Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 10 de mayo de 2013.
Aunque suene increíble, porque parece una provocación, en pleno paro de los cultivadores de papa contra la ruina que les provoca el libre comercio, los partidos adictos a las canonjías que otorga la Casa de Nariño –Liberal, Conservador, Cambio, Verde y Pin– aprobaron en el Congreso la Alianza del Pacífico, pacto que profundiza ese tipo de relaciones perniciosas para Colombia, esta vez con Chile, Perú y México. Es obvio que durante la campaña electoral en curso de esto no les hablarán a sus electores rurales –campesinos, indígenas y empresarios– los santistas que votaron por el sí. Bobos no son.
La decisión de Santos de imponerle a Colombia la Alianza del Pacífico –sin que se permitiera un debate auténticamente democrático, al igual que pasó con la Ley Lleras 2.0– tiene otro agravante: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que agremia un gran porcentaje de la producción empresarial del país, advirtió lo dañino que será ese tratado para lo que sobrevive del agro, porque les causará severas pérdidas a 202 productos y subproductos, entre ellos, arroz, semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales, maíz blanco y amarillo, fríjol rojo, carnes de cerdo, pollo y res, azúcar y productos derivados (preparaciones y etanol), leche y productos lácteos. La SAC también explicó que está en juego el 48 por ciento de la producción agropecuaria, la cual aporta 1.2 millones de empleos y nueve millones de toneladas, por un valor de 16.9 billones de pesos.
Ha sido tan agresiva la actitud de Santos y del santismo a favor de la Alianza del Pacífico –con el pretexto de que el agro y la industria deben entregarse en bandeja de plata en ceremonia de los próximos días– que el gobierno definió sesiones conjuntas en el Congreso, en estas no se le permitió hablar al presidente de la SAC y este solo pudo opinar en el Senado tras dos días de exigencias del Polo Democrático Alternativo. ¿Se necesitan más pruebas de que este gobierno sustituye con descaro el trabajo nacional por el extranjero en el agro, como también sucede en la industria, con la diferencia de que en esta callan los que deberían reclamar?
En el afán de votar en el Senado la Alianza del Pacífico, donde hasta unos santistas dudaron en aprobarla, ocurrieron dos cosas que retratan al gobierno de cuerpo entero. El ministro Díaz Granados levantó la peregrina teoría de que no había que preocuparse porque se trataba “apenas” de un acuerdo marco, que luego se precisará, como si no se supiera que este tiene como objetivo “construir… un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes…” y que consagra el propósito de “liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio entre las partes”. Y el ministro Juan Camilo Restrepo fue capaz de respaldar las falacias del minComercio, despropósito que me hizo reiterarle la petición de renunciar a su cargo, en razón de su mala atención a las necesidades del café y el resto del agro y de defender el futuro del sector agropecuario nacional.
Que nadie se sorprenda si todos los sectores del agro se unen y movilizan en contra de nuevos TLC y por renegociación de los vigentes, por créditos baratos, solución a los problemas de deudas, control a los precios de los insumos y precios de sustentación fijados por el Estado, entre otros derechos, como los que disfrutan los productores de otros países.
Coletilla uno: El Consejo de Ministros estableció que Alejandro Gaviria no tiene que declararse impedido para tramitar la reforma a la salud. Porque, según Santos, los intereses de BanColombia no tienen nada que ver con Sura EPS, la esposa del ministro renunció –en fecha desconocida– a Fasecolda y es el Congreso el que define sobre la reforma. Llevaré el caso a la Procuraduría, para que a los colombianos no nos traten como a imbéciles.
Coletilla dos: de los 1.4 billones de pesos que le descuentan al magisterio para su sistema de salud, ¡el gobierno “desvía” para otros fines –¿o literalmente se roba?– 700 mil millones! Esto, que les provoca graves males a los maestros y que es un abuso desproporcionado, contiene una jugada retorcida en extremo: que los educadores odien su sistema –que funciona sin EPS y que otorga más derechos que el de los demás colombianos–, de manera que el gobierno pueda pasárselos a las EPS, posición que ya ha fijado la ministra de Educación.
