Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 20 de junio de 1998.
La gran Marcha Nacional Cafetera realizada el pasado 20 de mayo en Manizales confirmó el malestar que existe entre los productores por la gravedad de su situación y por la falta de políticas que los respalden.
En 1997 había 346 mil hectáreas de café con más de nueve años de sembradas y en los próximos cinco años cumplirán esa edad otras 278 mil hectáreas. A pesar de las condonaciones y de lo que se ha refinanciado, la deuda se viene complicando: los préstamos a los cafeteros vencidos en Bancafé llegan al 14.2 por ciento y los de Caja Agraria al 27.4 por ciento, indicadores bien malos si se sabe que la cartera a los caficultores con líos en Bancafé duplica a la del sistema financiero en su conjunto. Para completar, el actual precio interno oficial del grano no le garantiza una adecuada rentabilidad a más de la mitad de los cafetales del país, sin tener en cuenta que esa cotización se convirtió en un espejismo para los muchos que no logran producir la calidad superior.
Luego de nueve años de crisis, no se han ofrecido las medidas de fondo que requiere el problema estructural que se sufre y más si se recuerda que el alivio de las deudas hubo que sacarlo con tirabuzón. Los noventa pesos de subsidio por cada cafeto que se renueve podrán tener cierto atractivo para algunos productores, pero son obviamente insuficientes para casi todos. Y quince mil millones de pesos en créditos con intereses del 18 por ciento alcanzan para pocos, porque se trata de una oferta a 520 mil familias. Los restantes ya saben que los intereses están tan altos que se dio orden de cerrar los préstamos.
Pero mención aparte merece la nueva política del Bancafé para los propietarios de cafetales de menos de cinco hectáreas. De su lectura se deduce que lo que se busca es no prestarle a los cafeteros, o por lo menos a muchísimos de ellos. Para empezar señala que solo se les darán créditos a los que tengan “adecuada capacidad de pago”, que como se sabe son bien pocos. También excluye a los propietarios de cafetales que no estén en “zonas óptimas”, en una caficultura con roya y broca donde el 36.3 por ciento de los plantíos está por debajo de 1.400 metros. Asimismo exige que los agraciados lleven “control de costos”, cuando en el sector los analfabetos llegan al 19.2 por ciento y el 67.7 por ciento apenas hizo algún estudio primario. Y remata diciendo que los prestatarios deben “preferiblemente” habitar en sus fincas, medida que obviamente apunta contra los pequeños empresarios que viven en los pueblos de las zonas productoras.
Esta es una determinación típica de la etapa neoliberal, que ojalá se haya adoptado a espaldas de la cúpula de la Federación. Ante los problemas de los caficultores, la política consiste en proteger al prestamista, concentrar más el crédito y dejar que el grueso de los productores se salve como pueda. Pero lo más grave es que esto ocurre en “el banco de los cafeteros” y que las cifras muestran una tendencia que viene de atrás, porque hoy apenas el 8.6 por ciento del crédito del Bancafé se destina a los cultivadores del grano, en tanto que en 1985 ese porcentaje llegaba al 20 por ciento. Si se hace el ejercicio de dividir la totalidad del crédito del Bancafé a los caficultores -169 mil millones de pesos- entre todos los productores -566 mil-, da un promedio de 298 mil pesos por cabeza.
Coletilla: un mes después, los ministros de agricultura y de comercio exterior no han respondido la carta en la que se les preguntó si el acuerdo con el Mercosur podría incluir importaciones de café brasileño a Colombia.
