Ese proyecto, entre otras cosas, establece que el gobierno, aplicando la misma política que arruinó a la salud, le girará a cada plantel una suma fija por alumno, suma que será insuficiente, de forma que los padres tendrán que poner de sus bolsillos lo que haga falta para sostener instituciones inevitablemente mediocres o, si no pueden, retirar a sus hijos de los planteles. Y establece que el Estado no tiene que costear los grados 10 y 11. Además, busca empeorar las condiciones laborales de los docentes, a pesar de que ellos son la base de una buena educación. Así, municipaliza su régimen salarial y busca contratarlos a través de intermediarios privados, medidas que, además de propiciar la baja de sus sueldos, los convertirán en carne de urna de los politiqueros. De otro lado, podrán ser trasladados discrecionalmente y solo tendrán derecho a ascender en el escalafón cuando haya, por muerte o retiro, un cupo en el nivel superior. El puntillazo consiste en que también cursa una reforma para empeorarles sus condiciones de jubilación.
A lo anterior hay que sumarle que avanza la política de fusionar escuelas y colegios, con lo que empeorarán las condiciones de desplazamiento de los estudiantes, vendrán despidos masivos de personal administrativo y de servicios y, bien pronto, sobrarán también docentes, aunque para que sobren haya que hacinar niños y jóvenes como gallinas en unas instalaciones que —¡hay que verlas!— con frecuencia son una auténtica vergüenza.
Para completar el desastre en Caldas, el gobierno departamental, se supone que con la venia de sus jefes políticos, hasta el momento tiene decidido no pagarles 20 mil millones de pesos de sueldos y primas de este año a sus educadores, suma grande que también le hace falta a la economía regional, muy deprimida por los pésimos precios del café. El pretexto para esta medida es su participación en el paro contra el 012 y una leguleyada. Y digo que pretexto porque en 27 departamentos del país ya les pagaron a los huelguistas y porque el 90 por ciento de los profesores caldenses ya recuperó las clases que no dictaron durante la protesta —trabajando, con el respaldo de los padres y los alumnos, en sus vacaciones y en sábados y festivos— y porque el 10 por ciento restante las viene recuperando.
Aunque no se conoce cuál será la última posición del gobernador Arias Aristizábal —el único que puede decidir pagar porque es el ordenador del gasto—, se dice que no les pagará lo que ya les debe hasta tanto recuperen, otra vez, nuevamente, las clases que ya recuperaron, petición absurda porque para qué torturar a los docentes y a los estudiantes —y hasta a los padres— obligándolos a hacer lo que ya hicieron. Esperemos que el origen de este despropósito no sea demostrar que “el que manda: manda, aunque mande mal”.
