Inicio Biblioteca Artículos CON ESOS EJEMPLOS…

CON ESOS EJEMPLOS…

602

Jorge Enrique Robledo Castillo

Manizales, 18 de Junio de 2001.

Según amplio informe de La Patria del pasado 15 de junio, la Corporación Cívica de Caldas propone como ejemplo a seguir para la privatización de la Chec lo ocurrido con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Pero el ejemplo no podía estar peor escogido –o mejor– porque esa fue una operación que, por mala para los intereses públicos, ha sido suficientemente denunciada por diferentes analistas.

 

Al decir de Eduardo Sarmiento Palacio en su libro “Alternativas al modelo neoliberal”, la mitad de la EEB costaba al momento de su enajenación –sea que se usaran para avaluarla sus ventas y utilidades o el costo de reposición de los activos– 3.000 millones de dólares, lo que no impidió que la alcaldía de Bogotá la ofreciera por apenas 900 (!). Tan bajo fue el precio base que los compradores terminaron pagando por sus acciones 2.200 millones de dólares, lo que se usó para alardear por el “éxito” del negocio. Pero una vez tomada la dirección de la empresa, el capital extranjero la “descapitalizó” en su provecho en 500 millones de dólares, lo que a la postre hizo que la venta fuera realmente por 1.700 millones, es decir, el 50 por ciento de su valor real. Además, Jaime Castro explicó que la “descapitalización” se hizo con el pretexto de repartir unos excedentes que no existían, dejando de cancelar grandes y costosas deudas que a la postre terminaron siendo atendidas con aumentos en el precio del servicio (“Descapitalización leonina”, El Tiempo, 25 de mayo de 1999). Y Carlos Lemos Simmonds explicó lo ocurrido con las tarifas: “En 1997, la administración vendió el 47 por ciento de la EEB y a partir de ese momento el perfil tarifario sufrió una severa alteración. En noviembre del 97, en la primera factura expedida por Codensa, 185 kilovatios-hora costaban 3.465 pesos. En agosto del 2000 esos 185 kilovatios ya valían 19.495 pesos. En el mismo período, sumando el desmonte del subsidio, el incremento ha sido de 462 por ciento para el estrato tres. (“El atraco de las tarifas”, El Tiempo, 16 de octubre de 2000).

 

De otro lado, a la Corporación “le preocupa” que el gobierno nacional, “que recibió todo el poder para hacer la negociación, deje rezagados a los accionistas regionales”, porque el negocio “sea sólo favorable a los intereses de la Nación”. Y agrega como solución: “por eso aconsejamos a Caldas y Manizales contratar un asesor” (!?). Al respecto, lo primero es decir no hay privatizaciones convenientes para el interés nacional, como de sobra lo prueban los saqueados bolsillos de los colombianos, para mencionar sólo ese aspecto. Pero, además, qué bueno hubiera sido que la preocupación por lo que le sucedería a Caldas y Manizales –al futuro del servicio, a su influencia en la empresa y a sus acciones, que son casi el 50 por ciento del total– se hubiera expresado antes de que el gobernador del departamento y el alcalde de la ciudad cometieran el disparate de hacer posible la privatización, al permitir que se modificaran los estatutos de la Chec, los cuales impedían legalmente que el gobierno nacional hiciera lo que se le antojara con la electrificadora porque le daban poder de veto a la región sobre cualquier decisión de importancia. Ahora, la mayoría de la empresa se pondrá en venta como lo diga la banca de inversión Rothschild, la cual seguramente definirá el proceso con un único criterio: que la Chec se venda –como sea y al precio que sea–, tal y como lo estipulan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

 

Entretanto, urge que se informe sobre los detalles de la privatización en marcha, pues es inaceptable que el proceso se adelante a espaldas de la ciudadanía. ¿En qué porcentaje y por cuánto se va a vender la Chec? ¿Qué va a pasar con el PPA de Termodorada, con su deuda en dólares y con los 100 mil millones en subsidios que le adeuda a la empresa el gobierno nacional? ¿Ahora sí, antes de vender y en beneficio de los compradores, se resolverán esos problemas? ¿Qué le sucederá a los actuales trabajadores y empleados? ¿Quién va a garantizar el servicio en las zonas rurales?