SANTOS, TIERRA Y LIBRE COMERCIO
Jorge Enrique Robledo
Estoy seguro de que debe restituírseles la tierra a los desplazados por la violencia. Pero también debe hablarse de la totalidad de la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, sobre la cual, con todo cálculo, se silencian aspectos fundamentales, a pesar de que ellos afectarán profundamente todo lo que a la postre decidan los parlamentarios santistas sobre la ley de restitución.
La ley de restitución tiene origen en un imperativo de la Corte Constitucional y en lo fundamental señala: 1. Solo se aplicará sobre predios de zonas del país donde el gobierno determine que hubo violencia generalizada. 2. Únicamente afectará tierras despojadas por actos reconocidos en los procesos de justicia y paz. 3. El desplazado que consiga la restitución de su finca podrá escoger entre recibirla o que el Estado se la compre mediante TES que podrá vender, inevitablemente a menos precio, en el mercado financiero. Si decide recibir la tierra, puede trabajarla, venderla o alquilarla. El gobierno ha dicho “que la gran mayoría de los desplazados (…) no desea retornar a sus lugares de origen”.
Si ocurriere el imposible de que toda la tierra arrebatada retornara a todos los despojados, el país, en cuanto a predios rurales, quedaría como en 1990, más los cambios que haya sufrido la estructura de propiedad rural que no modifique esta ley. No sobra recordar que 20 años atrás el mundo rural colombiano estaba bien lejos de ser un lugar deseable y que no hay cómo probar que a la par con la restitución desaparecerán los factores económicos y de violencia que propiciaron y precipitaron el despojo. La ley, además, no determina cómo se usarán las tierras que se restituyan ni lo que sucederá con las que pasen al Estado, aunque es obvio que estas últimas se entregarán a particulares, vendidas o en algún tipo de concesión.
La otra cara de la política de tierras de Santos está en su plan de gobierno. El punto 63 dice que fomentará “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias” y el 69 que quitará la “limitación burocrática” de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), unidad de área que prohíbe que el Estado titule sus tierras más allá de lo que necesite una familia campesina. Al explicar lo anterior, el ministro de Agricultura dijo en el Senado que la idea es usar el Incoder para no tener que cambiar la ley en que se fundamenta la UAF, de manera que las tierras públicas se entreguen, en la extensión que determinen y en usufructo, en las Zonas de Desarrollo Empresarial, donde también pondrán campesinos. Ante la Asobancaria hizo explícito que el desmonte de la UAF debía acompañarse de otras decisiones inspiradas en el modelo del Cerrao brasileño (que es de gran producción), como que las regalías se usen “para el financiamiento de grandes emprendimientos en el campo agropecuario”. Sobre que el capital extranjero busca quedarse con millones de hectáreas en la Orinoquia, Juan Camilo Restrepo dejó en claro que ello podía ser, entregándole tierras del Estado no en propiedad sino en usufructo.
Lo que el gobierno quiere se entiende mejor si se recuerda al uribismo, hoy el santismo, en Carimagua. Arias quiso entregarle las 17 mil hectáreas de la hacienda y con un arriendo bajo a un solo magnate, al tiempo que Uribe se lamentaba porque la UAF le prohibía montar fincas de “40, 45 mil hectáreas” en la altillanura, para lo que propuso que las tierras se entregaran en concesión y se llenaran con cultivos para agrocombustibles, los únicos que no tienen que competir en condiciones de libre comercio, por lo menos hasta hoy.
El Banco Mundial (2007) conecta los dos aspectos de la política de tierras de Santos: “Hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado”, por lo que debe facilitarse “la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse (…) por usuarios más eficientes” (para todas las fuentes: http://moir.org.co/files/pdf/DOCS.pdf). ¿Será casual que la ley de restitución busque ampliar el mercado formal de tierras, con la masiva titulación de predios del campesinado?
El tercer aspecto de la política agraria de Santos I también muestra que él es, aunque lo oculte, Uribe III: continuar con el neoliberalismo y concretar los TLC, políticas que agravarán el desastre agropecuario. Para relacionar tierras con libre comercio se basta y se sobra el líder indígena que explicó que las importaciones le impedían sembrar en su parcela algodón, sorgo y maíz, y que indignado concluyó: “Los indios no somos lombrices… No comemos tierra”.
Bogotá, 17 de septiembre de 2010.
EL DESTAPE DE SANTOS SOBRE LA PROPIEDAD RURAL
Jorge Enrique Robledo
Con tres artículos-mico en el Plan de Desarrollo (45, 46 y 47), Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo pretenden convertir en ley la idea de concentrar aún más la tierra rural, cambio que no se atrevieron a intentar Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.
En el debate de Carimagua se supo que Uribe y Arias preferían que las 17 mil hectáreas de esa hacienda de propiedad del Estado se entregaran a un gran inversionista y no a medio millar de familias campesinas, como fue el primer compromiso, querían que esos campesinos dos veces despojados se convirtieran en peones o en neoaparceros del monopolista afortunado, se quejaban porque la Ley 160 de 1994 no les permitía usar tierras públicas para montar latifundios privados “de 40, 45 mil hectáreas” y no se atrevían a proponerle al Congreso el cambio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) (http://www.moir.org.co/IMG/pdf/004.pdf).
La Ley 160 permite el acceso a la tierra de jornaleros y minifundistas dentro de los límites de la UAF, definida esta como la pequeña área que le permite vivir a una familia campesina y generar ahorros. También prohíbe entregarles los baldíos de la Nación a quienes sean propietarios rurales y determina que los baldíos adjudicados no podrán sumarse a otras tierras para convertirse en propiedades o sociedades mayores, condición que también tienen, durante 15 años, las tierras originadas en subsidios oficiales de reforma agraria.
El Plan de Desarrollo modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Para ello –y violando la Constitución– desmonta la limitación de la UAF y permite que se adjudiquen los baldíos de la Nación en cualquier área y a cualquier persona, terrateniente o banquero, nacional o extranjero. También autoriza que las propiedades originadas en adjudicaciones de baldíos o de reforma agraria puedan agregarse a otras para montar enormes negocios, todo dentro del objetivo del artículo 63 del programa de gobierno de Santos de promover “grandes explotaciones agropecuarias” y del compromiso de Restrepo en la Asociación Bancaria de montar en Colombia el modelo de la gran plantación brasileña. Como también ofrecieron Uribe y Arias en Carimagua, en este proyecto se “dará preferencia” a las “asociaciones” de los campesinos con los “grandes productores”. Allí donde ocurra, será la alianza del pájaro con el plátano maduro. Y se sabe que van por al menos siete millones de hectáreas en la Altillanura (Orinoquia), más las del resto del país. !La gran piñata!
Si con las normas actuales, que en algo controlan la concentración de la propiedad rural, Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos y tiene más del 30 por ciento de la población en el campo en la miseria, ¿cómo serán las cosas si Santos y el gran capital financiero se salen con la suya? Y esto, para peor, lo meten como un mico en el Plan de Desarrollo y no como una ley tramitada de cara al país, para no verse obligados a explicar por qué profundizan el sesgo anticampesino del agro, prefieren monopolistas a pequeños y medianos empresarios y que las tierras del Estado colombiano terminen en manos de extranjeros. De otra parte, ¿no son enormes los riegos de que esta ola de concentración de la tierra estimule la violencia que sigue campeando en la Colombia rural?
Aunque no se sepa, la ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la orientación del Banco Mundial para pasar las fincas a productores “más eficientes”, son parte del paquete de hacer del monopolio el rey del agro. Primero, porque usan la restitución para maquillarse y hacer que no se mire hacia su proyecto de feroz concentración de la propiedad rural. Y segundo, porque, como está planteada, la ley de víctimas deja en manos de Santos los aspectos claves del proyecto –incluida la posibilidad de burlarse del país– y en ella nada impide que las tierras restituidas las vuelvan a perder los desplazados y terminen agregadas a las “grandes explotaciones agropecuarias” que pretende imponer la cúpula del santo-uribismo o el uribo-santismo.
Este debería ser un gran debate nacional y no una maniobra palaciega orquestada por los mismos de siempre, que prosperan mientras el país se hunde todavía más. Si lo que pretenden como objetivo es repudiable, no lo es menos que la manguala santista, en el gobierno y fuera de este, impida la discusión pública sobre un asunto de importancia capital para el progreso del país y el bienestar del pueblo, cada vez más víctimas de la concepción neoliberal y plutocrática de las medidas económicas y sociales.
Bogotá, 18 de febrero de 2011.
NINGÚN PRESIDENTE DE LOS CAMPESINOS
Jorge Enrique Robledo
Sobre la restitución de tierras a las víctimas de la violencia de que trata la Ley 1448/11, Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo han llenado los medios de frases como “esfuerzo monumental”, “se está cambiando la faz del país”, “récord histórico”, “el Presidente de los campesinos” y “una verdadera revolución” agraria. Pero como a la gente hay que juzgarla por lo que hace y no por lo que dice de sí misma, toca mirar en detalle lo que ocurre. Cuatro son las principales políticas agrarias oficiales.
Primera. La meta del gobierno es la restitución de apenas 11 mil predios a diciembre de 2013, de manera que en sus últimos siete meses tendría el imposible de restituir 149 mil para cumplir con la promesa presidencial de 160 mil restituciones, de 350 mil familias desplazadas. Para frustrar aún más las esperanzas de las víctimas, el ministro de Agricultura dijo: “En restitución no es que haya una meta. Hay un deber de estudiar tantas solicitudes de restitución como se presenten”. Pero eso no es cierto porque, entre otras muchas pruebas, el Plan Nacional de Desarrollo (pág. 248, Tabla III-19) dice: “Metas por Estrategia… Proceso de restitución concluido… 160.000 familias restituidas”. Estas lamentables verdades se ignoran porque el gobierno se ha dado sus trazas para presentar como restituciones otras seis políticas que tienen que ver con tierra pero que no son restituciones a las víctimas de la violencia, como la titulación de baldíos, que se remonta a la Colonia. La falta de voluntad política de Santos para restituir en cifras responsables también la demuestra otro hecho: que en la reglamentación del artículo 78 de la ley se echó hacia atrás la inversión de la carga de la prueba, figura sin la cual los procesos se enredarán al máximo ( http://bit.ly/zp6qM4 ).
Segundo. Los TLC van a liquidar a los sectores agonizantes del agro (trigo, cebada, algodón y maíz) y van a arruinar o hacerles graves daños a otros (arroz, fríjol, leche y cárnicos, por ejemplo). También hay riesgos en azúcar y aceites y hasta en biocombustibles. Y la pobreza explica en mucho el desplazamiento y la concentración de la tierra. Por ejemplo, los campesinos de tierra fría perderán sus parcelas una vez les quiten la leche y las vacas, luego de que los sacaron del trigo y la cebada.
Tercero. Hasta este gobierno, la ley establecía que los baldíos del Estado solo podían entregárseles a pobres –jornaleros, casi siempre– para convertirlos en campesinos libres, porque había que demostrar que se carecía de cualquier propiedad rural y solo se otorgaban en pequeñas áreas de economía campesina –las UAF. Pero el Plan de Desarrollo consagró que se le podrán entregar a cualquiera –monopolio, trasnacional o banquero– y en cualquier tamaño.
Cuarto. Al explicar lo que pasará en Las Catas, una tierra que Santos dijo que “entregó” hace poco, el gerente del Incoder explicó que cada campesino solo tendrá poder sobre una pequeñísima parcela donde estará su casa y algo de pancoger y el resto de la finca se explotará “teniendo como aliados empresarios que aportarán su conocimiento (…) socios que compren los productos y los acompañen en la financiación”. “En el caso del cacao vamos a tener un aliado importante que es la Nacional de Chocolate”. Y a los campesinos les advirtió: “Se tienen que volver socios, tienen que aprender a convivir bajo unas reglas y el que no se adapte tiene que salir”. Es obvio que no serán campesinos señores y dueños de “sus” predios, sino una especie de aparceros, peones o arrendatarios del “socio”. El Modelo Carimagua. Y algo similar generará el artículo 99 de la ley 1448, que separa el derecho a la restitución del derecho al retorno, a regresar a la tierra “restituida”.
Como es evidente, ni Presidente de los campesinos ni revolución agraria; neoliberalismo puro y duro montado a punta de demagogia, que puede generar el mayor falso positivo de la historia de Colombia.
En el juego de usar la restitución para generar unanimismo, Santos no descuidó detalle. La Silla Vacía informó que “Al menos durante la fase inicial del gobierno, Gustavo Petro jugará un rol clave como líder político propositivo y confrontador a la política de tierras. ‘Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia. Eso nos permitirá generar consensos’, dijo Reyes (Alejandro) a La Silla. Reyes dijo que tanto Santos como Petro estaban satisfechos con este acuerdo” (Jul.15.10).
Bogotá, 17 de febrero de 2012.
